Esposas de presos de la CRAC
Por Carmen Escalante
Están en las marchas, en los mítines, en donde quiera que se les otorgue un espacio a su voz, para expresar su petición de justicia. Esta vez andaban en un evento en Tixtla, Guerrero, en un mitin para pedir justicia con varios colectivos más. Son las esposas de presos que pertenecen a la CRAC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias), andan por los caminos dejando encargados a sus hijos e hijas, con quien pueden. Vestidas con ropas muy delgadas a pesar de la lluvia y descalzas, con muchas horas, sin comer y sin dormir.
“Que todo mundo se entere cómo estamos viviendo en Guerrero, que todo mundo se entere cómo encarcelan inocentes, cómo el gobierno manda asesinar a los luchadores sociales, por eso estamos aquí, haciendo la denuncia pública de cómo nos trata el gobierno, de cómo nos quieren aplastar como si fuéramos insectos, compañeros, mi esposo está detenido por pertenecer a la CRAC, su peor delito es ese, por organizar a su pueblo, por organizar a la comunidad , a la gente que sí quiere luchar por sus derechos, eso es delito para el gobierno, pero con los secuestradores, con los asesinos, no se cumple la justicia”. Expresa Agustina, con micrófono en mano y lágrimas en los ojos.
Ante la situación de violencia e impunidad que se vive en el sur del país, varias comunidades han optado por integrarse y formar lo que ellos llaman la Policía Comunitaria, en su concepto, muy diferente a los “policías” que adornan, perdón, que trabajan en el Distrito Federal o como dicen ahora, en la CDMX.
Esta policía, regulada por los usos y costumbres de cada comunidad, se encarga de recoger y multar a los habitantes de las comunidades que estén causando alboroto o presenten conductas violentas o que pongan en peligro, la vida de los demás, es preventiva y sus sanciones, tienen que ver en muchos casos, con el servicio social a la comunidad por parte del que comete el delito. Son los encargados de cuidar las tierras comunitarias, del narcotráfico y las empresas mineras que quieren invadir la zona. Forman parte de esta policía comunitaria guerrerense, tanto hombres, como mujeres de cualquier edad, dispuestos a defender la calma de sus lugares de origen, ante la ineficiencia del gobierno, para hacer lo que le corresponde.
Varios de estos policías comunitarios han sido detenidos en varias ocasiones, pretextos para “levantarlos”, no faltan.
“Se los llevan por cualquier cosa, nos tienen puesto el dedo, saben quiénes somos y qué hacemos, que no permitimos que los narcos se apropien de las pocas tierras que nos quedan y no le conviene al gobierno que estemos sueltos, a mí me metieron 5 años al penal del Altiplano, en una celda pequeñita casi de 4×4 con otras 40 mujeres, pensé que no iba a aguantar y aquí estoy otra vez, apoyando a los compañeros”, confiesa Delfina de 48 años y policía comunitaria desde hace casi 8 años.
Los esposos de Agustina, Minerva, Margarita, Oliveria y otras más, fueron detenidos desde el 2013 y están en el CERESO de Ayutla. Las edades de estas mujeres fluctúan entre los 18 a los 40 años, todas con hijos que tienen que dejar solos para salir de su comunidad de origen y exponer su caso y puedan obtener justicia.
Un proceso de ruptura del tejido social, propiciado por la negligencia del gobierno.
