Por Nino Gallegos, para APIAvirtual.
“Somos una potencia en lo cultural y lo social”, lo declara convencido y jactanciosamente el Presidente como si los vivos y los sobrevivientes, los muertos y los desaparecidos somos en el país de las sombras espectrales una potencia en los abrazos culturales y en los balazos sociales con la seguridad blindada y agujerada en que estamos y somos, porque en pérdidas humanas, las ganancias son las del Ejército.
En la cultura de élite y popular social, la pobreza de la cultura y la cultura de la pobreza, son la reivindicación de la aporofobia clasista y racista por el bien de todos, primero los pobres, ante la representación de la antropología cultural y social, porque ha sido posible mediante la 4T mediática que hay gobierno rico con pueblo pobre, porque lo mismo de antes es lo diferente de ahora: todos somos todos, abrazados por los balazos, porque, No Somos Iguales.
El Estado-Obrador como creador y facilitador (de y para) sernos y hacernos una potencia en lo cultural y lo social, no ha escatimado en los presupuestos y los fideicomisos algunos por ningunos, haciendo de la tabla roca antigua y moderna -la tabla rasa- la representación-significación de la Cabezas Olmecas como la cabeza hueca mayor desde el Palacio Nacional en el país de las sombras espectrales por la vía liberal, autoritaria y conservadora del Tren Maya con el turismo cultural y el progreso social (de y para) los pueblos originarios entre Súbete al Tren o Sélvame del Tren, la cultura de la pobreza es rica ante la pobreza de la cultura, no porque lo haya impuesto el Estado-Obrador para valorar con la política cultural de la politiquería cínica, egoísta y miserable lo socioestéticamente cultural lo mismo de lo diferente, cuando se subestima a los pobres como los animalitos que hay que cuidar para que jalen con quien los cuida y a los pobres de los ricos que paguen los impuestos con los dineros de la filantropía humaniutilitarista,política y económica, cultural y social.
La potencia cultural y social, potenciada y demenciada, por la a-normalización de la cuarta transformación en la aceptación de élite y popular, de lujo y funeral, de la corrupción y la impunidad, de la violencia y la criminalidad, en el país de las sombras espectrales, la luz del día es como la Cfe y la oscuridad de la noche es como Pemex con el sol, la luna y las estrellas de Acapulco en la azotea y el Tianguis de los escombros y las basuras, de los Salgado desalmados como correligionarios en la revolución de las conciencias y en el humanismo del turismo cultural y social mexicano.
Para más o menos apuntalar lo antes escrito con el desvío de la orientación hacia todas partes y a ninguna y no ha lugar, Gerardo Ochoa Sandi, analiza la posición y la situación en lo cultural y lo social antes de lo que ahora el Estado-Obrador ha sido un potenciador acumulador y desposesionador con la 4T y Morena:
“Lo que destruyó la 4T cultural ¿se puede reconstruir? La destrucción de la política cultural en el actual sexenio ha acrecentado los desafíos del sector. Sin embargo, lo que se construyó una vez se puede construir de nuevo. Previo a la contienda electoral, el 19 de junio de 2018, Alejandra Frausto puso en circulación El poder de la cultura, documento de diez cuartillas con los ejes de lo que sería su política cultural. Entre otros aspectos, aceptaba que eran necesarias estrategias de inversión y de mecenazgo para beneficiar a las industrias culturales y las empresas creativas. De la misma manera, reconocía que los empresarios de la cultura –galeristas, teatreros, libreros, promotores, entre otros– requerían esquemas fiscales y financieros para su crecimiento, que pasaban por los créditos blandos de la banca de desarrollo, y que debían diseñarse en conjunto con las secretarías de Hacienda y de Economía. En tanto, los sismos de 2017 hacían necesaria la creación de un fondo especial para la reconstrucción, a la vez preventivo y prospectivo. Sin dudarlo, afirmaba que, si bien la diversidad cultural se encuentra en cada rincón del país, la política cultural estaba concentrada en la Ciudad de México y en unas cuantas zonas urbanas. “Esto tiene que cambiar”, sentenció. Nada de ello sucedió. Pasadas las elecciones, el 8 de octubre inició un intento de ejercicio de consulta democrática a través de trece mesas temáticas y cinco ejes de diálogo. Al final se sumaron tres mesas más, que fueron canceladas sin explicación. El sitio transicioncultura.mx, el repositorio digital donde se conservarían las intervenciones de los participantes, desapareció. Fue lo primero pero no lo único que desaparecería. El 8 de enero de 2019, en la XXX Reunión de Embajadores y Cónsules de la SRE, Frausto comenzó a desaparecer