Por Gabino Javier
La tragedia ocurrida en la línea 12 de metro de la CDMX el pasado 3 de mayo no fue un simple accidente ni atentado; fue una tragedia que se originó en medio de una triangulación entre los intereses económicos de una oligarquía voraz, los intereses cortoplacistas de una clase política ambiciosa y una forma de Estado neoliberal.
¿Fue responsabilidad del Estado y, en concreto, de la alta burocracia en turno del gobierno de la Ciudad México? Sí, pero la responsabilidad no para en ella únicamente. Debe quedar claro que este hecho deja al descubierto, una vez más, la articulación entre los intereses económicos de una oligarquía parasitaria con la clase política y el funcionamiento del aparato de Estado bajo el neoliberalismo.
La exigencia de justicia y las múltiples investigaciones periodísticas muestran el entrelazamiento entre esta oligarquía –que filtra sus intereses por medio de los distintos partidos– y la clase política –que se disputa el lugar del partido predominante y la administración del aparato de Estado, con lo que consigue enriquecimiento y prestigio social–. Así, la responsabilidad no para únicamente en tal o cual funcionario gubernamental, pues la llamada clase política en realidad lo que hace es filtrar, consensar y lograr que los intereses privados de las clases dominantes –en este caso de la oligarquía– se conviertan en el interés general.
Asimismo, esta tragedia no es un hecho aislado, forma parte del grave deterioro social que vive México durante las últimas cuatro décadas. Por una parte, este deterioro hunde sus raíces en la forma despiada de acumulación de capital que una oligarquía y capital extranjero ejercen en México. Efectivamente, esta forma de reproducción de capital ha dejado un rastro de BARBARIE SOCIAL muy marcado en este país: servicios públicos deteriorados por restricciones al gasto social o quebrados intencionalmente para ser concesionados o privatizados; un régimen laboral basado en la superexplotación del trabajo, la precariedad, la informalidad laboral (60% de la población es pobre, al igual que 50% de la juventud); más de 200 mil muertes por la pandemia, todas a causa del deterioro del sistema de salud pública; un contexto generalizado de violencia social, caracterizado por feminicidios, narcotráfico, desapariciones y asesinatos de ambientalistas, activistas y periodistas; saqueos y fraudes de los recursos públicos; despojo de territorios y desplazamiento de comunidades a causa de la minería, la agroindustria y el narco; contaminación y devastación ambiental; una fragmentación muy marcada entre una muy reducida y dinámica esfera de alto consumo y una gran esfera de consumo marginal, obligada entre otras cosas a padecer el hacinamiento en trasporte y vivienda.
Por otra parte, existe una reducida y parasitaria oligarquía local, que junto con corporativos transnacionales, se nutren multimillonariamente de esta devastación social y ambiental. Su fondo de acumulación se nutre de arrebatar buena parte del fondo de consumo de las clases trabajadoras, de vivir parasitariamente de las concesiones estatales, privatizaciones, transferencias públicas a sus empresas y de devastar el medio ambiente.
De este modo, seguir los rastros del dinero (la forma en que ocurre la acumulación de capital en México) es una de las claves para entender la catástrofe en el país. Así, no es ninguna casualidad que Grupo Carso, propiedad del mayor multimillonario en México, Carlos Slim, esté involucrado en este lamentable hecho. Respecto a la construcción de la Línea 12 ya se dio a conocer que «Carso logró tener ahorros en la obra y mayores márgenes en sus ganancias».
Ahora bien, el Estado mexicano, en su forma neoliberal, es el encargado de recrear la hegemonía política de esta oligarquía y del capital extranjero, convirtiendo los intereses privados de estos grupos sociales en un interés general.
En este sentido, el Estado mexicano, ahora administrado por un partido de centro-izquierda tras el desgaste de los partidos tradicionales PRI-PAN-PRD, está asentado bajo una estructura de clase que lo obliga a restringir el gasto social, a concesionar servicios, a pagar los servicios de la deuda al capital financiero, a abrir espacios para la inversión privada local y extranjera, a no intervenir en la economía, a concesionarles a los grandes corporativos –locales y extranjeros– los servicios públicos y la construcción de las grandes obras de infraestructura y su mantenimiento, así como a administrar el despojo y la catástrofe de esta vorágine de clase.
Así, el Estado mexicano, con base en la legitimidad que le otorga el colocarse como representante de todos, hace de los intereses privados y de mercantilización más voraces los principios rectores del país. En otros términos, la clase política que opera el aparato de Estado, por medio de la legitimidad del voto obtenido en las urnas y que la hace presentarse como “representante” del pueblo, procesa estos intereses y los presenta, bajo distintas narrativas, como iniciativas o proyectos para el desarrollo económico nacional y local, para la modernización del país o de las comunidades, para el bienestar de las familias, para el mejoramiento del transporte público, etcétera.
Por tanto, la responsabilidad de lo ocurrido el pasado 3 de mayo en la Línea 12 del Metro de la CDMX no recae únicamente en la alta burocracia, sino también en miembros de la oligarquía local, quienes obtuvieron millonarias ganancias de la construcción y restablecimiento de esta línea del Metro; pero, más aún, este hecho no es algo aislado, forma parte de la barbarie social que está dejando como rastro el actual patrón de acumulación en México y el régimen neoliberal que sólo nutren a una pequeña oligarquía y al capital extranjero, mientras las muertes y desgracias recaen en las clases trabajadoras y populares del país.
Publicado en Rebelión. org
