Por Antonio Moreno
Los derechos humanos, son inherentes a todos sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, color, religión, lengua o cualquier otro distingo. Están interrelacionados y son interdependientes e indivisibles.
En la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, se dispone que todos los Estados tuvieran el deber, independientemente de sus sistemas económicos, políticos y culturales, de promover y proteger los derechos y libertades fundamentales. En 2010 la ONU reconoce el acceso al agua potable como un derecho humano. En México, en el art. 4 de la constitución se plantea que: toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y domestico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
El pasado 5 de Marzo, debido a las críticas de la sociedad civil y a la coyuntura electoral, fue pospuesta la discusión en la Cámara de Diputados, de la iniciativa de Ley General de Aguas Nacionales, que pretende tirar al bote de la basura el estatus que tiene el agua como derecho humano y convertirla en un negocio (privatización), modificaran la constitución y todo lo que sea necesario para poner en manos de los empresarios (refresqueros, mineros, agroindustriales, energéticos, etc.) el agua de la nación.
Esta nueva legislación impone restricciones importantes al consumo doméstico y casi ninguna para el consumo industrial, por ejemplo, en el art. 182 se plantea una necesidad mínima del vital líquido muy escasa para uso individual y domestico, y al uso industrial no se le ponen límites. Una muestra de ello son las empresas mineras, que requieren grandes cantidades de agua para el desarrollo de su actividad, un caso extremo es el llamado fracking, método utilizado para extraer gas Shale del subsuelo, en el cual, no solo se utilizan grandes cantidades de agua, sino que el agua resultante de dicho proceso tendrá niveles de contaminación muy altos, hasta radioactivos, y en la legislación no se contempla que tratamiento tendrá el agua utilizada, ni tampoco prever los impactos negativos al ambiente y a las poblaciones aledañas.
La asociación de la iniciativa privada con los sistemas de aguas estatales y municipales generará una mayor inequidad en la distribución del agua debido, entre otras razones, al establecimiento de tarifas reguladas por el mercado, y resulta obvio que son los sectores de la sociedad más marginados los que tendrán más problemas para pagar las tarifas impuestas, lo cual aumentara su marginación.
Aquí vale recordar que en Bolivia un intento por privatizar el agua en Cochabamba, detonó un movimiento popular (1999) de tal envergadura que terminó propiciando la caída del presidente y dictador Hugo Banzer y el posterior asenso de Evo Morales al poder, lo cual propicio un cambio radical en las formas de gobierno de aquel país.
El ejemplo de lo ocurrido en Bolivia demostró que el pueblo a pesar de sus limitaciones sabe que sin agua no hay vida y que es capaz de luchar por ella. En México bien haríamos en tomar conciencia de lo importante que sería tratar de impedir que esta nueva ley sea aprobada en el congreso; la movilización popular organizada tiene que tomar la palabra, porque los partidos políticos de dizque izquierda que existen en México, poco o nada harán para detener estas privatizadoras pretensiones.
