Por Arantza Díaz
Fuentes: https://cimacnoticias.com.mx
Ciudad de México.- Keren Ordoñez ha cumplido un total de 9 años privada de su libertad a causa de la fabricación de un delito, ahora tras un largo proceso luchando por la libertad, un juez de Tlaxcala -quien tenía el poder de echar para atrás el proceso penal que ha librado casi, una década-. ha determinado la imputación de 50 años de prisión, encontrando culpable a Keren, mientras que su expareja y cómplices, verdaderos responsables del delito de secuestro, se encuentran en libertad y sin ninguna carpeta investigación abierta.
Keren es sobreviviente de tortura y brutalidad policial, luego de que, a la edad de 19 años, a unas semanas de haber dado a luz a su hija, fue detenida mientras esperaba a su expareja quien había prometido darle dinero para su hija. Cuerpo policial detuvo a Keren junto a su bebé, a su expareja -quien ya fue puesto en libertad hace un par de años- y a otros dos hombres que se encontraban al interior de la casa.
Al interior de la patrulla, Keren fue asfixiada con una bolsa de plástico y amenazada con hacer daño a su hija. Keren y su hija fueron llevadas finalmente a la Fiscalía General de Veracruz, ahí, se levantó un reporte donde se lee: «Niña de un mes de edad. Calidad: Detenida».
Keren y su hija estuvieron incomunicadas durante 12 horas, en ese proceso, ella fue golpeada y asfixiada de manera reiterada, mientras que su hija fue puesta a disposición del DIF con el objetivo de darla en adopción, todo, sin dar aviso a ningún familiar sobre el arrebato de la menor; Keren era amenazada señalando que, como su hija no tenía papeles, sería muy fácil quitársela.
Durante el interrogatorio, se le cuestionó sobre su participación en un secuestro que había acontecido poco tiempo atrás; Keren Ordoñez, declaró que nunca había visto a esa persona y rechazó saber de qué se trataba, al no obtener la declaración que se buscaba, las autoridades tlaxcaltecas comenzaron a torturarla y amenazarla con hacerle algo a su hija. En calidad de detenida, Keren fue forzada a firmar una declaración falsa donde reconocía su participación en el secuestro.
Ahora, el Juez José Eduardo Morales Sánchez, titular del juzgado del Sistema Tradicional Penal y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, en Apizaco , Tlaxcala ha decidido validar las pruebas ilícitas obtenidas mediante este proceso de tortura y condenar a Keren como responsable, todo ello, a pesar de tener documentos que acreditan la tortura y retención prolongada por parte de los elementos de seguridad.
En respuesta, el Centro Prodh, quienes acompañan el caso, denuncian que el juez incumplió con su deber de juzgar con perspectiva de género al utilizar pruebas ilícitas y estereotipos para reprochar a Keren el actuar indebido de su pareja, a pesar de contar con evidencia suficiente para probar que Keren no participó en el delito y que se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad al momento de su detención por la reciente cesárea y etapa de puerperio y lactancia en la que se encontraba, así como la presencia de su bebé de 30 días de nacida que durante más de 9 horas estuvo en calidad de detenida siendo utilizada para obtener de Keren una declaración incriminatoria.
Otro punto fundamental -y que fue ignorado por el juez-, es que la sentencia condenatoria en contra de Keren no respondió a las demandas de la víctima de secuestro, pues en estos 9 años, nunca participó en digilencia alguna para reconocerla y tampoco ratificó ninguna denuncia en contra de Keren.
Como parte de esta contra respuesta, la defensa particular de Keren presentará el recurso de apelación para impugnar la sentencia, esperando que, se logre revertir la gravosa condena que pretende que Keren permanezca 50 años más privada de su libertad y alejada de su hija. De ello, resulta urgente que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado de Tlaxcala intervenga en el caso, dando seguimiento y reconociendo las practicas violatorias que se han cometido en el caso de Keren; Centro Prodh está en busca de entablar conexión con la presidenta magistrada.
Asimismo, el llamado a la gobernadora de Tlaxcala Lorena Cuéllar Cisneros y a la titular del Poder Judicial se mantiene abierto, especialmente, si se recuerda que el discurso: «Tiempo de mujeres» se ha mantenido de manera reiterada; el tiempo de mujeres pertenece también a las mujeres que han sido privadas de su libertad y que, con urgencia, requieren de una justicia feminista que abandone la revictimización, la ginopia y el punitivismo.