el pasado, una constante desde entonces. En México, afirmó, “la cultura nunca había tenido un papel central en las políticas públicas”. Por tal razón, garantizó que no volvería a ser “nunca más un accesorio”. Llegó a asegurar que “antes de construir nueva infraestructura cultural, se dará mantenimiento a la ya existente” y reiteró que se crearía el fondo para los sismos. En esa ocasión, adelantó la creación del Consejo de Diplomacia Cultural, que presentó junto con el canciller Marcelo Ebrard el 16 de mayo en el Palacio de Bellas Artes, donde se anunció la firma de un convenio de colaboración entre las partes. En tres años y medio, ni un solo reporte al respecto. En los hechos, la política cultural fue definida por López Obrador. El 2 de abril de 2019 anunció en su conferencia, acompañado de Gabriel Orozco, el “Proyecto Chapultepec. Naturaleza y Cultura”. Era la obra de infraestructura cultural sexenal y, para colmo, en la Ciudad de México, justo lo que había descartado tres meses antes la titular del sector. Para su financiamiento, se impondría un recorte del 25% anual al presupuesto de la Secretaría de Cultura. En tanto que también es un proyecto de carácter urbano y vial, buena parte de los recursos son canalizados al gobierno de la Ciudad de México. Las actividades del Complejo Cultural Los Pinos, ubicado dentro de la demarcación, han ocasionado un recorte adicional anual a las instituciones culturales, que solo reciben asignaciones para desarrollar proyectos con la condición de presentarlos en ese lugar. Un proyecto bastó para devastar la política cultural. Al año siguiente, López Obrador eligió también el 2 de abril para publicar en el Diario Oficial de la Federación un decreto que anunciaba la extinción de los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos y análogos. Las razones: operaban sin control ni fiscalización, no rendían cuentas e incurrían en corrupción. En consecuencia, los derechos y obligaciones derivados de tales instrumentos serían asumidos por los ejecutores de gasto correspondientes, con cargo a su presupuesto autorizado. El ejecutivo instruyó a los ejecutores de gasto para que a más tardar el 15 de abril concentraran los recursos en la Tesorería de la Federación. El dinero se fue a las pensiones que se reparten sin control, fiscalización ni rendición de cuentas, los servidores de la nación, a jóvenes, madres y ancianos. Ni entonces ni hasta la fecha el presidente ha presentado pruebas de sus acusaciones. El 7 de abril de 2020, Frausto anunció la desaparición de seis fideicomisos que aplicaban para casos concretos. También se extinguía el Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural, Antropológico, Arqueológico e Histórico de México, Fideinah, que afectaba al patrimonio bajo la custodia del INAH. La extinción del Fondo de Desastres Nacionales, Fonden, crucial para la cobertura de los daños ocasionados por los sismos, acabó por dejar en el desamparo al instituto. Naturalmente, Frausto no cumplió con la creación del fondo para la reconstrucción que prometió en 2019 ante los embajadores y cónsules de México. Para el quinto aniversario de los sismos de 2017, tan solo habían sido restaurados el 65% de los inmuebles. La comunidad salió a la defensa de los fideicomisos de alcance nacional: el Fonca (creado en 1989), el Foprocine (1997), el Fidecine (2001) y el Eficine (2006). El 17 de abril, Frausto informó que había prosperado la solicitud de excepción al decreto que se había presentado ante las secretarías de Hacienda y de la Función Pública. El Fonca se integraría a la estructura –convirtiéndose en el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales– para darle “certeza jurídica”, reglas claras que no dieran “espacio a la corrupción” y garantía presupuestal. En tanto se fusionarían Foprocine y Fidecine, asegurando que los apoyos comprometidos para la producción cinematográfica seguirían operando con normalidad y continuaría el estímulo fiscal a través de Eficine. Igualmente, continuaba el mandato del Antiguo Colegio de San Ildefonso. Entonces comenzó la pesadilla. La entrega de los apoyos a los miembros del Sistema Nacional de Creadores –Creadores Eméritos, Creadores Artísticos y Jóvenes Creadores–comenzó a demorarse por lapsos de un mes y más. La secretaría aseguraba que no llegaban los recursos por razones administrativas, lo cual confirmaba que la certeza jurídica no era una garantía. Las nuevas reglas de operación, además, eran opacas. Los candidatos a los apoyos denunciaron que muchos de los jurados no contaban con trayectoria, como establecía la convocatoria. Los solicitantes que fueron descartados y presentaban su inconformidad, derecho contemplado en las reglas, no recibían respuesta.
