Por Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Fuentes: https://www.tlachinollan.org
Cada semana registramos hechos de sangre que nos desquician, tanto por el número de víctimas que se incrementa diariamente como por el sadismo de los crímenes que se cometen. Lo que se busca es causar el mayor daño posible y la malévola intención es dejar los rastros funestos de la barbarie cometida. Ya no hay limites ni espacios seguros. En todas partes hay peligros y en los lugares menos pensados ocurren hechos deleznables.
No hay temor para descargar la metralla y cometer asesinatos a unos pasos de las instalaciones militares, de la guardia nacional o de la policía del estado. Se abandonan bolsas con cuerpos desmembrados en las aceras de la fiscalía. La expansión del crimen llega hasta que se topan con otro grupo que tiene el control territorial. Son los mismos grupos delincuenciales los que se ponen límites y no las instituciones del estado.
El poder de fuego de la delincuencia los lleva a desafiar a los cuerpos de seguridad. Su armamento es sofisticado y están mejor apertrechados. Tienen múltiples contactos para abastecerse de armas desde Estados Unidos. Cuentan con propiedades en lugares estratégicos que funcionan como centro de operaciones. Han recurrido al reclutamiento de jóvenes para expandir su dominio y contar con reserva humana para sus incursiones armadas. El objetivo es desplazar al grupo que ostenta la plaza. Los jóvenes son carne de cañón que desechan sin que haya consecuencias jurídicas ni acciones contundentes que contengan esta violencia irrefrenable.
Las empresas criminales son negocios muy redituables porque han sabido incursionar en varios giros comerciales donde blanquean su dinero con empresas bien consolidadas. Esto solo es factible en estados donde impera la corrupción, donde la ley no se aplica y la justicia es una mercancía que genera grandes dividendos. Funciona donde el poder se maneja de manera facciosa y donde el compadrazgo político sirve para hacer componendas mafiosas y para amarar negocios y cargos públicos. Es un buen picaporte para estar dentro del círculo de las empresas proveedoras del gobierno. Estos territorios son fértiles para establecer pactos con los grupos delincuenciales. No hay una línea divisoria que separe las actividades legales y lícitas de las acciones delincuenciales. Se trata de un entramado delincuencial en un estado poroso que permite que los negocios crezcan vertiginosamente con la inyección de dinero público.
El debilitamiento de las instituciones públicas ha propiciado el desbordamiento del crimen organizado que se ha colocado en los centros turísticos, en las principales ciudades, en las cabeceras municipales y en las comunidades rurales. Aparece como el monstruo de mil cabezas, como el poder fáctico que se ha instalado dentro de la administración pública. Ha adquirido carta de naturalización dejando a una población en total abandono. Los faccionalismos políticos y la polarización social ha fragmentado y confrontado a la población. Ha mermado su fuerza para afrontar con determinación este mal, que está dañando los tejidos de una sociedad que se ha quedado impávida.
Lo que prolifera ahora son las historias del horror, las lamentaciones y la parálisis social. Hemos cruzado el umbral de la legalidad para entrar al caos del salvajismo. En este pasaje todo es permisible, predomina el sentido de sobrevivencia, el destino fatalista y el “sálvese quien pueda”. Las mismas autoridades se han replegado, hay algunos casos que han llegado al extremo de renunciar a sus cargos. No sienten que haya garantías para desempeñar con seguridad sus funciones. Hay autoridades municipales que no han encontrado otra salida que recomendar a la población de que no salga de su casa para evitar hechos lamentables. La violencia galopante rompe con la convivencia pacífica y trunca proyectos de vida. Nos hunde como sociedad en el pantano del infortunio.
Hemos perdido el respeto a la vida, que es lo más sagrado que tenemos como especie humana. La función principal de un estado es ser garante del orden, tiene el monopolio de la violencia para asegurar que el estado de derecho impere y para salvaguardar los derechos fundamentales de la población. No hay otra razón de ser de un gobierno democrática que proteger a sus ciudadanos y ciudadanas. La autoridad no tiene sentido sino cumple con el mandato constitucional de cumplir la ley, aplicar la justicia, garantizar los derechos y las libertades, así como atender con presteza las demandas más sentidas de la población.
En el estado hay un sentimiento de orfandad, la población se siente inerme y lo más desesperante es que no encuentra interlocución. Existe un distanciamiento mayor con la población que protesta y que se expresa en las calles. Las protestas son recurrentes porque no se canalizan las demandas y se postergan los problemas. Se ha descuidado a los sectores más vulnerados que están a la espera de alguna acción que les favorezca. En las regiones empobrecidas hay mucha población invisibilizada que no se les toma en cuenta para revertir los rezagos sociales que por generaciones han padecido.
