Por Luz Cecilia Andrade
Fuentes: https://cimacnoticias.com.mx
Ciudad de México.- A cinco días de dejar la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, logra que una de sus reformas constituciones más controvertidas sea aprobada, durante la madrugada de este miércoles el senado de la República aprobó la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), consolidando el proceso de militarización.
El día 23 de agosto dictamen fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales para ser turnado, discutido y aprobado por la Cámara de Diputados el 19 y la madrugada del 20 de septiembre. Ahora que esta reforma fue aprobada en lo general y en lo particular en el Senado, tiene que ser aceptada por al menos 17 congresos estatales y regresar a ambas Cámaras para que validen su constitucionalidad.
Esta aprobación coincide con el décimo aniversario de la desaparición de 43 jóvenes de Ayotzinapa en Iguala, hechos que aún persisten en la impunidad; a dos del Día de Acción Global por la despenalización del aborto y a ocho del aniversario 56 de la masacre de estudiantes por parte de militares en Tlatelolco.
En la carrera por aprobar una de las reformas más polémicas propuestas el pasado 5 de febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, la primera mujer presidenta de México en 200 años de historia, el 1 de octubre, el ambiente político y social del país en vísperas de un nuevo gobierno no tiene precedentes.
Con su modificación, se propone:
- Definir a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública, pero con personal de origen militar.
- El titular de la Guardia Nacional es designado por la Presidencia a propuesta del titular de SEDENA.
- La SEDENA manejará el presupuesto de la Guardia Nacional.
- La Guardia Nacional estaría bajo el mando de la SEDENA para implementar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, misma que sería diseñada por la Secretaría de Seguridad.
- Los miembros de la Guardia Nacional solo podrían ser juzgados por tribunales militares.
- La Guardia Nacional también podría realizar labores de investigación.
- El personal militar y naval que pasen a la Guardia Nacional dejarán de ser parte de la fuerza armada de origen, pero se les respetará sus derechos laborales
- El personal de la extinta Policía Federal será cesado de la Guardia Nacional y pasarán a la Secretaría de Seguridad
- El Congreso estaría facultado para crear una Ley de Seguridad Interior que regule la participación del Ejército, Marina y Fuerza Aérea en temas de seguridad pública.
- Abre la puerta para permitir que los militares puedan desempeñar más funciones ajenas a la disciplina militar en tiempos de paz, diluyendo los actuales límites constitucionales.
La violencia exacerbada por parte de grupos del crimen organizado en Culiacán; los intentos de despojo de tierras a grupos indígenas sin atender en Michoacán; la desaparición de mujeres y niñas —incluidas migrantes— desmedida en Chiapas y una gran revuelta llena de indignación por parte de mujeres y hombres de todo el país que buscan a más de 100 mil desaparecidas y desaparecidos en el territorio mexicano, son el escenario para el cambio de gobierno que señaló en repetidas ocasiones que “habrá tiempos de paz” y se autoproclama como “Tiempo de mujeres”.
El día martes, horas antes de la aprobación de la reforma a la GN, los movimientos sociales por parte de normalistas —a un día del 10mo aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural— encararon este dictamen a las afueras del Senado con petardos, pintas y reclamos por darle poder al Ejército.
“Por eso estamos aquí, hoy en día, frente a esta institución para hacer una clara protesta con la fuerza que se le está dando al poder militar. ¿Cómo van a pasar la Guardia Nacional a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional? Un ejército que ha sido opaco, un ejército que no rinde cuentas ante nadie, un ejército que está por encima de las leyes, que está por encima de la Constitución”, dijo Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos frente a la Cámara de Senadores.
Tras estas declaraciones, las y los normalistas se replegaron en punto de las tres de la tarde pues la reforma no se discutiría sino hasta las diez de la noche de ayer.
Para este momento, en la tercera sesión parlamentaria, las y los senadores de la oposición decantaron sus primeras discusiones sobre el riesgo de posibles violaciones de derechos humanos en caso de aprobarse la reforma.
“La reforma a la GN no significa que habrá militarización”, declaró la secretaria de Morena Citlalli Hernández en el podio del Pleno. Sin embargo, las y los legisladores de oposición acusaron a sus colegas de la coalición mayoritaria de ser incongruentes al cambiar su postura respecto a la presencia militar en tareas de seguridad pública.
Por su parte, Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano (MC), acusó al gobierno morenista de desmantelar a las policías municipales y estatales y de intentar avanzar en la militarización, acción que, en sus palabras, «no es de una verdadera izquierda”.
“¿En qué momento dejaron de considerar al Ejército en las calles como una militarización? Esta inminente militarización que hoy nos están proponiendo, ustedes lo saben, vulnera las garantías individuales, sobre todo de aquellos territorios en donde hay mayor criminalidad”, detalló la senadora.