El mismo trato recibían los cineastas. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas le escribió hasta en tres ocasiones a Frausto para hacerle saber que los cineastas no recibían las asignaciones. En la tercera misiva, del 7 de agosto de 2022, informó que los adeudos ascendían a más de 85 millones de pesos, lo cual había paralizado a más cincuenta proyectos cinematográficos. Más de trescientos millones de pesos, correspondientes a Foprocine y Fidecine, no habían sido entregados a Imcine, como Frausto se había comprometido dos años atrás. El 24 de noviembre, la academia informó también la suspensión de la convocatoria de los Premios Ariel y afirmó que el Estado había renunciado a su responsabilidad con la industria y la cultura en general. A consecuencia de la pandemia, el 23 de abril de 2020 se publicó en el DOF el decreto de austeridad, que implicó un recorte del 70% para los gastos de operación gubernamental. A la par, el presupuesto no ha dejado de desplomarse. En 2012, el último año del sexenio de Felipe Calderón, se aprobó un monto de 16 mil 663 mdp. Durante el gobierno de Peña Nieto, aunque hubo incrementos en 2013 y 2014, los recursos decrecieron durante el resto de su administración hasta los 12 mil 916 mdp de 2018. Para 2019, la 4t cultural arrancó con los 12 mil 394 mdp aprobados por la administración saliente. En 2020, aunque se asignaron 13 mil 517 mdp, se ejercieron 10 mil 681 mdp. Desde el 2020, comenzó la vampirización a causa de Chapultepec. Restándole a lo aprobado para el sector lo que se asigna al proyecto, en 2021 se asignaron 10 mil 477 mdp, el nivel más bajo en el sexenio. Para 2022 se contó con 11 mil 205 mdp y para este 2023 se contará con 12 mil 255 mdp, en ambos casos aumentos que se esfuman con la inflación. Todo fue un engaño. Mientras, se acrecientan los desafíos que se deberán encarar en el porvenir. La precarización de la planta laboral contratada como capítulos 2000 y 3000, sin reconocimiento a su antigüedad, que carece de seguridad social y pensiones para el retiro, y está sujeta a despidos disfrazados de no recontrataciones. Una infraestructura cultural, de la que había prometido Frausto ocuparse, devastada. Las industrias culturales, que no recibieron ningún apoyo durante la pandemia, sin horizontes claros para su recuperación. Y los institutos de cultura de los estados, en el total abandono. Lo que se construyó una vez, se puede construir de nuevo. Lo principal es la regularización de la situación laboral de los trabajadores de la cultura, con los pagos y prestaciones adecuados, lo que implica la postergada reforma del sindicalismo cultural. Una inversión relevante en la infraestructura cultural existente, tal como prometió Frausto y no cumplió. Una reforma del INBAL, dándosele énfasis a sus compañías para que sean las voceras de las artes escénicas de México en el exterior, como parte central de la diplomacia cultural, y un resuelto apoyo a sus centros de investigación. Las industrias culturales tienen una participación del 3% del PIB y no reciben el tratamiento fiscal adecuado para su potencial, por lo que son inaplazables los programas de inversión y exención total de impuestos por un plazo de seis años, previa apertura de convocatoria y calendarización de resultados. Los fideicomisos deben recuperar su estatus original y ampliarse a otros sectores. Los aumentos escalonados del presupuesto, también durante seis años, hasta alcanzar el 1% del pib para el final del próximo sexenio. Las clases de cultura y artes, no solo con la finalidad de crear artistas sino de fomentar la sensibilidad para su disfrute, deben formar parte de la reforma educativa para alentar el consumo de la cultura y el arte a largo plazo. Para ello, Morena debe dejar el poder”.
