Por Luz Cecilia Andrade
Fuentes:https://cimacnoticias.com.mx
Ciudad de México.- Después de permanecer tres años en el penal del Altiplano, la Jueza Segundo de Distrito en Quintana Roo, Angélica del Carmen Ortuño, determinó revocar la prisión preventiva en la que había estado Mario Marín, quien fuera gobernador de Puebla, acusado de la tortura contra la periodista Lydia Cacho; no obstante, no fue la única, también el exdirector de la policía judicial de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán logró la misma medida cautelar.
Es decir, Marín y Karam Beltrán, acusados y evidenciados de vínculos con bandas de trata de personas con fines de explotación sexual contra la niñez, no han sido absueltos pero sí han sido favorecidos por leyes mexicanas, mismas que no lo han hecho con la periodista exiliada para el resguardo de su vida.
Cabe señalar que en esta misma semana, la noche del 6 de agosto, el también procesado por delitos de tortura contra la periodista Lydia Cacho y exdirector de la policía judicial de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán, salió de prisión en Cancún a un año de su detención tras una sentencia del Juzgado Tercero de Distrito de Quintana Roo.
Hay que recordar que Mario Marín, es ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue detenido en febrero de 2021 en Acapulco, Guerrero, acusado de ordenar la tortura y arresto ilegal de la periodista Cacho en 2005, cuando gobernaba Puebla (2005-2011) y brindar protección a empresarios de una de las principales redes de pornografía infantil en el mundo cuya matriz es México.
Esto luego de los hechos narrados en el libro Los demonios del Edén, publicado en ese mismo año por la periodista Cacho donde expone una red de explotación infantil en la que estarían implicados empresarios como Jean Succar Kuri y Kamel Nacif Borge.
La audiencia que le dio la prisión domiciliaria al exgobernador de Puebla, Mario Marín, aconteció el pasado 10 de agosto, por lo que se le permitió salir del Altiplano, en el estado de México, luego que la jueza ordenó que continuara su proceso judicial desde su casa.
Por tanto, organizaciones defensoras de periodistas, de derechos humanos, junto con las que luchan por la protección de personas contra la trata de personas con fines de explotación sexual, expresaron rechazo ante esta resolución.
Hace algunas semanas, Marín habría intentando salir de este penal a través de un amparo argumentando problemas de salud, sin embargo, el recurso no prosperó, hasta este cambio de medida cautelar concedido el 10 de agosto.
Marín deberá acatar lo que determinó la jueza: garantía económica por cien mil pesos; tiene prohibido salir del país, acercarse a la víctima, deberá usar un brazalete electrónico y tendrá vigilancia y resguardo domiciliario (en Puebla) con vigilancia permanente de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares.
Los hechos
16 de diciembre de 2005. Lydia Cacho Ribeiro es detenida por la policía judicial poblana en la ciudad de Cancún y trasladada vía terrestre a lo largo de mil 500 kilómetros hasta la ciudad de Puebla. Es puesta en libertad, después de pagar una fianza de 70 mil pesos.
22 de diciembre del 2005. La autora de Los Demonios del Edén comienza una investigación basada en testimonios de las sobrevivientes de una red de pederastia encabezada por el empresario Succar Kuri.
23 de diciembre del 2005. La jueza Rosa Celia Pérez Camacho dictó a las 10.50 de la mañana el auto de formal prisión contra Cacho Ribeiro por los delitos de difamación y calumnia. La también activista por los derechos humanos de mujeres y niñas no pisó la cárcel por contar con libertad bajo caución. Lo cual la obligaba a acudir a firmar cada mes y responder a todos los citatorios de las autoridades.
17 de enero del 2005. Lydia Cacho es exonerada del delito de calumnia en una apelación de su defensa ante el Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla.
20 de enero del 2006. El Tribunal Superior de Justicia estatal da la razón jurídica a la periodista Lydia Cacho Ribeiro por incompetencia y traslada el juicio a Cancún, Quintana Roo.
14 de febrero del 2006. Salen a la luz pública en los medios de comunicación grabaciones telefónicas entre el industrial poblano Kamel Nacif Borge y el gobernador de Puebla Mario Marín en donde quedó clara la colusión para la detención de Lydia Cacho.
13 de marzo 2006. Lydia Cacho Ribeiro denunció ante las Fiscalías: Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de Violencia en Contra de las Mujeres (FEVIM) y Especial para delitos cometidos contra periodistas, ambas de la Procuraduría General de la República (PGR), al gobernador de Puebla, Mario Marín y al empresario de origen libanés Kamel Nacif, ante la segunda fiscalía también son denunciadas la procuradora de Puebla Blanca Villena y la Jueza Rosa Celia Pérez González por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad, tentativa de violación y falsedad de declaraciones.
4 de abril 2006. El juez magistrado para el distrito de Arizona, David K. Duncan anuncia la extradición a México del empresario libanés, Jean Succar Kuri, denunciado por Cacho en su libro Los demonios del Edén, por encabezar una banda internacional de pederastia.
