Por Omar Navarrera
La recién aprobada por mayoría calificada reforma constitucional al poder judicial es un retroceso a la democracia ya que le quita “autonomía” al poder judicial y la subordina a los otros poderes, eso afirma la derecha mexicana como discurso panfletario al unísono.
Sabemos que la élite conservadora habla de libertades cuando ve amenazados sus privilegios o “defiende” la autonomía cuando deja de tener el control total.
Ya es de todos sabido el escándalo que provocó el anuncio de dicha reforma por parte de López Obrador en la mañanera. Los jueces y magistrados se colocaron en una posición de víctimas y poco les faltó para autonombrarse perseguidos políticos (sino es que lo hicieron). La realidad es que México es y ha sido el país de la impunidad y el nepotismo, la injusticia nació en el momento mismo que se consolido como Estado nación, pues siempre arrastró y avivó la herida colonial.
Ahora se propone una supuesta solución de raíz a la injusticia histórica de este país por medio de una reforma constitucional que asegura, como una de sus primeras propuestas, desaparecer los privilegiados de jueces y magistrados multimillonarios e incentivando a elecciones populares.
Empero, ¿la reforma de verdad atentará contra los privilegios de clase de un puñado de millonarios de la élite? ¿Habrá una verdadera justicia para los históricamente oprimidos?¿Es un retroceso o una justicia democrática? Lo que es seguro es que Morena ha vendido esperanzas a un pueblo con sed de dignidad, ha sabido capitalizar la ilusión y la expectativa, mientras sus filas se ensanchan de ex priístas e incluso panistas que casi por arte de magia “dejaron el nepotismo”.
Mucho se dice que ahora los jueces serán votados por el pueblo, pero vivimos en un país con una supuesta democracia delegativa donde el pueblo vota por representantes que muy pocas veces conoce. Votar implica no sólo conocer al sujeto votado, sino la trayectoria y la propuesta. La idea es incentivar una democracia participativa en la que el pueblo sea sujeto y no objeto de política. Sin embargo, por un lado, se propone una reforma que propone contrarrestar las injusticias, pero por otro se nombra a Mario Delgado como secretario de educación pública, un traidor del magisterio por ser parte del “Pacto por México y la reforma educativa” propuesta de la derecha en el poder que buscaba criminalizar al magisterio y privatizar la educación. Considero que falta mucho para que las propuestas morenistas sean radicalmente transformadoras pues para eso se necesita una izquierda anticapitalista y no una que invisibilice las autonomías de los pueblos indígenas y los asesinatos de defensores del territorio. La justicia se trabaja desde las bases.