Sin embargo, nuevamente todos los argumentos de la minoría fueron ignorados pues la reforma se aprobó con 86 votos a favor por parte de Morena y aliados y 42 en contra por los partidos de oposición (PAN, PRI, MC) en la madrugada, algo que Ricardo Anaya, integrante del PAN y excandidato a la presidencia de México destacó en su participación: “De noche quisieron que pasara la militarización de la seguridad en nuestro país, pero que no pase desapercibida”.
De esta forma, en punto de las seis y media de la mañana, el Pleno aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional que traslada la GN a las Fuerzas Armadas y permite que los militares estén activos en tiempos de paz, luego de 167 años de tenerlo prohibido. El voto decisivo nuevamente fue de Miguel Ángel Yunes Márquez.
“El único poder al que aspiran nuestras Fuerzas Armadas es el de poder servir a México, no aspiran al poder político”, declaró Yunes.
Ahora que esta reforma fue aprobada en lo general y en lo particular en el Senado, esta tiene que ser aprobada por al menos 17 congresos estatales y regresar a ambas Cámaras para que validen su constitucionalidad, así como sucedió con la reforma al Poder Judicial.
AMLO consolida la militarización en México
La reforma a la Guardia Nacional es un hecho histórico sin precedentes que se venía gestando desde el principio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Con excepción de la Ley de Seguridad Interior, aprobada en 2017, todas las iniciativas legislativas que ampliaron las facultades de los militares se aprobaron en su sexenio.
De 2007 a 2022 el gobierno federal ha firmado 258 acuerdos para transferir funciones y presupuesto civil a instituciones militares. De este total, 94 acuerdos han sido firmados por la administración de AMLO, el 36.4 por ciento.
Así lo apunta el Inventario Nacional de lo Militarizado, que documenta el incremento de la presencia castrense en el país. Esta base de datos, realizada por el Programa de Política de Drogas (PPD), México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) e Intersecta señala que también en este sexenio se ha profundizado la militarización en la vida civil del gobierno y afectado a la población más vulnerable, como mujeres, niñas y personas migrantes e indígenas.
Al respecto, el excandidato presidencial, Ricardo Anaya argumentó que el mejor termómetro para medir la violencia son los homicidios dolosos y en ese sentido el sexenio de López Obrador, con alrededor de 200 mil casos aun con militares en seguridad pública, refleja un fracaso: “Ustedes ganaron la elección pero no por sus resultados en seguridad pública (…) ganaron a pesar del fracaso en seguridad”.
En la administración de Felipe Calderón (2006-2012), el 43 por ciento de los convenios federales transfirieron a instituciones militares alguna función civil que no era de seguridad pública. Esta cifra fue del 69 por ciento con Enrique Peña Nieto (2012-2018). Mientras tanto, con López Obrador el porcentaje subió a 83 por ciento.
En materia de protección y seguridad de las mujeres, el MUCD señala en su informe de 2021 La militarización: afectando desproporcionalmente a las mujeres en Méxicoque en México las mujeres se han visto mayormente afectadas por la militarización de la seguridad pública por diversas razones entre las que se destacan violaciones a los derechos humanos cometidas directamente por el Ejército y la Marina. A esto le podemos sumar el aumento generalizado de la violencia en el país.
La Investigación periodística de 2024 “Permiso para matar” documenta que 250 mujeres fueron víctimas de asesinatos y desapariciones en México, desde el año 2006 y hasta 2022 a manos de policías estatales, agentes federales, soldados y marinos.
Incluso se han advertido por parte de organizaciones civiles como Intersecta y Data Cívica las violaciones a los derechos humanos de mujeres, hombres, infancias y adolescencias que trae consigo la militarización, pero todos estos análisis han pasado de largo, pues la población mexicana continúa confiando ampliamente en las fuerzas armadas.
Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del segundo trimestre de 2024 del Inegi, el Ejército tiene un 82.9 por ciento de aprobación. Un porcentaje apenas menor en un punto al inicio del sexenio de López Obrador, 84.3 por ciento.
Frente a este panorama quedan incertidumbres sobre si la adscripción de la Guardia Nacional a la SEDENA será la mejor opción para la garantía de derechos de las y los mexicanos. Las respuestas hasta el momento no son favorecedoras.
Lo que sigue
Con la aprobación de la reforma a la Guardia Nacional, se renuevan 12 artículos de la Constitución Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Estos son el 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129.
Ahora que esta reforma fue aprobada en lo general y en lo particular en el Senado, tiene que ser aprobada por al menos 17 congresos estatales y regresar a ambas Cámaras para que validen su constitucionalidad.
Tras la aprobación de este dictamen, se espera que también en días posteriores se discuta y apruebe la nueva reforma a las fiscalías y defensorías públicas así como la regulación de la portación de armas por parte de ejidatarios, jornaleros y comuneros.