18 de abril de 2006. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó por seis votos a favor y cuatro en contra investigar si el gobernador de Puebla, Mario Marín, violó los Derechos Humanos de la periodista Lydia Cacho.
5 de julio del 2006. Es extraditado a México Jean Succar Kuri, luego de dos años de batalla y trasladado al penal de Cancún.
3 de agosto del 2006. Roban de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el expediente del caso Lydia Cacho. Razón por la cual la CNDH presenta una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). Averiguación previa 838/06-08.
9 de septiembre 2006. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) decide atraer el caso de la periodista.
19 de septiembre de 2006. La SCJN, en audiencia pública con siete votos a favor y tres en contra, determinó ampliar la indagación sobre la violación de derechos sufrida por la periodista.
28 de septiembre del 2006. La Procuraduría General de la República (PGR) consignó a cuatro personas al Reclusorio Preventivo Sur y a una al Consejo Tutelar de Menores por ser presuntos responsables del robo de una computadora que contenía información sobre el caso Lydia Cacho.
29 de septiembre de 2006. Se realiza el primer careo entre la periodista Lydia Cacho y el empresario Kamel Nacif.
Diciembre de 2014. Fue detenido el ex comandante de la Policía Ministerial, José Montaño Quiroz, por actos de tortura cometidos en contra de la periodista Lydia Cacho; y sentenciado a 5 años de cárcel en 2017.
3 de agosto de 2018. Se pide al estado mexicano castigar a torturadores de Lydia Cacho. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CCPR) concluyó que Lydia Cacho Rybeiro fue detenida arbitrariamente y torturada durante su traslado, por lo que se le ordenó al estado mexicano castigar a los responsables.
11 abril de 2019. Emiten orden de aprehensión contra responsables a casi 14 años de la detención de Lydia Cacho, finalmente se emitieron órdenes de aprehensión contra Mario Marín y Kamel Nacif, así como contra el ex director de la Policía Judicial de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán.
21 de julio de 2019. Hombres desconocidos allanaron el domicilio de Lydia Cacho luego de que se emitieran las órdenes de aprehensión contra sus agresores. Desde entonces y hasta ahora, la periodista permanece exiliada en España.
12 octubre de 2020. Kamel Nacif fue detenido y liberado bajo fianza por un juez. Ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informaron a Lydia Cacho al respecto.
3 febrero de 2021. La Fiscalía General de la República (FGR) detiene a Mario Marín en una residencia en Acapulco por su responsabilidad en el caso de tortura contra Lydia Cacho. Ese mismo mes dictan auto de formal prisión en su contra e intenta obtener la libertad a través de un amparo.
15 de julio de 2021. El Tercer Tribunal Colegiado en el estado de Quintana Roo otorgó un amparo a Kamel Nacif Borge, lo que dejó sin efectos la orden de aprehensión emitida en su contra. El caso en su contra sigue y en noviembre de 2022 le negaron un amparo con el que pretendía acceder a su carpeta de la Fiscalía General de la República.
Enero de 2023. Las autoridades federales decidieron sacar a Mario Marín del penal de Cancún e internarlo en la prisión de alta seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
13 de julio de 2023. La Fiscalía General de la República (FGR) aprehende al ex director de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán en Boca del Río, Veracruz, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de la periodista.
6 de agosto de 2024. Hugo Adolfo Karam Beltrán, exdirector de a Policía Judicial de Puebla es liberado para llevar su proceso judicial en su contra desde su casa.
13 de agosto de 2024. Lydia Cacho Ribeiro reveló que una jueza de Quintana Roo consideró que la presunta responsabilidad de Mario Marín no requería prisión preventiva, por lo que continuaría el proceso judicial en su contra desde su casa.
Defensores reaccionan a liberación
La organización Artículo 19, reiteró que la liberación de ambos procesados no es una absolución. Ambos continúan bajo proceso y queda pendiente el dictado de sentencias que resuelvan el fondo del proceso penal por el delito de tortura que se les imputa.
Casos emblemáticos como los de Mario Marín, Kamel Nacif y Adolfo Karam, evidencian un patrón de complicidad que revictimiza a las víctimas y perpetúa la impunidad en uno de los países más violentos en América Latina para ejercer el periodismo.
Por ello, diversas organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos y por la protección de víctimas infantiles de violencia sexual y trata en México lanzaron un comunicado público en el que mostraron su desacuerdo, dado que hay una inminente complicidad institucional y un riesgo para las víctimas de los crímenes en los que están involucrados Mario Marin, Adolfo Karan y Kamel Nacif.
Ante los hechos 17 organizaciones y defensoras de derechos humanos que firmaron el comunicado exigieron al Poder Judicial que actúe con responsabilidad y compromiso para garantizar la protección de los derechos de las víctimas.
“Es imperativo que el Consejo de la Judicatura revise inmediatamente este sospechoso patrón de liberaciones asegurándose que las y los jueces implicados no sean objetos de presiones o respondan a intereses contrarios al interés superior de la niñez. La justicia debe ser efectiva, y las denuncias de las víctimas deben ser escuchadas y respetadas”.
