Por Antonio Moreno
En números anteriores se dio a conocer la perniciosa existencia de la censura indirecta, fraudulento método que incluye el uso gubernamental de incentivos financieros o sanciones a los medios de comunicación, para recompensar o castigar, ya sea coberturas favorables o criticas, según sea el caso. Un informe publicado por la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) dice que,” este tipo de censura es más sutil que la agresión directa a periodistas, sin embargo, también atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información.
El estudio, “Comprando Complacencias: publicidad oficial y censura indirecta en México”, elaborado por WAN-IFRA y el Centro Internacional de Asistencia a los Medios de Comunicación (CIMA) en colaboración con la organización de derechos humanos mexicana Fundar, Centro de Análisis e Investigación y la Oficina de México y Centroamérica de Articulo 19, demuestra que los gobiernos federal y locales usan su poder financiero y político para presionar a los medios de comunicación y penalizar la información critica, el caso Carmen Aristegui es un claro ejemplo, la empresa MVSRadio despidió a Carmen Aristegui, por el asunto de la Casa Blanca de ‘la Gaviota’ (esposa del presidente Peña) esgrimiendo cambiantes y contradictorios argumentos que intentaban ocultar la presión gubernamental para sacar a Carmen del aire a cambio de beneficios para la empresa.
Así fue que el 17 de septiembre el Primer Tribunal Colegiado Especializado en Telecomunicaciones desechó el amparo interpuesto por Televisa para no aplicar la obligación de trasmitir de forma gratuita programación de otras empresas de TV abierta en sus empresas de televisión restringida, como lo plantea la reforma en telecomunicaciones, lo cual beneficio a Grupo Dish filial de MVS, por otro lado, el 18 de septiembre el mismo tribunal falló a favor de Grupo MVS para mantener vigente el acuerdo entre el gobierno y la empresa de la familia Vargas que le permite continuar utilizando la banda 2.5Ghz, en contraste Carmen Aristegui es galardonada con el Premio Nacional de Periodismo 2014 por el mismo trabajo de investigación: la casa blanca de Peña Nieto.
El método de censura indirecta más ampliamente socorrido es el que se refiere a la asignación de publicidad oficial, se utiliza como medio de influencia y hasta de chantaje a dueños de medios y a periodistas. Investigaciones muy detalladas y extensas entrevistas dan fe de cómo los gobiernos utilizan la publicidad oficial para influir líneas editoriales o para impulsar agendas partidistas, así como para financiar selectivamente medios de comunicación que apoyan a ciertos funcionarios y sus políticas; a pesar de que en el Art.134 de la constitución mexicana se prohíbe el uso propagandístico de la publicidad oficial, pocas veces se cumple esta disposición, aun cuando el propio Peña Nieto se comprometió (julio 2012) a regular la publicidad gubernamental, el compromiso continúa pendiente.
Si los gobiernos federal y estatal gastan en publicidad alrededor de 12 mil millones de pesos sin tener que comprobar ni la eficacia, ni el destino de los recursos, ni nada, entonces el poder político cuenta con recursos suficientes para subsidiar medios de comunicación bien portados debido que, algunos de ellos dependen casi por entero de estos recursos, ya que su audiencia real es mínima.
El estudio del que estamos dando cuenta hace referencia al informe, Gómez R, Sosa G, Téllez P, Bravo J, Mapping Digital Media in México, 2011, Open Society Fundation, que en 2011 puntualizaba que el panorama de los medios de comunicación en México se caracterizaba por la ausencia de pluralismo y trasparencia, un alto nivel de concentración, el predominio de la radio y la televisión, un servicio público deficiente, una gran cantidad de periódicos de baja lectoría, y un acceso limitado a internet. En México la mayoría de los hogares depende de la radio y la televisión para obtener la información diaria, lo cual explica la importante cantidad de asuntos de gran relevancia que la mayoría de los mexicanos no podemos comprender, debido a lo sesgado de la información que se obtiene en estos medios.
Las recomendaciones vertidas en el estudio son: hacer transparente el detalle de los gastos en publicidad oficial; desarrollar criterios no discriminatorios y equitativos para la asignación de publicidad oficial; implementar una supervisión adecuada de la publicidad oficial; fomentar mecanismos de promoción de la pluralidad informativa; garantizar que los medios de comunicación fortalezcan la confianza de la sociedad y fomenten el debate público; asegurar que la asignación de la publicidad se haga a partir de criterios técnicos; se deben promover debates públicos sobre las relaciones financieras entre el gobierno y los medios de comunicación para discutir cual es el papel del Estado en la promoción del pluralismo informativo.
Estas recomendaciones deberán ser retomadas por o las organizaciones de la sociedad civil y/o organismos realmente autónomos que sean capaces de exigir su materialización, y no como la Secretaria de la Función Pública, a cargo del priista Virgilio Andrade que, como era de esperarse, exoneró a su jefe Peña Nieto por el asunto de la casas de Las Lomas.
