Por Omar Nava Barrera
Vivimos en un país que desde 2006 está abierta y declaradamente en guerra con grupos del crimen organizado, o por lo menos esa es la narrativa oficial. Esto es importante de recalcar pues en aquel año se vivía una fuerte coyuntura social y política; la represión en Atenco, en un marco de luchas en defensa del territorio en el país; la insurrección en Oaxaca encabezada por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y un fraude electoral a todas luces.
Bajo este panorama de descontento social, tensiones políticas e insurrecciones, pareciera lógico que lo que se necesitaba era “estabilidad” para la “gobernabilidad” de un gobierno usurpador y legitimidad de un Estado neoliberal que muy pronto se convirtió también en un Narcoestado. La militarización del país fue la salida más fácil y, a partir de ahí, la violencia – debido al reacomodo del crimen organizado mas no a su combate – se exacerbó y el tejido social se pudrió cada vez más. Sin duda las consecuencias son graves y quien paga somos las y los subalternizados, las y los trabajadores.
Y aunque la actual administración declare que los resultados para frenar la violencia son lentos, pues (con cierta razón) el tejido social y las instituciones están podridas por el neoliberalismo, la realidad es que vivir así ya es insostenible y el horizonte inmediato sigue siendo adverso. Ahora bien, bajo este panorama en el que se ha naturalizado la violencia y la descomposición social se sigue desbordando, el caldo de cultivo es el favorable para golpear e imponer intereses de grupos poderosos.
En este sentido, los escenarios de violencia exacerbada fungen como desestabilizadores en un país, es incluso un recurso político para imponer agendas. Porque es una realidad que los llamados gobiernos progresistas (en este caso de la región latinoamericana) obstaculizan ciertos intereses políticos, es decir, en el caso de México, estamos ante un conflicto de intereses, lo cual no quiere decir que sean visiones totalmente opuestas ya que quien nos gobierna no encabeza un gobierno de izquierda anti-capitalista, sino una izquierda centro que busca “conciliar” e incluso pactar con capitales muy poderosos como Bayer, Carso de Slim y continuar con políticas extractivistas y depredadoras.
Es decir, no es que estemos ante un gobierno totalmente opuesto al modelo capitalista, sin embargo, para los grupos hegemónicos es preferible el pastel completo y no sólo algunos pedazos. Estamos ante una guerra de agendas políticas, esa es una realidad y la derecha reaccionaria hará lo imposible, incluyendo acciones fascistas y terroristas, para recuperar el gobierno y la dirección del Estado y no digo que el poder pues ese económicamente ya lo tienen. En algún momento el ex mandatario de Ecuador, Rafael Correa, planteaba algo digno de reflexionar: ¿Cómo instaurar un gobierno verdaderamente al margen de los grandes capitales, sin extractivismos y libre de injerencias? ¿se puede un socialismo periférico? Los acontecimientos de violencia y terror que se han suscitado, casi de manera coordinada, en las últimas semanas en Baja California, Jalisco, Guanajuato y Chihuahua pareciera que tienen una línea clara, pues los medios convencionales han sido muy reiterativos y han hecho alarde de que estamos viviendo en un verdadero estado de ingobernabildad (como si en sexenios anteriores no fuese así), por lo cual necesitamos de otra visión de país y otras estrategias de gobierno. La pregunta es ¿qué proyecto y en qué estrategias están pensando? O ¿será que lo que quieren es que regrese la derecha sin importar el cómo?. Recordemos que los grupos delictivos históricamente han sido utilizados como grupos paramilitares para enquistar agendas políticas, por ejemplo el Estado en Colombia o en las injerencias de EEUU en medio oriente, por sólo poner algunos ejemplos.