Por Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña.
Fuentes: https://www.tlachinollan.org
Más allá de las posturas a favor o en contra de la reforma judicial propuesta por el ejecutivo federal es un imperativo ético y jurídico colocar en el centro a las víctimas; tomar en cuenta su sentir, lo que reclaman y exigen a las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia. En esta perspectiva es imprescindible analizar en su conjunto cómo funciona el sistema de justicia. Es un error solo focalizar una reforma al poder judicial, sin involucrar al poder ejecutivo que tiene la responsabilidad de examinar el buen funcionamiento de la fiscalía general, de las fiscalías estatales, los ministerios públicos y los centros penitenciarios. El problema de la corrupción y la impunidad no solo se anida en el poder judicial, también se ha enraizado en las fiscalías y en los reclusorios, que no se tocan en esta reforma.
Los principales problemas de la justicia en nuestro país no son abordados en esta propuesta. No vemos que se quiera avanzar en el acceso a la justicia en las regiones más apartadas. Entre la población indígena la justicia es una mercancía cara, que discrimina a los quienes no hablan castellano, que ignora a la población pobre que no sabe leer, que maltrata y revictimiza a las mujeres y reproduce el machismo, el racismo y la violencia. Lejos estamos de que esta reforma tome en cuenta los problemas estructurales que impiden que la población indígena acceda a la justicia. Es impensable que en estos cargos de jueces y magistrados se elijan entre los mejores perfiles a profesionistas indígenas.
La reforma judicial contiene fundamentalmente la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los magistrados de los tribunales de circuito y los juzgados de distrito. Se propone que 11 ministros que hoy integran la SCJN se reduzca a 9. Para ello se propondría una terna por parte del Congreso de la Unión, una segunda terna por el presidente de la República y una tercera terna del poder judicial. De los magistrados de circuito y jueces de distrito en todo el país se elegirán un total de mil 633.
Otra parte importante de la reforma es la sustitución del consejo de la judicatura federal por el órgano de disciplina interno que se va integrar por un tribunal de disciplina judicial y un órgano de administración judicial. Funcionaría como una especie de órgano de control interno donde se diriman las quejas contra los magistrados y jueces. Cada uno estará integrado por 5 magistrados y serán designados también por el poder ejecutivo, legislativo y por la SCJN. Serán propuestas para que posteriormente sean electos. Con estos órganos de disciplina y control interno hay una clara injerencia del ejecutivo y del legislativo.
Una última parte de la reforma habla de las nuevas normas procesales que está relacionada con la justicia pronta y expedita. Establece que todos los procesos en materia fiscal deberán resolverse en un plazo de 6 meses y en materia penal en un plazo de un año. Si no se cumple con estas reglas se iniciarían procesos disciplinarios por la demora injustificada en que incurran los órganos judiciales. Otro tema nodal es el de la austeridad republicana, que plantea que no existirán fideicomisos dentro del poder judicial, sino más bien un fondo de pensiones del bienestar que se integraría para el pago de todos los trabajadores, para sus retiros y demás prestaciones. Se estipula de manera enfática que los salarios de los ministros de la SCJN no podrán estar por encima del salario del presidente. También desaparecería la pensión vitalicia que hasta la fecha tienen los ministros.
Otro aspecto importante en las reglas procesales es el relativo a los amparos, a las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Se plantea que las resoluciones que emitan contra leyes generales no tendrán efectos generales. No habrá una declaratoria de invalidez general. Por ejemplo, si alguien se ampara contra la reforma al artículo 21 de la constitución en materia de seguridad, en la que se dará mayores facultades a las fuerzas armadas. El amparo no podrá invalidar la ley en todo el país, tampoco tendría efectos generales.
En la reforma no hay una discusión de los graves problemas relacionados con el acceso a la justicia. Los temas que tienen que ver con los principios de imparcialidad e independencia dejan de ser relevantes. No son de interés general los problemas ancestrales de que los tribunales están solo en los centros de poder y alejados de la población más desprotegida. No se toman en cuenta las cargas laborales que tiene el personal de los juzgados. Resultan irrelevantes los reclamos recurrentes de la falta de peritos, la carencia de traductores y de actuarios. Los bajos salarios del personal que labora en los juzgados no es un tema que preocupe al ejecutivo ni al legislativo. Tampoco les interesa incrementar el presupuesto, porque supuestamente se destina mucho dinero al poder judicial. No se abordan los temas más sentidos por parte de la población que carga sobre sus espaldas un sistema de justicia que los discrimina y los esquilma.
