Por Antonio Moreno
La andanada privatizadora sigue en marcha mediante las famosas reformas estructurales que le dan cuerpo al pacto contra-México, pacto que todos los partidos firmaron, ahora le corresponde el turno al sistema de seguridad social (IMSS e ISSSTE). Una situación que los trabajadores del sector han denunciando desde hace mucho tiempo como un hecho evidente es la privatización de los servicios de salud, que cancela el contrato colectivo de los trabajadores del instituto, reduciendo sus prestaciones y homologándolas con las de los derechohabientes; la subrogación de las guarderías infantiles, los servicios de intendencia y mantenimiento, de seguridad, etc., que se han convertido en lucrativos negocios privados demuestran esta realidad. Sin embargo existe un elemento que expone contundentemente que el gobierno tiene muchos años planeando convertir la seguridad social en un negocio privado: el surgimiento de las AFORES, SIEFORES y otros, ponen a disposición de grandes trasnacionales los ahorros de los trabajadores mexicanos, estos recursos que el pueblo trabajador ha ahorrado con gran esfuerzo para tener garantizada una pensión y que eran administrados al interior del IMSS, hoy son jineteados alegremente por Bancomer, Banamex, Copel, MetLife, etc.
La táctica para lograr estos privatizadores cambios en el IMSS y el ISSSTE es la misma que ya se aplicó en Mexicana de Aviación o con la Compañía de Luz y Fuerza: inducir carencias presupuestales de forma sistemática generando una crisis por carencia de recursos y provocar el descontento popular para después culpar a los trabajadores por tal situación, como ocurrió con los electricistas del SME o como está sucediendo con los profesores de la CNTE, todo es un plan para convencer a la sociedad de la conveniencia de la participación de la iniciativa privada (IP) en sectores estratégicos y aplastar a quien no esté de acuerdo, con la anuencia de una ciudadanía ya predispuesta por los medios de comunicación a en contra de todo aquello que huela a inconformidad organizada, manifestaciones, mítines, lucha social, etc.
Un aspecto lamentablemente importante de estos cambios es la reducción en la cobertura de los servicios de salud a un catálogo mínimo de enfermedades, que excluye a algunas de las más recurrentes y graves como el cáncer, la diabetes o la hipertensión, tal como hoy opera el Seguro Popular, de tal suerte que el derechohabiente tendrá que contratar un seguro para enfermedades mayores fuera del IMSS, a pesar de estar pagando sus cuotas.
Pero la consecuencia más delicada de estas modificaciones es el riesgo que corre la vida de las personas, ya que si las enfermedades graves y costosas no serán atendidas en el IMSS, tendrán que destinar recursos que no tienen para la atención de dichos padecimientos lo cual tenderá a aumentar los niveles de pobreza o en su caso acrecentar la mortandad de las personas debido a complicaciones en enfermedades perfectamente curables o controlables.
Para terminar apuntemos que para 2050 el número de personas mayores de 60 años serán la mayoría, con las consecuencias lógicas que ello conlleva; el deterioro de la salud por causas de todo tipo y si México es un país con nulo crecimiento económico desde hace décadas y que por ello ve profundizada y aumentada la pobreza, imaginemos las dificultades que tendremos que enfrentar los mexicanos si las reformas al sistema de salud en México llegasen a prosperar.
