Por Carlos Vargas
Una mujer uruguaya preguntó en algún barrio de Montevideo: ‘‘¿Qué habrá hecho Carlitos para que viniera a buscarlo el ejército? Tan buen muchacho que era’’. Y es que durante la noche, dos camionetas del ejército se estacionaron en la entrada de la casa de Carlitos y se lo llevaron a un cuartel militar. Carlitos es Carlos Fazio Varela y formaba parte del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), guerrilla urbana en los 60 en Uruguay, fundada por José Alberto Mujica Cordano, quien alcanzaría la presidencia charrúa en 2010. En entrevista para Machetearte, Fazio Varela habla sobre la relación que tienen los casos Tlatlaya, Tanhuato y Ayotzinapa.
En México, el ejército, la marina, policías federales, estatales y municipales, maniobran bajo política de muerte. Los jóvenes ejecutados en Tlatlaya, estado de México, el enfrentamiento que dejó 42 cadáveres de supuestos miembros del crimen organizado en Tanhuato, Michoacán, y la jornada violenta del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, son ejemplos de tal política, en la cual las estructuras de seguridad del estado actúan como máquinas de guerra, narra Carlos Fazio, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Durante los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, disparar antes de juzgar, ejecutar por la espalda, desaparecer estudiantes y civiles, se convirtieron en actividades ‘comunes’ por parte de las estructuras de seguridad. El ‘estado de excepción’ llegó y se quedó. Con una mano en la cintura y otra tapando con un manto, se extermina al que no es ‘‘funcional’’.
Un ejemplo claro es el caso Tlatlaya, donde según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 15 de los 22 jóvenes caídos fueron ejecutados. Ahí, un punto de la visión expuesta por parte de la Secretaria de la Defensa Nacional se pisoteó, pues no se garantizó la ‘‘seguridad interior’’. Al contrario, los encargados de fortalecer dicha ‘‘seguridad’’ cometieron un crimen, y por lo tanto, cuenta Fazio, deben ser juzgados como criminales.
La necropolítica, es decir, la dinámica de muerte que llevan a cabo las fuerzas armadas en contra de los que son ‘‘desechables y exterminables’’, responde a un proyecto de los grandes [corporaciones y gobiernos] transnacionales (que no tienen sentimiento de patria), para controlar todos los flancos (políticos, culturales, económicos y territoriales).
Dentro de la necropolítica, las fuerzas de seguridad del Estado tienen contacto con grupos criminales en varias regiones del país. Además actúan con los mecanismos que la propaganda gubernamental le ha atribuido a los cárteles, —explica Carlos Fazio—. Ante tales argumentos, la propaganda gubernamental ha intentado limpiar la imagen de sus instituciones, sin embargo, si en Tanhuato hubo 43 bajas, de las cuales 42 fueron supuestos criminales y solamente un miembro de las fuerzas de seguridad, ¿no hay que dudar?
En Iguala se lleva a cabo (como en todo el estado) el operativo ‘‘Guerrero Seguro’’, acción en manos del ejército en la que intervienen la marina y policías federales, estatales y municipales. Dicho operativo es para que las estructuras de seguridad trabajen en conjunto. Se apoyan con el sistema de cámaras C-4, las cuales son coordinadas y monitoreadas por instituciones como la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, por lo cual, a Carlos Fazio no le tiembla la voz para aseverar que el caso Ayotzinapa fue un crimen de Estado.
En aquella noche fatídica, la sombra de ‘‘Guerrero Seguro’’ estuvo presente: desde los cercos que colocó la policía federal en las entradas a la ciudad de Iguala, según testimonios de viajeros que intentaban ingresar al municipio, el operativo de rastrillaje del batallón 27 de infantería, hasta el conocimiento en tiempo real de lo que ocurría de parte de las instituciones referidas. Independientemente de si varias de ellas no participaron físicamente en el ataque a normalistas y civiles en el municipio gobernado por José Luis Abarca, sí lo hicieron detrás del monitor. Y es que los crímenes de lesa humanidad se tipifican y castigan por acción directa o indirecta, por comisión u omisión.
La propia versión de la PGR en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, admite la participación de las policías municipales de Iguala y Cocula durante las 3 macabras horas, en las que se llevaron a cabo 3 modalidades de crímenes de lesa humanidad: ejecución sumaria extrajudicial (las 6 personas que murieron en las balaceras), tortura (en el caso de Julio Mondragón, normalista desollado) y 43 desapariciones forzadas. Por todo lo anterior, para Carlos Fazio, el caso Ayotzinapa fue una actuación más de la necropolítica.