Un asunto sistémico: Mujeres privadas de su libertad
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, en nuestro país, mientras los hombres son detenidos después de los 30, las mujeres ingresan a centros penitenciarios entre sus 18 y 29 años de edad. Asimismo, 6 de cada 10, son madres de bebés o infancias. La mitad de este universo tiene de dos a tres hijas o hijos.
En materia de fabricación de delitos, aislamiento y violencia, el 64% refirió haber sido agredida al interior del Ministerio Público. Asimismo, al 39.2% se le amenazó con levantarle con un delito falso y el 45.8% fue incomunicada y aislada.
Nashieli Ramírez Hernández de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) recuerda que hasta 2022, había más de 226 mil personas privadas de la libertad en centros penitenciarios, federales y estatales, de las que 12 mil 156 personas (5.6%) eran mujeres.
Asimismo, a nivel nacional, el 42.2% de los hombres privados de libertad se encuentran en prisión preventiva mientras que en el caso de las mujeres el porcentaje asciende a 52.6%. La diferencia por estado es aún más grande.
Esto último, secundado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes en su informe Mujeres Privadas de Libertad en las Américas del 2022, señalaron que, a pesar de que las mujeres mayormente están detenidas por delitos no violentos o participación baja -e incluso nula-, tienen más probabilidades de ser detenidas preventivamente que los hombres
La situación de tortura, fabricación de delitos y una nula perspectiva de género en los procesos penales es una realidad que ha preocupado, incluso, a nivel internacional con el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas que ha instado al Estado mexicano a atender esta emergencia pública.
Y es que, hay que referir que el caso de Keren Ordoñez no es único, sino una tendencia que expone los fallos sistémicos y estructurales en contra de las mujeres, tal como pasó con el caso de Sanjuana Maldonado imputada por un falso delito de secuestro o incluso, el actual caso de Florencia Jovita, mujer indígena mixteca que este año cumplirá una década en prisión.
Jovita dedicaba su tiempo a cuidar de su nieto de 11 años por lo que dejó su trabajo de limpieza doméstica que ejercía en Valle de Chalco. Hasta que, durante la madrugada del 2 de octubre del 2014, un grupo de hombres encapuchados irrumpieron en su hogar; no se identificaron, ni explicaron qué hacían en el domicilio donde dormían Jovita y su nieto.
Al intentar mediar palabra, los elementos la tiraron al suelo, la golpearon. Al niño, los elementos lo levantaron sosteniéndolo del cabello, lo insultaban y golpeaban con fuerza en el cuerpo.
Tras varios minutos de golpes, Jovita fue sacada del domicilio. Afuera, había movimiento y bullicio de personas; no entendía qué sucedía, ni quiénes eran esas personas.
Fue encerrada en un cuarto vecino y ahí, estos hombres, pertenecientes a la policía municipal y regional de Valle de Chalco, reanudaron la tortura física y psicológica. Estas lesiones fueron verificadas por peritas oficiales de la procuraduría de medicina forense, asimismo, peritos de fotografía forense realizaron impresiones del cuerpo de Jovita para corroborar su versión.
A pesar de la brutalidad policíaca y de un proceso de revictimización constante por parte de las autoridades del estado de México, el proceso de Jovita no se detuvo, por el contrario, se aceleró. De forma consecuente, se le imputaron los delitos de secuestro y delincuencia organizada bajo el índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México.
Ahora, Jovita, al igual que Keren, llevan un proceso penal de prácticamente una década; Keren con una sentencia desfavorable y Jovita, en la incertidumbre de un proceso congelado y privada de su libertad.
Como Keren y Florencia Jovita, hay 90 mil personas bajo «proceso», es decir, no han recibido sentencia y el 50% de estas personas están sujetas a la detención preventiva, la mayoría prolongada, es decir, que por más de 5 años su caso permanece «en pausa»; sin sentencia y sin posibilidad de hacer algo al respecto, mientras, están detenidas y atravesadas por los estragos del punitivismo mexicano, de acuerdo con el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
