Por Gonzalo Ortuño López
Fuentes: https://desinformemonos.org
La comunidad indígena de Santa María Ostula, localidad nahua del municipio de Aquila, en el estado de Michoacán, México, obtuvo el último 13 de febrero una victoria a medias en la defensa de su territorio. Por un lado, un tribunal reconoció violaciones a los derechos de esta población, pero por otro ordenó reiniciar el juicio agrario que por más de 20 años la ha sumergido en un clima de violencia contra comuneros y defensores.
El proceso ha sido largo para la comunidad de Ostula. En estos años, 42 de sus integrantes han sido asesinados y cinco más han desaparecido, de acuerdo con registros de la propia población y que han sido reconocidos ante la Federación Internacional por los Derechos Humanos. Además, enfrentan denuncian ataques, desplazamiento forzado y amenazas del crimen organizado, así como el acecho de la minería y proyectos turísticos.
El juicio agrario que deberán reiniciar comenzó en 2004, debido a una disputa con pequeños propietarios de la localidad vecina de La Placita –dentro del mismo municipio de Aquila–, así como con grupos criminales que les habían despojado de 1250 hectáreas de tierras.
Tras la resolución unánime del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, la comunidad de Santa María Ostula no ha emitido un posicionamiento oficial. Sin embargo, su defensa legal considera que el fallo es insuficiente para garantizar la autonomía de la población en su territorio.
Violación a los derechos de comunidades indígenas
El Tribunal Colegiado consideró que el juicio que enfrentaba Santa María Ostula contra pequeños propietarios había perjudicado a la comunidad, pues además de no considerar su derechos territoriales como población indígena, advirtió vicios durante todo el proceso.
La mayor irregularidad que hallaron los magistrados fue la intervención de un perito en el estudio topográfico de las propiedades, sin contar con estudios o especialidad y cuyas conclusiones se tomaron como válidas en una primera instancia.
“Se permitió la intervención de personas que no cuentan con cédula profesional, con especialidad en topografía. Se otorgó valor probatorio a los dictámenes emitidos por el perito tercero en discordia y se desestimaron los emitidos por el perito designado por la comunidad indígena”, sostuvo en sesión el magistrado Darío Carlos Contreras Dávila, quien propuso amparar a la comunidad de Ostula, sin resolver el caso de fondo.
Para Carlos González, abogado de la comunidad de Santa María Ostula, la decisión es clave porque implicaba la privación de miles de hectáreas a la comunidad sin ningún sustento. “Esto acredita el modo fraudulento en que se llevó a cabo el juicio. Para nosotros es muy grave esa situación porque es un juicio que duró 21 años. La comunidad tiene 42 comuneros asesinados y cinco desaparecidos”, señala.
Aunque la resolución no es la que esperaba la comunidad de Ostula, el defensor advierte que la población tiene también a su favor un antecedente emitido en noviembre de 2024 por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo, que invalidó un decreto presidencial de 1967 que dotaba de tierras a los pequeños propietarios sobre territorio indígena.
“Tenemos los dos antecedentes a favor, pero el que sienta un precedente histórico es el amparo que ganamos hace unos meses porque se deja sin efectos la resolución presidencial de un ejido –tierras comunitarias dotadas por el Gobierno– y esto es significativo porque se trata de un ejido mestizo que se forma sobre tierra de una comunidad indígena”, explica González a Mongabay Latam.
Mineras, empresas y crimen organizado, alrededor de Ostula
Santa María Ostula abarca un aproximado de 25 000 hectáreas de tierras que conectan ecosistemas diversos. Desde los bosques en zonas montañosas hasta la salida al Océano Pacífico.
La comunidad se ubica en una región de llanura costera, dentro de Aquila, el tercer municipio más extenso de Michoacán, que destaca por la explotación de yacimientos de hierro, zinc, cobre, oro y plata. Hasta 2024, todo el estado de Michoacán reportó 691 concesiones mineras por una extensión de 731 mil hectáreas, un 5 % del total a nivel nacional.
Ostula no solo está rodeada de estos recursos, sino también de la industria minera. De acuerdo con la Cartografía Minera del Servicio Geológico Mexicano, hay decenas de concesiones vigentes a mineras alrededor de la comunidad.
Al menos siete de ellas son explotadas por Ternium, principal productora de acero en América Latina, a través de la operadora Las Encinas, que extrae 4477 toneladas de hierro al año, de acuerdo con la propia empresa.
La compañía ha sido señalada de estar vinculada con la desaparición del abogado Ricardo Lagunes y el líder nahua Antonio Díaz, de la comunidad indígena de San Miguel Aquila (vecina de Santa María Ostula), luego de que los defensores lograron que se convocara a la elección de un nuevo comisariado que administrara las tierras comunales y que reclamaba a la minera acuerdos incumplidos. La empresa, que ha buscado la extensión de sus actividades en los municipios y comunidades aledañas, ha negado reiteradamente cualquier relación con los hechos.
En 2009, la comunidad decidió organizar su autodefensa en guardias comunitarias y recuperó un área conocida actualmente como San Diego Xayakalan, un paraje que corresponde a tierras ancestrales y que colinda con las tierras que han estado en juicio.
Desde entonces, Santa María Ostula ha sido objeto de agresiones. Una de las más violentas ocurrió en julio de 2024, donde presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacaron casas y escuelas de la localidad con armas de grueso calibre e incluso con drones y explosivos.
Meses antes, el defensor nahua Antonio Regis Nicolás y encargado del concejo comunal de Ostula, que hacía frente a las invasiones y despojos en la comunidad, fue asesinado cuando iba hacia su domicilio.
También 2023 fue sumamente violento para la comunidad. Ese año asesinaron a Lorenzo Froylán de la Cruz Ríos, Isaul Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano, integrantes de las guardias comunales de Santa María Ostula y Aquila mientras realizaban funciones de vigilancia.
Mongabay Latam consultó a autoridades de Michoacán para conocer si se emitirán medidas de seguridad adicionales en las comunidades de Aquila, tras la decisión judicial. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se tuvo respuesta.
Ante el reinicio de un juicio que puede durar años, el abogado de la comunidad de Ostula rescata que el amparo otorgado permitirá parcialmente a la comunidad defenderse de proyectos mineros o turísticos que buscan asentarse en la región.
En esto también coincide la académica y consultora Carla Escoffié, quien señala que además de corregir las deficiencias en el juicio previo, se activa la posibilidad de que la comunidad pueda protegerse ante otros intereses.
“Protege y no protege en el sentido de que sí es buena noticia que lo ganaron, pero no quiere decir que ya esté del todo asegurado. Es una victoria, en tanto que les permite tener más espacio para defenderse mejor, para poder hacer valer sus derechos y pruebas en el juicio”, sostiene.
La especialista también advierte que un nuevo juicio no será “algo que va a resolverse en un año” y la definición del caso dependerá de cuántas deficiencias vuelvan a presentarse en el proceso.
Publicado originalmente en Mongabay Latam
