Por Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Fuentes: https://www.tlachinollan.org
La ciudad de Taxco volvió aparecer en las noticias nacionales por la cloaca que brotó dentro de las direcciones de seguridad pública y de tránsito municipal. El problema de la criminalidad que desde hace años se expande en el municipio hunde sus raíces en la presidencia municipal. Hay un gran número de hechos violentos que laceran la vida de sus habitantes: asesinatos, desapariciones, atentados, secuestros, extorsiones y hasta linchamientos, sin que las fiscalías investiguen a fondo el involucramiento de funcionarios municipales y su colusión con el crimen organizado.
La descomposición de las instituciones era tan evidente para la gente de a pie comprendió que el pacto para delinquir era con el consentimiento de autoridades del estado y de la federación. Por eso, las víctimas y la sociedad en general prefirieron padecer en silencio este flagelo. Lo incomprensible sigue siendo la inacción de las fuerzas del orden, que a pesar de contar con información sobre cómo opera el crimen organizado y cómo teje sus alianzas con agentes municipales; de tener a su disposición el equipamiento suficiente y contar con el número de efectivos necesarios para implementar acciones que hagan valer el estado de derecho, dejaron que la ciudad y sus comunidades se desquiciaran.
La región de Taxco forma parte del corredor turístico de la zona norte, controlado por grupos del crimen organizado, que va de Iguala al estado de México. Las ciudades de los metales preciosos están ahora en disputa. Los lugares turísticos son enclaves de la delincuencia. El transporte público es parte de un conflicto permanente. No hay negocio que esté libre de algún requerimiento. La población, a base de amenazas y atracos, la sometieron para que pague cuotas a quien tiene el mando de facto.
El lunes 2 de septiembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) publicó en un boletín de prensa, que el 28 de agosto había realizado un operativo conjunto (con policía del estado, policía ministerial, guardia nacional y ejército) en la dirección de seguridad pública, protección civil y tránsito del municipio de Taxco. En la irrupción que hicieron detuvieron a 4 agentes policiacos en activo acusados de secuestro agravado y 6 elementos más como presuntos responsables de desaparición forzada. Se informó que para evitar que se filtrara alguna información, las autoridades municipales no fueron notificadas del operativo que implementaron en las instalaciones de seguridad, donde encontraron una persona que estaba secuestrada. En ese instante detuvieron a 3 policías: Florentino, Marino y Yolanda, el cuarto elemento fue detenido posteriormente en la comunidad de Cacalotenango.
La Fiscalía del Estado investiga a los 10 policías por varios delitos que se han registrado en los últimos meses en la ciudad de Taxco, entre ellos las desapariciones de 5 jóvenes. Ante este involucramiento de los agentes municipales en actos delictivos, el gobierno del estado asumió el control de la seguridad desde el 31 de agosto. El entramado delincuencial tiene que desmenuzarse porque hay muchos hilos que involucran a funcionarios municipales que tienen que ver con secuestros, desapariciones y desaparición de personas.
El sábado 31 de agosto la Fiscalía del Estado informó a la esposa y hermanos del periodista y comerciante de plata, Enrique Hernández Avilez, que había sido hallado en una fosa clandestina en la comunidad de Espejo Potrero, municipio de Taxco. Enrique fue detenido el 18 de junio, por agentes de tránsito, cuando circulaba con su vehículo Seat por la avenida Los Plateros. Al lugar llegaron policías municipales, que sin causa justificada se lo llevaron detenido. En ese mismo día, su esposa Alejandra, acudió a la comandancia municipal para preguntar por su esposo. Los policías acostumbrados a negar información a la gente que la solicita, comentaron que a nadie tenían detenido. En la dirección de tránsito la señora Alejandra recibió la misma información; no había registro del aseguramiento de su vehículo. En esa misma tarde borraron todas las evidencias de su detención y del registro del coche.
También acudió al corralón para saber si ahí se encontraba el carro. Su sorpresa fue cuando le informaron que dos jóvenes habían acudido a recogerlo. El encargado del corralón no tenía los nombres de las personas que se lo llevaron. Nadie le explicó quiénes les dieron las llaves. Sacaron el carro sin presentar algún documento que acreditara su propiedad, mucho menos entregaron la carta de liberación del coche. El pasado lunes sus familiares reconocieron la ropa de Enrique, su teléfono y una tarjeta de crédito. La principal seña de su identidad fueron los 3 clavos de su rodilla derecha que no habían sido retirados de una cirugía que le hicieron. Su dolor es más cruento al constatar el involucramiento de los policías y agentes de tránsito que participaron en su detención, desaparición y ejecución.