Se han cruzados realidades dolorosas; la violencia galopante de los grupos de la delincuencia que están causando muchas muertes y la precariedad económica de la población damnificada que no está siendo atendida y que se encuentra desesperada porque no tiene ingresos seguros para ir al día con su familia. Los comunidades indígenas y afromexicanas padecen el doble flagelo: la violencia y la pobreza. Lo graves es que la ayuda no llega y nadie sabe a quién le llegara ni cuándo llegara. El hermetismo y la cerrazón de las autoridades ha exasperado a amplios sectores de la población. Los presidentes municipales se desentienden de los damnificados con el argumento de que apenas han tomado las riendas del municipio y que no hay dinero en las arcas del municipio.
A nivel estatal no hay una instancia que coordine y que atienda la multiplicidad de demandas para canalizar a las instituciones correspondientes. No se destinan recursos para tender lo urgente a familias sumamente desamparadas, ni siquiera despensa o maíz están dispuestos a distribuir. Han dejado que el gobierno federal se encargue de distribuir los recursos que anunció la presidenta de la república, sin embargo, la población damnificada tiene diversas demandas que requieren intervenciones de otra índole, como los prestadore de servicios turísticos, los pescadores, los vendedores ambulantes, los colonos de las periferias, las familias que perdieron sus cosechas y que tienen que migrar para tener un ingreso que les permita comprar maíz, las madres solteras, las víctimas de la violencia, los jóvenes que no tienen trabajo y que no tienen recursos para estudiar en la ciudad. Todos ellos y ellas tendrán que esperar los resultados de los censos. Muchos no están seguros que alcancen algún beneficio. Su mayor angustia es que no encuentran alternativas para salir de este desastre.
Las víctimas de la violencia sufren su propio calvario. El caso de las 34 personas asesinadas en Tecpan de Galeana con motivo de la irrupción armada del grupo delincuencial GNG nos muestra la proliferación de grupos que han reclutado a personas extranjeras para involucrarlas en acciones delincuenciales. Las disputas territoriales son más sangrientas por el número de personas asesinadas y heridas. En ese contexto de confrontación se recrudece más la violencia porque se trata de destruir a los enemigos. Son bombas de tiempo que pueden desencadenar más acciones violentas porque los grupos delincuenciales están parapetados esperando el momento más apropiado para accionar sus armas. Las autoridades civiles han quedado al margen y ahora lo que impera son los actores armados del estado y de la delincuencia. En estas circunstancias por la via de los hechos impera el estado de excepción y las víctimas de la violencia se incrementará.
El caso de las 17 personas que desaparecieron en la comunidad del Epazote, municipio de Chilapa ha causado desconcierto por la inacción de las instituciones del estado. Las familias desesperadas se arriesgaron a salir con la esperanza de encontrarlos y desafortunadamente también fueron desaparecidos. Han pasado 12 días sin que las autoridades del estado den con su paradero. Hasta el momento permanecen activas 14 fichas de búsqueda de la fiscalía general del estado, la última ficha fue de Ángel Barrera Millán. Hay cuatro menores, dos mujeres y ocho hombres.
El 31 de octubre la fiscalía publicó en su página de Facebook que habían realizado acciones de búsqueda de 10 personas en las comunidades cercanas al Epazote, como Santa Fe, Loma Larga, Colotlipa y Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango. Las actividades de búsqueda se llevaron a cabo en coordinación con la policía investigadora ministerial, ejército mexicano, guardia nacional, policía estatal y la CEBP, sin resultados favorables.
Movidos por la desesperación el primero de noviembre más de 50 familiares, llegaron en un camión de volteo y camionetas de redilas para bloquear el paso en el bulevar René Juárez Cisneros, a la altura de la fiscalía para exigir que redoblen los esfuerzos de búsqueda. Señalaron que no era la primera vez que sus familiares iban a vender su mercancía en la comunidad de El Epazote. Cuatro mujeres permanecieron en el bloqueo denunciando que “son 17 los ciudadanos que nos faltan. Vivos se fueron y vivos los queremos”. Le exigimos a la gobernadora su apoyo para encontrarlos; “queremos a nuestros familiares con vida”. Ante la violencia irrefrenable la población se agita ante tanta desolación e indolencia gubernamental.
Foto: Oscar Guerrero
