Por Alberto Híjar Serrano
Que un pequeño grupo de quince notables decida el nombramiento del Rector de la UNAM revela la reducción de la autonomía universitaria a farsa antidemocrática. Desde los años treinta en que el Rector era elegido de entre una terna propuesta por el Presidente de la República, sólo ha cambiado la apariencia autoritaria.
Ninguno de los miembros de la Junta de Gobierno ha estado jamás en una asamblea, una marcha, un plantón frente a Rectoría, la dirección de alguna escuela o instituto o la Secretaría de Gobernación. Ninguno figura en las memorias de movimiento estudiantil alguno, ni en cambio de planes y programas de consecuencias importantes. Rolando Cordera, que ha sido miembro de la Junta, brilló en Punto Crítico, en un taller de la Facultad de Economía y a partir de su pertenencia a los 49, mismo número del equipo de futbol americano de San Francisco, derivó en servidor de Salinas de Gortari para recibir canonjías muy variadas de la Presidencia y la Rectoría.
Los notables han sido docentes bien portados, de esos que escalan ordenadamente los pasos de la licenciatura a la maestría y al doctorado y posdoctorado. Han estudiado en Europa o Estados Unidos, han recibido becas, premios y nombramientos, algunos sirven a grandes empresas, en fin, forman parte orgánica del Estado mexicano y garantizan el cumplimiento de las sugerencias de los grupos de poder capitalista en la UNAM siempre en negociaciones con los contratistas del Estado.
Los hay que aspiran a ser como el actual rector Narro que de Secretario de Rectoría y de alto funcionario de la salud pública, pasó a ser Rector luego del movimiento estudiantil de entresiglos que mantuvo la huelga más larga que haya sufrido la UNAM: dos años de movilizaciones, asambleas, represiones y encarcelamientos culminados con la ocupación militar de Ciudad Universitaria y otras escuelas en la periferia del Distrito Federal. Antes, Juan Ramón de la Fuente, psicólogo de la Presidencia, llegó a la Rectoría bien recomendado y apoyado hasta el punto de dar prestigio hasta con la izquierda electorera y el gobierno del D.F. Torpe y mal asesorado, Narro declara oportunamente a favor de las instituciones del Estado. Por tanto, la Junta de Gobierno la hace de fetiche de autonomía realmente inexistente.
Desde tiempos remotos, la comunidad universitaria procuró ganarse un lugar en la crítica al Estado, desde la Colonia y hasta la huelga de estudiantes de artes que a la par que exigieron en 1912 nuevos planes y programas, exigieron la nacionalización de los ferrocarriles para poder viajar por el país en revolución. El vasconcelismo logró la autonomía en 1929 y con una comunidad dividida y agitada, la polémica entre el ex director de la preparatoria y dirigente obrero Vicente Lombardo Toledano y el filósofo idealista Antonio Caso, mereció por semanas los titulares de la prensa y desbordó los límites de la intelectualidad interesada en la libertad de cátedra y la orientación científica de la enseñanza superior.
Fue hasta 1968 cuando el marxismo fue incorporado a planes y programas de estudio. Antes tenía que ser ocultado hasta en la Escuela de Economía. Pasaba lo mismo que Sartre describe como presencia del movimiento obrero en las calles, la construcción de la URSS, las movilizaciones sindicales e internacionalistas en todas partes, todo insuficiente para la consideración del marxismo dentro de las universidades. Los quince de la junta de gobierno están muy lejos de esta problemática.
En los setentas las luchas por la autonomía y contra los manejos corruptos, fructificaron con el Autogobierno de Arquitectura en la UNAM con su consigna por la praxis, esto es, por la transformación del mundo y contra la arquitectura y el urbanismo para los consorcios. En la Escuela de Antropología del INAH, el cogobierno terminó con el indigenismo paternalista y opresor y abrió la Antropología Social como encuentro con el esplendor de las ciencias sociales fomentadas por los exiliados sudamericanos y por los trabajos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de un grupo de profesores luego captados e inutilizados por el Estado, salvo Pablo González Casanova y Flores Olea que todavía critican al Estado.
A sus personeros, la UNAM les otorga doctorados honoris causa donde no caben los marxistas ni los intelectuales del lado del pueblo organizado. El más influyente y famoso egresado de la UNAM entresiglos, avecindado en las cañadas de Chiapas como vocero del EZLN, nunca será doctor honoris causa. No hay ni un triste salón con su nombre.
