Por Eduardo Ibarra Aguirre
A pesar de que está seguro el titular del Ejecutivo federal que no violó la ley ni tampoco su esposa, o por lo menos eso planteó en su discurso sobre la muy afamada Casa Blanca de las Lomas de Chapultepec, ofreció “una sincera disculpa” porque “estoy consciente que estos acontecimientos dieron lugar a interpretaciones que lastimaron e incluso indignaron a muchos”.
No fue el mejor escenario el que escogió Enrique Peña Nieto para pronunciarse sobre la exoneración dictada por el fiscal que él mismo nombró para que lo investigara, y que resultó ser la 38 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, realizada en Palacio Nacional en agosto pasado, porque utilizó la presencia de 30 gobernadores, los nueve que pronto sustituirán a otros tantos y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, amén de “representantes de la sociedad civil” que actúan como funcionarios públicos, para formular una definición sobre tan delicado como políticamente costosísimo tema que es individual y hasta familiar, no digamos la expresión pública de sus sentimiento de agradecimiento y amor a Angélica Rivera y que son del ámbito privado, además de mal gusto ventilarlos públicamente cuando los trascendidos pretenden demostrar lo contrario.
El hecho de que sobre el anterior punto se produjera la ovación más cerrada, evidencia que la lambisconería persiste como cancerígena práctica gubernamental y que acaso no pocos aplaudidores se sintieron identificados con la problemática planteada por el orador.
Frivolidades aparte, que recuerdan al gobierno de José López Portillo (1976-1982), es importante que Peña Nieto tenga los tamaños para disculparse de cara a los gobernados y que asuma como propio el grave deterioro sufrido en la confianza de los mexicanos hacia los tres poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno, y el presidente en forma subrayada. La dimensión del problema es de tal magnitud que fue preciso reconocerlo, así sea con una visión pragmática, y aceptar que “estará cuesta arriba, nada fácil” superarlo.
Para el orador que fue exonerado por el caricaturesco fiscal, “Éste es momento de iniciar un profundo esfuerzo, un esfuerzo común para recobrar este valor que hemos perdido. Es momento de recuperar la confianza en México y en nosotros mismos. Es momento de estar más unidos que nunca, ya que enfrentamos, como país, un entorno económico internacional difícil y complejo”.
Y expresó una muy clara visión de que la confianza “no la vamos a recuperar con discursos. Ésta sólo regresará a partir de acciones concretas. (…) Vamos a acreditar que sí es posible conducirnos como servidores públicos, con plena transparencia y rendición de cuentas”.
También prometió que su conducta y la de sus funcionarios será apegada a derecho y que “nuestras acciones” no generarán desconfianza. Se percibe que habla a futuro y que del pasado pudo aprender los altos costos políticos y éticos de unas conductas por las que él y Luis Videgaray fueron exonerados por la verdad administrativa, pero existen muchas otras que no coinciden con la de la Secretaría de la Función Pública, como lo muestran las reacciones de dirigentes partidistas, legisladores y comentaristas que subrayan, en síntesis, que Virgilio “Andrade no convence a nadie” con el argumento de que cuando fueron compradas las casas al grupo Higa, contratista del gobierno mexiquense y hoy del federal, Peña y Videgaray no eran funcionarios públicos.
