Por Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña.
Fuentes: https://www.tlachinollan.org
Vicente Suástegui ya no alcanzó a celebrar el tercer aniversario de su pequeña hija, Ivanka Valeria. El domingo 8 de agosto de 2021 había planeado con su esposa Samantha invitar a sus amiguitas para comer pastel y quebrar la piñata. La ilusión de su esposa y sus hijas se resquebrajó. La noche del jueves 5, Vicente no llegó a su domicilio. Su esposa le mandó un mensaje a las 22:40 para saber por dónde venía. Él todavía contestó “ya voy, no puedo pasar porque está fuerte la lluvia”. Viajaba en el taxi 2342 de la ruta de Ciudad Renacimiento. A las 10:50 de la noche su esposa recibió la llamada de una amiga que asustada le comentó: “unos armados se llevaron a Vicente. Escuché un balazo pero no supe si le pegaron”. Le recomendó que fuera por su carro porque había quedado a media calle con las luces encendidas y las puertas abiertas. Samantha, pensando lo peor, avisó a las hermanas de su esposo y a algunos de sus amigos.
Llegaron a la calle Francisco Granados esquina con circuito interior frente a la escuela secundaria número 9. La lluvia caía fuerte y el cielo relampagueaba, pronto ubicaron el carro que estaba parado con las puertas abiertas. En el lugar ya estaba un grupo de policías estatales que revisaba el vehículo. Al ver que se acercaban les marcaron el alto y preguntaron “¿Qué quieren?” Contestaron que eran familiares de la persona que manejaba el taxi y querían saber qué había pasado. Los policías sólo dijeron “nos reportaron que un carro estaba abandonado”.
Esa noche familiares y amigos buscaron a Vicente en las colonias vecinas. Acudieron a las oficinas de la Policía Ministerial y a las agencias de los ministerios públicos. También fueron a los hospitales, al penal de Las Cruces y al Semefo. Amaneció sin saber de su paradero. Después de 12 horas, el Ministerio Público abrió la carpeta de investigación por el delito de desaparición de personas cometida por particulares.
Vicente Iván Suástegui Muñoz, nació en la madrugada del 27 de octubre de 1983 en Las Parotas, anexo de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco. Fue hijo de Pedro Suástegui Valeriano y de Noelia Muñoz Rodríguez. Su hermano Marco Antonio lo animó para que trabajara en el puerto de Acapulco. Estuvo bajo una enramada ofreciendo los servicios de motocicletas acuáticas a los turistas que llegaban a la playa Icacos. Estudió la primaria y la secundaria. En el 2002 emigró a Estados Unidos. Su estancia no lo distanció de su pueblo. Como buen comunero cumplió con sus obligaciones enviando sus cooperaciones a través de sus padres.
La desaparición de Vicente fue perpetrada por gente de los rusos, el comandante Pino de la UPOEG en colusión con elementos de la Policía Ministerial. Un entramado delincuencial que ha causado estragos a decenas de personas que han sido desaparecidas y asesinadas en el puerto. Lamentablemente las familias agraviadas se resignan a padecer en silencio estos crímenes ante la inoperancia de las autoridades encargadas de investigar los delitos.
La reacción del fiscal fue contraria a la esperada. En lugar de investigar la desaparición de Vicente, se empeñó en denostarlo. Trató a Vicente como si fuera un delincuente, de inmediato le armaron su expediente para justificar su desaparición. Los elementos de la Marina hicieron causa común con la Fiscalía al confirmar que lo tenían fichado. No fue casual que en fechas anteriores algunos marinos intentaron entrar por la fuerza en su domicilio.
Ante el linchamiento mediático contra su hermano Vicente, Marco Antonio Suástegui denunció públicamente al fiscal general y a los policías ministeriales de actuar con parcialidad, mala fe y poco profesionalismo. Impulsó las búsquedas en lugares controlados por el crimen organizado y la UPOEG. A pesar de que eran seguidos y bloqueados por unidades del transporte público que trabaja con la delincuencia, lograron entrar a lugares inaccesibles. Fueron 10 jornadas de búsqueda sin resultados favorables. Desde diciembre de 2023 hasta la fecha continúan las búsquedas mensuales con la participación de su esposa Samantha y otros colectivos de víctimas y organizaciones sociales.