A la Fiscalía del Estado le toca investigar este modus operandi que implantaron los agentes municipales y que seguramente lo aplicaron en varios casos. Es evidente que se trata de una práctica sistemática en la que están involucrados mandos superiores que son parte de esta cadena de mando que decidió hacer del delito un gran negocio. Lo más grave es que se ha incrustado el crimen organizado dentro de las estructuras municipales. Nadie pide cuentas a los responsables de las direcciones, actúan como si se tratara de negocios privados o concesiones mafiosas destinadas a delinquir.
La dirección de seguridad pública realiza acciones como si no hubiera leyes que tienen que respetar. Detienen arbitrariamente, amedrentan y maltratan a los detenidos. Si reclaman sus derechos o se resisten a ser esposados son sometidos y torturados. Cobran multas excesivas sin extender algún recibo. Les roban sus pertenencias. Es una dirección que está en manos de la delincuencia. Los mismos corralones son parte de la empresa criminal. La seguridad, tránsito y vialidad, mercado, obra pública están operadas por los grupos que han tomado el control del municipio.
¿De qué seguridad hablamos cuando la mayoría de municipios han pactado con grupos de la delincuencia? ¿Cómo garantizar tranquilidad y paz entre la población, si quienes ostentan el poder están obstinados en hacer negocios ilícitos? ¿Es posible extirpar de las instituciones públicas el cáncer de la corrupción? ¿Habrá policías honestos con autoridades corruptas? ¿Cómo abatir los índices de criminalidad cuando somos campeones en impunidad? ¿Qué autoridades están realmente comprometidas con la población para velar por su seguridad y salvaguardar sus derechos?
Es preocupante que el presidente de la república tenga un diagnóstico diferente sobre la violencia e inseguridad que impera en el país y especialmente en nuestro estado. Su postura es que los delitos graves van a la baja y que no hay riesgos mayores en cuanto a seguridad en el país. Considera que hay brotes aislados y que no representan un foco rojo. Da por hecho que se ha extirpado la corrupción y que ya no se hacen negocios privados con dinero público. Que tampoco hay impunidad y que se aplica la ley sin distingos.
Lamentablemente en Guerrero, los ciudadanos y ciudadanas experimentamos otra realidad. En las 8 regiones del estado hay una fuerte presencia de los grupos delincuenciales. No hay territorio que no esté en disputa o que haya municipios que estén libres de alguna amenaza de la delincuencia. Las plazas tienen dueños y pueden ser circunscripciones municipales o regionales. El fenómeno actual es que se han expandido y empoderado en el estado. De nada ha servido el aumento paulatino de elementos de la guardia nacional y del ejército, porque los resultados son adversos y paradójicos; se invierte más en instalaciones militares y de la guardia nacional en detrimento de la educación, la salud, el empleo y la alimentación de la población que sigue sumida en la extrema pobreza. Es escalofriante la cifra de asesinatos que a diario se registran en Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Taxco, lo patético es que todo el aparato de seguridad que opera en Guerrero y que todas las mañanas sesiona, no pueda dar con los perpetradores ni contener esta avalancha delincuencial.
A la clase política de Guerrero parece no interesarle esta trágica realidad, hay un distanciamiento de sus intereses cupulares con las necesidades apremiantes de las y los guerrerenses. Los nuevos diputados están ensimismados en quién va a presidir la Jucopo, para tomar las riendas del partido Morena y empezar a preparar el camino de la gubernatura. En esa ruta caminarán en este trienio. Lo que harán es replicar las reformas federales para afianzar su hegemonía política. Mientras tanto el malestar ciudadano se expresa por todas las vías en las diferentes regiones. Hay demandas acumuladas que no se atienden. La apuesta es el desgaste y la atención a medias para desactivar la presión social. El malestar se va desbordando en la medida que las demandas propias de cada comunidad van prologándose sin tener una interlocución apropiada y una ruta trazada para solucionar problemas añejos. La situación empeorará ante el achicamiento del presupuesto y la multiplicación de necesidades básicas que orillarán a la población a endurecer sus acciones. El fuego de la violencia atizará más la confrontación y colocará a amplios sectores de la población en una gran encrucijada; de sucumbir ante la violencia estatal y delincuencial o dar la batalla para arrancar de raíz los males que nos aquejan.
