Por Jacobo Dayán
El presidente protesta, al tomar posesión según el artículo 87 de la Constitución, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. Sin embargo, López Obrador insiste en poner a consulta popular la aplicación de la ley.
En múltiples ocasiones ha manifestado su intención de “borrón y cuenta nueva”. Una y otra de sus frases sobre este tema son lamentables: “punto final” o “veamos hacia adelante”. ¿Cómo ver hacia adelante sin resolver el pasado? Las incongruencias sobran. ¿Cómo conviven estas frases con su muy reiterada “al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”? ¿Cómo hablar de justicia transicional cuando lo que se ofrece es impunidad? No hay Justicia Transicional posible sin justicia.
Adicionalmente surge de inmediato otro problema. No le corresponde al presidente decidir qué, cómo y cuándo se investiga. No está entre sus facultades.
Cuando habla de “punto final” utiliza una muy mala referencia. Así se llamó una ley argentina que estableció en 1986 el fin de las investigaciones penales por graves crímenes cometidos durante la dictadura. Esta ley, junto con la de Obediencia debida, fueron derogadas en 2003 e incluso la Suprema Corte las declaró inconstitucionales.
Por más que quiera agradar a la tribuna sedienta de mayor participación, cumplir la ley es una obligación de todo jefe de gobierno y de Estado. Ni la justicia, ni los derechos, ni la aplicación de la ley, ni el Estado de derecho se consultan. De allí venimos, de la aplicación selectiva de la justicia, del deterioro del Estadio de derecho, de niveles de impunidad casi absolutos. Incluso buena parte de la campaña electoral giró sobre la impunidad y la corrupción.
Pareciera que quiere convertir el espacio público en circo romano donde en los combates entre gladiadores el público enardecido levantaba o bajaba el pulgar mostrando así su decisión sobre el futuro del derrotado. Es irresponsable arengar a la ciudadanía con la aplicación o no de la ley.
Un buen ejemplo es el del Tren Maya. Antes de someter este proyecto a consulta ciudadana, se debe garantizar el Derecho a la Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Esta consulta previa lleva su tiempo, sin embargo ya se realizó una pseudoconsulta ciudadana.
Sobre el tema del huachicol declaró: “un negocio jugoso, ilícito, siempre lleva el visto bueno del presidente”. No lo dudo pero declararlo sin presentar pruebas ni denuncias contra los presidentes que hayan estado involucrados es delicado. Ya no es candidato, es presidente y su obligación es cumplir la ley.
La decisión de López Obrador de utilizar de manera frecuente las consultas ciudadanas es muy buena. El mundo de hoy y la realidad mexicana obligan a ampliar la democracia participativa. Pero por más que sea políticamente rentable, es muy delicado utilizar esta herramienta de manera irresponsable. Repito, no se consulta ni la justicia, ni los derechos, ni la seguridad, ni la aplicación de la ley, ni el Estado de derecho. Publicado en aristeguinoticias.com