Se ha logrado que un juez de control gire órdenes de aprehensión contra 6 personas, uno de ellos respondía al nombre de Baltazar Cardona Clavel, alias El Balta, que supuestamente fue integrante de la Policía Ministerial adscrita a la Fiscalía General del Estado y que misteriosamente apareció muerto en la cabecera municipal de San Marcos. Hay 4 personas detenidas: Juan Carlos Valenzuela Herrera, alias El Brillo, quien es uno de los probables responsables de la desaparición de Vicente. Fue vinculado a proceso el 15 de septiembre de 2021. La Policía Ministerial también logró detener a Felipe Sandoval Gazga, alias la yegua, y se le vinculó a proceso por el delito de desaparición de persona cometida por particulares. También fueron detenidos Jorge Eduardo García Ramírez y José Luis Cabrera Vázquez, quienes han apelado la sentencia que les impusieron de 25 años. A pesar de que dentro de la carpeta de investigación se tiene información de que Vicente, después de ser levantado en la colonia Renacimiento, fue traslado hasta la comunidad de Tres Palos y en el motel que lleva el mismo nombre fue entregado al comandante Pino de la UPOEG, hasta la fecha no han logrado su detención.
De acuerdo con testimonios de los mismos acusados, a Vicente lo tuvieron cautivo en un cuarto del hotel. De ahí desapareció. Por eso la detención de El Pino es clave. El retén que tenían instalado junto al hotel era para asegurar la detención de la gente que tenían en la mira. También era un lugar estratégico para controlar el trasiego de la droga. Lo extraño es que nunca hubo un operativo federal para desmantelar este centro de detenciones ilegales donde se consumaron varias desapariciones. Lo grave es que el acusado sigue libre. Por su parte, la Policía Ministerial coordinada con elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional realizaron un cateo en ese lugar. Sin embargo, fueron repelidos por gente de la comunidad que se encargó de bloquear la carretera federal de Acapulco a Pinotepa. Su única exigencia era la salida de los policías para impedir que continuaran con la investigación. Se tiene información de que dicho hotel fue ocupado durante varios años por la UPOEG para esconder a sus víctimas. Funcionaba como casa de seguridad y como centro de operaciones para actividades ilícitas.
En las jornadas de búsqueda del mes de junio que se realizaron en el Cayaco en este año, encontraron una fosa clandestina donde sacaron 5 bolsas con restos óseos. En el mes pasado rescataron también restos por el rumbo de La Providencia y Loma Bonita. Los colectivos de familiares han demostrado tener esa fuerza y esa capacidad para buscar a sus seres queridos en condiciones adversas, poniendo en riesgo su seguridad. Por ellas se han ubicado fosas clandestinas y han encontrado fragmentos óseos que las autoridades tienen la obligación de identificar. Es una lucha titánica porque es seguir los rastros de los perpetradores, es desandar los caminos donde muchas personas fueron desaparecidas. El mapa de las atrocidades tiene que ayudar a desenterrar la verdad, a dar con las personas desaparecidas y castigar a los perpetradores.
La desaparición de un defensor comunitario obliga a las autoridades a emprender operativos que den con el paradero de Vicente. Es increíble que en Acapulco donde se encuentran todos los cuerpos de seguridad del estado y donde todas las mañanas tienen reuniones para analizar la situación de violencia que acontece en el puerto, sean incapaces de identificar el modus operandi de los perpetradores y de no ubicar los lugares donde se apertrechan y cometen sus fechorías. La población se siente inerme y expresa su indignación y frustración porque no hay un compromiso claro y firme de las autoridades para contener la avalancha delincuencial. La Fiscalía en todo momento pone obstáculos para enviar a los peritos en las labores de búsqueda. No hay suficiente presupuesto para realizar estas actividades que requieren maquinaria, personal especializado, unidad canina y personal de seguridad. Se asigna mayor presupuesto para construir cuarteles de la Guardia Nacional para garantizar seguridad en el puerto, sin embargo, la gente no ve resultados tangibles con la llegada de más elementos de la Guardia Nacional. Los asesinatos y desapariciones siguen incrementándose.
Para los familiares de Vicente hay reticencias de la Policía Ministerial para ejecutar la orden de aprehensión contra el Pino. Llevan más de dos años poniendo pretextos, argumentan que hay gente que lo protege y que pone retenes cuando se arma algún operativo en su contra. Dejan entrever que no hay capacidad para cumplir con su responsabilidad o que existen complicidades ocultas. Lo que ha causado mucha decepción a los familiares es que en el caso de dos acusados que fueron sentenciados a 25 años, recurrieron a la apelación y el magistrado de la segunda sala penal unitaria dictó resolución declarando nulo el juicio oral, debido a que se vulneraron los principios de concentración, continuidad e inmediación.
De nueva cuenta la carga de esta determinación se va contra las víctimas, por las malas actuaciones del juez que prolongó indebidamente el juicio. Será la familia la que tendrá que asegurar que declaren los testigos, sufragando los costos y las consecuencias de esta justicia fallida.