En la reforma se vislumbra una intención de minar la fuerza del poder judicial, de quitarle el contrapeso que se requiere para mantener los equilibrios necesarios en todo sistema democrático. Los jueces, en tanto sean electos por el poder ejecutivo y legislativo, las ternas serán electas por una fuerza política única. Desde esa perspectiva el proceso electivo conlleva vicios y arrastrará prácticas obsoletas que le restarán legitimidad a un proceso de elección de jueces y magistrados. Si tenemos una fuerza política mayoritaria, como ahora es morena, las candidaturas llevarán este sello partidista. Lo graves es que en la reforma predomina un propósito político, que será redituable en el corto plazo, pero deja de lado los graves problemas de acceso a la justicia que son un lastre, y que con el tiempo se revertirán.
El proceso de elección de jueces tiene un vicio de origen porque será el poder ejecutivo y el legislativo los que van a conformar las ternas. Su poder hegemónico debilitará la independencia del poder judicial. Actualmente como está conformada la SCJN no constituye un contrapeso al poder ejecutivo ni al legislativo, hay un agrietamiento y ruptura del máximo órgano del poder judicial. Si se aprueba la reforma judicial para el siguiente año, las autoridades que se encarguen de elegir a los magistrados y jueces, tendrá un sello partidista. En esta reconfiguración política el poder judicial estará vestido de guinda, porque sus legisladores y el ejecutivo tendrán el poder de nombrarlos.
¿Cuánto costaría la elección de magistrados y jueces? ¿Qué implica elegir mil 633 jueces y magistrados, más 9 Ministros? Cada uno de estos cargos tendrá más de 10 candidaturas, es decir, que más de 16 mil candidatos y candidatas se postularán para estos cargos. ¿Qué costo tendrá esta elección para el pueblo pobre de México? Será una elección más grande que la de diputados, senadores, presidente de la república y presidentes municipales. Solo hablaríamos de magistrados y jueces federales, en el plano estatal el número de candidaturas se multiplicaría y complejizaría más la elección.
Otro problema adicional a esta reforma será la operación y funcionamiento del poder judicial. ¿Cuánto tiempo llevarán las impugnaciones en todo el país? ¿Cómo serán reemplazados los magistrados y jueces? Habrá un vacío en el funcionamiento del poder judicial. En tanto no se resuelvan las impugnaciones que pueden durar meses, generará un impasse en el poder judicial que traerá graves problemas, porque no podrán garantizar un justica pronta. Habrá asuntos que no caminen porque no se tendrán jueces en algunos distritos, tampoco en algunos circuitos. Las impugnaciones desplazarían los casos que deben de atenderse de manera prioritaria. La administración de justicia quedaría en suspenso hasta que se resuelvan las impugnaciones, que nadie sabe cuánto tiempo se demorarán. Estas impugnaciones pueden descarrilar este proceso de reforma, por la falta de operación y administración de justicia.
Un tema muy sensible que ya se dejó ver en nuestro estado, está relacionado con la carrera judicial. Varios funcionarios se han capacitado y han realizado exámenes de oposición para ascender en su carrera. Esta formación permanente asegura que los jueces escalen en esta pirámide del poder judicial. Con esta reforma los funcionarios de los juzgados tienen fundados temores de que se trunque su trayectoria y todo se tire por la borda, porque se entraría a un proceso electivo que tomará en cuenta otros parámetros. La designación de jueces, magistrados y ministros quedará supeditada al poder ejecutivo y legislativo, en lógica de control político.
Lo preocupante de la reforma judicial es que deja de lado muchas responsabilidades que recaen en el poder ejecutivo y que tienen que ver con las fiscalías, ministerios públicos y sistema penitenciario. Es urgente rediseñar el modelo de las policías ministeriales, fortalecer las capacidades de los servicios periciales, de las defensorías públicas y la ampliación del acceso al juicio de amparo. Son asuntos de honda preocupación que se soslayan y postergan. Es riesgoso focalizar una reforma al poder judicial sin entrarle a fondo a una reforma integral de nuestro sistema de justicia.
