Por José Jiménez
Al iniciar la etapa más intensa del proceso electoral 2015, la campaña llamada también constitucional, el desprestigio marca a la clase política, a los partidos, a los candidatos, a las instituciones encargadas de organizar el proceso electoral y al gobierno en sus tres niveles.
Afirmaciones máximas se señalan constantemente pero no se escuchan, el ejercicio del poder y el gobierno trae desgaste, el actuar con imprudencia ante el ciudadano elector trae costos, o el que se debe cuidar celosamente la fama pública.
La clase política como sujetos, y los partidos políticos como organizaciones, con nuevas reglas de juego emanadas de la última reforma electoral de la época peñista, e instituciones, presentaron una actuación poco apegada a esas ‘máximas’ en las etapas de inicio del proceso, de organización interna y de precampañas para elegir y designar a candidatos.
El Instituto Nacional Electoral (INE) inició el 6 de octubre del año pasado el proceso para elegir a nueve gobernadores estatales, a los integrantes de la Cámara de Diputados federal, 903 presidencias municipales y 639 diputados de congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En esa oportunidad el consejero presidente atino a señalar que sería “la elección más grande en la historia del país”, ya que coincidirán los comicios federales con 18 estatales.
Al cumplirse un año de su reconfiguración , aún se recuerda la imagen de maniobras de trabajadores cambiando una letra y una palabra en el salón principal de sesiones del consejo o de la fachada principal, se señala que está agotado y sobrecargado de atribuciones, lo que va a requerir, pasando el proceso electoral, una nueva reforma que en lo fundamental atienda el problema de la fiscalización, que ya resulta un talón de Aquiles y tema prioritario, así como la regulación de la integración de su consejo general lejos de cuotas partidistas, la aplicación de sanciones y la propaganda. Se requerirá una nueva reforma electoral para corregir una mala reforma electoral, se dice, con la que hoy se conduce.
En lo inmediato el INE, los consejeros, intentarán imponer su autoridad, sortear situaciones señaladas como focos rojos y de tensión social o política, como son los casos conocidos de los estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y otros; dar una buena actuación frente al abstencionismo que se anuncia e imprimir y conducir el proceso con tranquilidad social para darle legalidad, legitimidad y salida a conflictos que seguramente se presentarán.
El INE es la autoridad formal responsable de todo el proceso electoral; en teoría lo sería para bien con una gran votación y las reglas del juego aplicadas y respetadas, pero en la realidad lo será para mal con un abrumador abstencionismo, más del predicho por ser una elección intermedia, con complicaciones en lugares de alta tensión social y política, con violación a las reglas del juego, en donde se dan verdades legales, como se quiso imponer en un asunto de importancia nacional, más no verdades legítimas.
