Por Edith González Cruz
Fuentes: cimacnoticias.com.mx
A punto de cumplir 30 años del levantamiento zapatista las demandas de las comunidades indígenas «democracia, libertad, tierra, paz y justicia» siguen siendo un pendiente, más aún para las mujeres indígenas y militantes que siguen luchando bajo una “doble militancia”, que significa defender la causa de las mujeres al interior del otro movimiento político y social que busca el reconocimiento de los pueblos indígenas.
Apenas el mes pasado, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció que ante el impacto del crimen organizado en Chiapas y el ambiente de violencia e inseguridad que atraviesa el estado como bloqueos, asaltos, secuestros, cobro de piso, reclutamiento forzado y balaceras, se llegó a la decisión de cerrar los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) lo cual estaría afectando a más de 500 mujeres zapatistas quienes también iniciaron su causa desde la perspectiva de derechos de las mujeres y etnicidad desde 1994.
“Las mujeres indígenas del país continúan viviendo en situación de desigualdad social y política, con menos derecho de tenencia (acceso, uso y transferencia) de la tierra y con una creciente desigualdad de género, condición necesaria para erradicar la pobreza y el hambre en la región”, así lo reconoció el gobierno federal en el marco del pasado Día Internacional de la Mujer Indígena, conmemorado el 25 de septiembre.
Por su parte, el Inegi, reportó que en México viven 23.2 millones de personas que se autoidentifican como indígenas. De estas, 51.4 por ciento son mujeres (11.9 millones) y 48.6 por ciento (11.3 millones), hombres, mientras que 25.6 por ciento del total son indígenas jóvenes de entre 15 y 29 años. Además, más del 86 por ciento de los pueblos indígenas trabajan en la economía informal y tienen casi tres veces más probabilidades de vivir en la pobreza extrema.
En el caso de Chiapas la población indígena es de 957 mil 255 personas, que representan el 26 por ciento de la población total. Estas comunidades habitan justamente las zonas de la montaña, donde nació el EZLN, en los municipios de Ocosingo, San Cristóbal de las Casas, Chilón, Chamula, Tila, Las Margaritas, Salto de Agua, Palenque, Oxchuc, Tenejaba, Zinacantan, Tumbalá, Chenalhó y Tuxtla Gutiérrez.
Luego de tres décadas del levantamiento por la liberación de los pueblos indígenas el panorama no es muy alagüeño: los desplazamientos forzados por la violencia de grupos criminales, la amenaza de despojo de tierras por parte de gobiernos de todos los niveles, pugnas políticas y religiosas, pobreza y falta de empleo son el dia a dia en las comunidades indígenas de Chiapas.
Sin embargo, 30 años deben reconocerse, comunicarse y conmemorarse. En el mismo comunicado de noviembre, el EZLN anunció que “en vísperas de los 30 años del ‘inicio de la guerra contra el olvido’, habrá celebraciones públicas a las cuales están invitadas todas las personas que firmaron la “Declaración por la Vida”.
“Aunque no les esperamos, les invitamos. Las fechas tentativas de las conmemoraciones son entre el 23 de diciembre del 2023 y el 7 de enero del 2024, siendo la celebración central los días 30-31 de diciembre y 1-2 de enero”, concluye el comunicado.
Memoria visual de la lucha zapatista
Con motivo de las tres décadas del levantamiento zapatista, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México inauguró en las rejas de Chapultepec la exposición fotográfica “A 30 años del EZLN: memoria y dignidad”, la cual recupera la memoria visual de uno de los movimientos sociales más importantes de finales del siglo pasado.
En total, participan 14 foto documentalistas, ente ellos el autor de la primera fotografía del 1 de enero de 1994, Antonio Turok, así como la única mujer que convivió directamente con las mujeres zapatistas, Ángeles Torrejón. Además de las imágenes de fotógrafos contemporáneos como Francisco Mata, Eniac Martínez, Patricia Aritlli, Cecilia Candelaria, Omar Meneses, Marco Antonio Cruz, Raúl Ortega, Luis Jorge Gallegos, Héctor Mendiola, Elsa Medina, Pedro Valtierra e Isabel Sanginés.
La exposición es impulsada por Procine, el Gobierno de la Ciudad de México y Memórica
Otra exposición es la que se presenta en el Centro dela Imagen titulada Correspondencias, una serie dedicada a la obra de Ángeles Torrejón, figura principal del fotoperiodismo en México, quien tuvo la fortuna de retratar la vida de las mujeres zapatistas en la década del noventa y sensibilizar al país sobre el éxodo zapatista de mediados del siglo pasado.
El libro Las alzadas (Sara Lovera y Nellys Palomo, coedición de Convergencia Socialista y CIMAC, 1998) recoje los testimonios de algunas militantes como las comandantas Ana María, Esthaer, Ramona, todas ellas dan cuenta de la vida en la montaña, de las reivindicaciones de las mujeres al interior del movimiento y del surgimiento de la Ley Revolucionaria de las Mujeres Zapatistas de Chiapas.
