Por Lorena Cano*
Fuentes: https://desinformemonos.org
A medida que 2024 llega a su fin, es importante recordar la urgencia de garantizar el acceso a la justicia para las mujeres y las niñas migrantes. Este año, nuevamente el Estado mexicano continuó con su política migratoria de contención, desgaste y criminalización, mientras las organizaciones de la sociedad civil seguimos tomando acciones jurídicas, de incidencia y comunicación por políticas públicas de protección.
Las mujeres y la niñez migrante son dos de las poblaciones en mayores condiciones de vulnerabilidad, exacerbada por la violencia, la discriminación, la falta de acceso a derechos básicos y el acceso a la justicia. México es parte de las dos rutas migratorias más peligrosas de América Latina y el Caribe, junto con la selva del Darién. Aunque la violencia contra las personas migrantes no es nueva, los últimos seis años han sido especialmente desoladores para quienes transitan por territorio mexicano. Datos de Human Rights First señalan que el 50% de las personas migrantes en el país han sido víctimas de delitos, siendo las mujeres, niñas, niños y adolescentes las más vulnerables a estas violencias. El acceso a la justicia es casi inexistente. Los niveles de corrupción e impunidad del 98% son tan altos que las personas migrantes no tienen incentivos para denunciar, y cuando lo hacen, las denuncias rara vez avanzan.
A lo largo del año, México siguió recibiendo cantidades importantes de personas en movilidad, provienen de países Centroamericanos, Haití, Venezuela, Cuba y otras naciones que atraviesan situaciones de crisis política, económica y social. Entre enero y agosto de 2024, la Secretaría de Gobernación documentó 925,085 eventos de detención migratoria, 32 % de mujeres y 12% de niñas, niños y adolescentes. Mientras que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) reportó más de 73 mil solicitudes de asilo, el 44% de mujeres, quienes buscan la protección que no han encontrado en su país de origen. Al llegar a México, la mayoría se encuentra con el crimen organizado, autoridades corruptas e impunidad que las coloca en situaciones de revictimización.
La política migratoria del gobierno mexicano, que ha estado bajo la sombra de la externalización de las fronteras estadounidenses, ha dejado a muchas mujeres, niñas y niños en un limbo de incertidumbre. Mientras que la Ley de Migración sigue siendo un marco legal que, en teoría, debería garantizar la protección de las personas migrantes, en el terreno, las mujeres y la niñez migrante continúan enfrentando violencia de género, abusos, discriminación y una violencia generalizada que no encuentra respuestas efectivas de las autoridades.
El principal reto sigue siendo la violencia de género. Las mujeres migrantes son especialmente vulnerables durante su travesía, no solo a los abusos de traficantes, policías, agentes migratorios y elementos de la Guardia Nacional, sino también a la indiferencia institucional. Muchas niñas y niños son separados de sus familias durante su tránsito. Aunque existe un cambio importante a nivel legislativo para la protección y no detención de la niñez y la adolescencia migrante, las medidas que las autoridades han tomado son insuficientes y la respuesta automática ha sido el retorno a sus países de origen, exponiéndoles a los peligros de los que intentaron escapar.
Las revisiones migratorias en carretera continúan pese a haber sido declaradas inconstitucionales desde mayo de 2022; el Instituto Nacional de Migración (INM) continúo en la impunidad haciendo caso omiso a varias de las resoluciones de jueces federales, de la Suprema Corte de Justicia de Nación y de la legislación migratoria en detrimento de la protección de las personas migrantes; incluso, la semana pasada, el juez Décimo Primero de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México apercibió al Comisionado, Francisco Garduño, y a los directores de todas las estaciones migratorias del país, a la imposición de multa y hasta separación de su cargo y consignación ante juez penal por el delito de incumplimiento de una sentencia -aun si dejan sus cargos, seguirán siendo responsables por ese incumplimiento, al desacatar la sentencia dictada en el amparo 426/2020 que ordena a las autoridades a realizar acciones para la protección de la salud de personas en detención migratoria; y casos emblemáticos siguieron sin justicia.
En materia de acceso a la justicia, el caso de la niña guatemalteca de 10 años que murió por negligencia médica mientras se encontraba bajo custodia del INM, en mayo de 2019. A pesar de la gravedad de los hechos, el caso sigue sin avanzar en el proceso penal, y la madre y el padre llevan más de cinco años luchando contra la burocracia y la opacidad del sistema de justicia mexicano. Como representantes legales de la familia buscamos que se sancione a los responsables de la muerte de la niña. El médico responsable de la muerte sigue ejerciendo su profesión con total impunidad, mientras ofrece a la madre de la víctima una compensación de 50,000 pesos como reparación del daño y con ello busca llevar a cabo un procedimiento abreviado, y que se concluya el proceso.
Otro caso, es el de Victoria Salazar, una mujer salvadoreña que en marzo de 2021 fue víctima de feminicidio a manos de policías municipales de Tulum, Quintana Roo, quienes ejercieron uso excesivo de la fuerza pública. Las hijas de Victoria, aún menores de edad cuando su madre fue asesinada, viven ahora con su abuela en El Salvador, esperando que se haga justicia. Hace unos días, el Tercer Tribunal Colegiado de Cancún decidió reponer el procedimiento para reclasificar el delito, luego de que dos de los cuatro policías acusados del feminicidio promovieron un amparo. Además, el juez de control, Fernando León Chávez, decidió modificar la medida de prisión preventiva oficiosa para tres de los cuatro implicados, cambiándola por firmas quincenales y arraigo domiciliario y laboral, sin que las condiciones del caso hayan variado.
Aunque desde el IMUMI no apoyamos la prisión preventiva oficiosa, esta decisión particular afecta el acceso a la justicia de las víctimas, en especial de las mujeres migrantes y refugiadas, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Esta medida refleja la falta de sensibilidad y compromiso, por parte de las autoridades mexicanas, para garantizar los derechos fundamentales de las mujeres migrantes, quienes ya de por sí enfrentan un contexto de violencia y exclusión.
Para las 15 mujeres sobrevivientes al incendio de la estancia migratoria de Ciudad Juárez en marzo de 2023, el panorama no es mejor. Siguen sin ser reconocidas como víctimas; y la justicia para las familias de los migrantes fallecidos y los 27 hombres sobrevivientes aún no llega. El responsable a nivel institucional, Francisco Garduño, sigue su proceso en libertad y nunca fue suspendido de sus funciones. Por el contrario, ha intentado, en por lo menos dos ocasiones, abreviar el proceso y brindar una reparación monetaria por las afectaciones del inmueble. Como representantes legales de algunas familias y sobrevivientes, no hemos permitido que eso pasé.
Estas son sólo pequeñas fotografías de lo que 2024 significó para las mujeres migrantes en el acceso a la justicia. El desafío sigue siendo la creación de un sistema migratorio que no solo sea más humano, sino que realmente contemple a las mujeres y la niñez como sujetos de derecho y no como una carga o un problema que se resuelve con medidas punitivas o temporales.
El 2025 debe ser el año en que México, en colaboración con la comunidad internacional, fortalezca las políticas de protección, no solo con leyes, sino con medidas concretas que garanticen la seguridad, el acceso a servicios de salud, educación y justicia para las mujeres y la niñez migrante. El Estado debe asumir su responsabilidad de proteger a las personas más vulnerables, garantizando que su paso por el país no sea un camino de sufrimiento, sino una oportunidad para reconstruir sus vidas en un entorno seguro y digno.
*Coordinadora de la clínica jurídica, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI)
