Por Julieta Regina León Marín
Fuentes: https://cimacnoticias.com.mx
En el marco de la audiencia y sentencia de Keren Ordóñez, organizaciones civiles, sobrevivientes de tortura y familiares de mujeres privadas de la libertad en conjunto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) se posicionaron a las afueras del Poder Judicial de Tlaxcala para exigir justicia para Keren y sea otorgada su libertad.
Keren, está pronta a cumplir 10 años en prisión por un delito que no cometió, sujeta a cumplir una condena de 50 años por secuestro, mientas que las otras seis personas involucradas en el delito, todos hombres, se encuentran en libertad, incluyendo a su expareja, que hasta el momento se ha deslindado de su cargo como padre de su hija con Keren.
En respuesta a todas las inconsistencias en el caso en sumatoria a todas las violaciones a los derechos humanos de Keren, Centro Prodh en conjunto con otras organizaciones civiles y personas solidarias, se encuentran en resistencia abogando por su pronta liberación.
Como el caso de Keren, hay muchos; en los que las mujeres supuestamente participes de delitos poco graves son enjuiciadas de forma veraz y contundente por las autoridades capitalinas y del Estado, muchas de las veces obligadas por medio de torturas o amenazas a firmar declaraciones fabricadas.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, en nuestro país, mientras los hombres son detenidos después de los 30, las mujeres ingresan a centros penitenciarios entre sus 18 y 29 años de edad. Asimismo, 6 de cada 10, son madres de bebés o infancias. La mitad de este universo tiene de dos a tres hijas y/o hijos, como lo es el caso de Keren.
En materia de fabricación de delitos, aislamiento y violencia, el 64 por ciento de las mujeres privadas de su libertad, refirió haber sido agredida al interior del Ministerio Público. Asimismo, al 39.2 por ciento se le amenazó con levantarle con un delito falso y el 45.8 por ciento fue incomunicada y aislada.
De acuerdo con el informe Mujeres Privadas de Libertad en las Américas del 2022 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalaron que, a pesar de que las mujeres mayormente están detenidas por delitos no violentos o participación baja o casi nula, tienen más posibilidades de ser detenidas preventivamente que los hombres.
La situación de tortura, fabricación de delitos y nula perspectiva de género en los procesos penales es una realidad que ha preocupado, incluso, a nivel internacional con el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas que ha instado al Estado mexicano a atender esta emergencia pública.
A raíz de que el pasado 12 de noviembre el juez José Eduardo Morales Sánchez, titular del juzgado del Sistema Tradicional Penal y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, en Apizaco, Tlaxcala, sentenció a Keren a 50 años en prisión por un delito que no cometió, grupos en defensa de los Derechos Humanos han abogado por su liberación.
Tras lo acontecido, el juez fue señalado por no cumplir con un enfoque desde la perspectiva de género; al tratarse de una mujer joven, Keren fue ligada de forma inmediata por las autoridades como participante en el rol de “cuidadora” de las personas víctimas del secuestro, sin considerar que ella se encontraba en un contexto de desigualdad y sujeción.
Además de que se presentó evidencia que deslindaba a Keren como participante en el delito, se admitieron las pruebas que acreditaban la violación a sus derechos humanos y tortura desde el momento de su detención, aunada a la retención prolongada por parte de las autoridades de Tlaxcala, hechos ignorados por las mismas.
Actualmente Keren, su familia y abogados, se encuentran en respuesta del llamado que hicieron a la magistrada Mary Cruz Cortés Ornelas, esperando apele y resuelva la injusta sentencia en el caso de Keren, desde la perspectiva de género y conciencia social, protegiendo sus derechos humanos que en repetidas ocasiones han sido fracturados.
Caso Keren
Keren Selsy Ordóñez Hernández, era una joven veracruzana de 19 años que con complicaciones médicas acababa de tener a su primera hija en vísperas de lo acontecido, Keren, vivía en situación de carencia económica y ejercía como madre autónoma.
Keren fue detenida injustamente por autoridades de la Policía Federal y la Policía Ministerial de Tlaxcala, los cuales se presentaron vestidos de civiles el 11 de diciembre del año 2015, a un par de manzanas de su domicilio, en donde se encontraría con el padre de su hija para recibir un pago de manutención para la hija en común.
Mientras ella esperaba a las afueras del domicilio, patrullas rodearon el lugar deteniendo a su expareja, a otro hombre y a Keren con su bebé de apenas un mes de nacida, a pesar de no contar con una orden de aprehensión para ella y la niña a su cargo.
Al subirla a la patrulla sufrió de múltiples violaciones a sus derechos humanos, iniciando con su detención injustificada, a ello se sumó la violencia física y psicológica; después de arrebatarle a su hija, fue sometida a golpes, asfixia y múltiples amenazas en contra de ella y de la niña, pues los agentes argumentaban que al no estar registrada nadie se daría cuanta de su desaparición.
En calidad de detenidas, Keren y su bebé pasaron cuatro horas más en la fiscalía general de Veracruz, pasando desde su arresto 11 horas en total, incomunicadas y violentadas.
El motivo de la detención era una supuesta complicidad por parte de Keren en la ejecución de un secuestro al interior del domicilio de su expareja, que, en consecuencia, de no permitirle ejercer su derecho a asesoría legal, Keren fue obligada a firmar una declaración fabricada en la que aceptaba su participación en dicho secuestro como cuidadora de la víctima.
Después de dichas declaraciones, las autoridades ministeriales entregaron a su hija al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), negándole de nueva cuenta, su derecho al interés superior de la niñez por indisposición forzada de los padres, pues sus familiares no recibieron previo aviso; fue hasta casi dos semanas después que la madre de Keren pudo reclamar la custodia de su nieta.
Mientras que, de forma casi inmediata, Keren era expuesta mediáticamente como “secuestradora” violando, de nueva cuenta, su derecho a la presunción de inocencia, pues era exhibida con información privada como su nombre completo, fotografías y lugar de origen.
El 20 de noviembre de 2019, casi cuatro años después de su detención, Keren fue sentenciada por rapto con una pena de 50 años en prisión, por el Juzgado Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras en Apizaco, Tlaxcala.
Mientras que, ese mismo año su expareja fue liberada tras cumplir una condena de cinco años, saliendo mucho antes, debido a que era menor de edad al momento de la detención, deslindándose completamente de su labor como padre una vez puesto en libertad. Actualmente, de los 7 involucrados en el delito solo Keren se encuentra en prisión.
Tras solicitar un amparo para su caso, por injusticias en un delito que no cometió, el Tribunal Colegiado se lo concedió el 27 de septiembre de 2021, tras considerar la violación de derechos en su proceso penal.
También realizó una petición en Change.org dirigida al Juzgado del Sistema Tradicional Penal Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes para que deseche las pruebas ilícitas que se consiguieron a costa de la violación de derechos humanos de Keren.
Por lo que, Centro Prodh en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, acudieron a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en donde entregaron de forma oficial a Ana Buñuelos Meneses, magistrada presidenta, más de 15 mil firmas recolectadas en pro de Libertas y justicia para Keren Selsy Ordóñez Hernández.
En omisión de lo anterior, el pasado 12 de noviembre de 2024, el Juez José Eduardo Morales Sánchez, titular del juzgado del Sistema Tradicional Penal y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, en Apizaco, Tlaxcala, sentenció de nueva cuenta a Keren, con la primera condena de 2015 a 50 años en prisión por el delito de secuestro.