Historia breve del Movimiento de Liberación
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se levantó en armas en contra del Gobierno mexicano de Carlos Salinas de Gortari recién entrado el año, un 1º de enero de 1994, justo el día que entró el vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Durante los 12 días que duró la rebelión indígena el mundo conoció la injusta situación existente en las montañas de Chiapas y porqué exigían la reivindicación de propiedad sobre las tierras arrebatadas a sus comunidades, un mejor reparto de la riqueza y la participación de las diferentes etnias tanto en la organización del estado de Chiapas como en el resto del país.
Los 70 mil soldados del Ejército Mexicano que envió el gobierno federal para acabar con el movimiento sólo fue leña al fuego: los abusos, violaciones a mujeres, bombardeos aéreos indiscriminados y ejecuciones por parte de los militares, en lugar de terminar con el levantamiento, impulsaron a la sociedad civil nacional y extranjera a emprender acciones y reclamos para detener el enfrentamiento. Una protesta multitudinaria en el Zócalo de la Ciudad de México, realizada el 12 de enero de 1994, logró que ese mismo día el gobierno federal declarara de manera unilateral el alto al fuego.
El 16 de febrero iniciaron las primeras conversaciones entre el EZLN y el gobierno federal, sin llegar a nada. A finales de 1994, el EZLN rompió la tregua y anunció la fundación de una treintena de municipios autónomos en su zona de influencia, los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ). La reacción del Gobierno fue intensificar la presencia militar en Chiapas y por primera vez desde el inicio del conflicto, se libraron órdenes de aprehensión por terrorismo contra los ‘insurrectos’.
Para evitar mayores conflictos, los diálogos se reactivaron y terminaron con la firma en 1996 de los acuerdos de San Andrés Larráinzar sobre el “Derechos y Cultura Indígena”, mismos que comprometían al Estado a reconocer a los pueblos indígenas constitucionalmente y que éstos gozaran de autonomía. Los acuerdos nunca se cumplieron.
En octubre de 1996 se creó el Congreso Nacional Indígena (CNI). El CNI fue un llamado del EZLN a todos los pueblos originarios del país para dar seguimiento a los Acuerdos de San Andrés.
En el 2003 el EZLN creó Los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno, que reforzaron el principio del “mandar obedeciendo”. Desde su creación se formaron maestros y médicos zapatistas y se edificaron escuelas y clínicas. Además, se desarrolló un sistema de justicia al que acuden tanto zapatistas como otros miembros de la sociedad.
En el 2018, durante la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, sucedió un enfrentamiento verbal entre el entonces candidato y el subcomandante Marcos. Luego de que María de Jesús Patricio “Marichuy”, la aspirante independiente indígena no alcanzara las firmas necesarias para lograr su candidatura, el CNI, decidió que no apoyarían al tabasqueño en la elección. Tras el triunfo de López Obrador como presidente, el EZLN publicó un desplegado firmado por los subcomandantes Galeano y Moisés en el que aseguraban que el nuevo gobierno decepcionaría.
‘Marichuy’, la primera precandidata indígena
En el 2017, el CNI decidió presentarse a las elecciones presidenciales con una candidatura única, respaldada por el zapatismo: María de Jesús Patricio Martínez, mejor conocida como “Marichuy”, defensora de los derechos humanos y médica tradicional nahua.
En octubre de ese año Marichuy se registró en el Instituto Nacional Electoral (INE) como precandidata independiente a la contienda presidencial de 2018 y comenzó una gira por el país. Aunque no logró reunir las firmas suficientes para registrarse ante el INE como candidata presidencial y enfrentó un sinfín de trabas como la obligatoriedad del uso de celulares, las fallas en la aplicación móvil del INE para recaudar las firmas y malos tratos por su condición de indígena, las demandas del zapatismo volvieron a resurgir en la escena pública.
Antecedentes del zapatismo
En un texto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),se indica que los orígenes político-militares del EZNL se encuentran en las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), una organización clandestina formada a finales de los años 60 en el norte de México, inspirada en la revolución cubana, que organizó una lucha guerrillera para lograr la construcción del socialismo en México.
A principios de los setenta, las FLN dieron fin a sus actividades de manera abrupta cuando su estructura en la ciudad de México fue descubierta por las fuerzas de seguridad del Estado y muchos de sus militantes, tanto en Chiapas como en la Ciudad de México, fueron brutalmente asesinados. Sin embargo, sus sobrevivientes no se dieron por vencidos y lograron reorganizarse e instalarse en 1983 en Chiapas, persiguiendo los mismos objetivos, para finalmente formar el EZLN.
La principal base social del EZLN fueron los pueblos indígenas de la región de las Cañadas, los Altos y la zona norte de Chiapas. Un gran número de personas al mando son indígenas y, al menos desde 1993, el aparato militar ha estado subordinado a un consejo de delegados de las comunidades zapatistas denominado Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI).
Las comunidades indígenas y el EZLN colaboraban para salvaguardar la clandestinidad de los insurgentes; reclutar nuevos combatientes; garantizar bastimentos para sostener a los guerrilleros; participar en movilizaciones de protesta; y realizar trabajos colectivos de infraestructura y servicios comunitarios. Estas funciones estrechaban los lazos de solidaridad comunitarios, incrementando la integración social y afianzando una “identidad zapatista”.
