Por Arantza Díaz
Fuentes: https://cimacnoticias.com.mx
Ciudad de México.- El día viernes 23 de agosto, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto para la eliminación de siete organismos autónomos entre los que destacan el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y aunque sabemos que sus funciones serán absorbidas por alguna secretaría federal, lo cierto es que su trabajo futuro está en entredicho.
El eje fundamental de este debate es que la iniciativa de reforma plantea que el INAI ha sido una «institución onerosa, con una estructura burocrática obesa» y que, además, no ha garantizado el acceso a la información desde su fundación.
En respuesta, el INAI revira a esto y pone en la mira una serie de escenarios en los que su trabajo fue claro para desentrañar algunos de los casos más importantes de los últimos años, entre ellos, el Caso Ayotzinapa.
El INAI ha sentenciado que el órgano ha sido fundamental para la obtención de información relacionada al actuar de las autoridades, así como para denunciar la corrupción, el desvío de recursos y mirar de cerca las políticas públicas impulsadas por el estado. De esta forma, estas son 10 veces que el INAI ajustó cuentas con el poder ejecutivo:
La masacre de San Fernando
Entre 2010 y 2011 en San Fernando, Tamaulipas, al menos 196 personas migrantes de origen centroamericano fueron asesinados. Según se documentó, la mayoría fueron hombres quienes fueron interceptados en su paso por la carretera 101 en su paso hacia Matamoros, un camino obligado y que estaba plagado del control absoluto a manos del cartel los zetas.
En 2010 se encontraron los primeros 72 cadáveres en fosas clandestinas y todo ese año, en un periodo de ocho meses, continuaron cometiéndose estos delitos en contra de todo migrante que atravesara por este territorio. Se registraron un total de 7 fosas clandestinas.
El caso de San Fernando estalló gracias a que el INAI exigiera a la Fiscalía General de la República dar a conocer la investigación que se tenía sobre el tema y dar información certera sobre las 7 fosas clandestinas que habían sido encontradas en el territorio.
Tlatelolco, 1968
La matanza de Tlatelolco se mantuvo en la opacidad durante décadas; el Estado mexicano rechazaba toda participación en lo acontecido y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se negaba a nombrar los hechos como genocidio.
Organizaciones como el Comité 68 señalaron que los abogados del caso, defensores de Echeverria Álvarez y Mario Moya, y otros funcionarios del Estado mexicano argumentaban que todo se trató de enfrentamientos que, accidentalmente, encauzaron en homicidios. Reconocieron el hecho como «homicidio en riña», más no como genocidio.
«El rechazo tajante del Comité 68 a la apertura de la causa penal del 10 de junio y del 2 de octubre con base en el delito de homicidio o cualquier otro obedece no sólo a que estos delitos ya habrían prescrito desde hace muchos años, sino que obedece fundamentalmente a que de esa manera se minimizan y trivializan los hechos, lo cual es una ofensa para las víctimas, un atentado contra la verdad histórica y la prolongación de la impunidad jurídica.» (Comité 68)
El INAI instó al Estado a que toda información relacionada a la represión del ejército contra las y los estudiantes que protestaron en Tlatelolco 68 era de carácter público.
Caso Ayotzinapa
En 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa, Guerrero, fueron atacados y desaparecidos por parte de elementos de seguridad de Iguala y Cocula. Se sabe de forma certera del homicidio de 3 estudiantes.
Este hecho se convirtió en uno de los más complejos de la historia contemporánea de nuestro país, pues evidenció la brutalidad policiaca, la colusión, la impunidad y la grave crisis de desapariciones forzadas que han sido incontenibles para el Estado.
El caso de Ayotzinapa despertó el movimiento colectivo en todo el país que desde hace 10 años exigen al Estado el esclarecimiento de los hechos y castigo a los culpables.
«La indignación frente a estos hechos es masiva, al igual que las desapariciones en nuestro país. Es masiva por la vida de los normalistas y por el hecho mismo de la desaparición, pero también porque son jóvenes, estudiantes, futuros profesores rurales, muchachos provenientes de regiones con rezago social; también es masiva por las aspiraciones de los estudiantes normalistas: ser agentes de transformación social» (Centro Prodh).
El papel del INAI en este caso fue ordenar a la Fiscalía General de la República (FGR), dar a conocer una versión pública sobre la desaparición de los 43 estudiantes y con ello, construir el camino hacia el esclarecimiento de lo acontecido la noche del 26 de septiembre del 2014.
Caso Tlatlaya
El 30 de junio del 2014, en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, estado de México, un total de 22 personas fueron asesinadas a manos del Ejército Mexicano.
Este episodio marcó el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues evidenció la opacidad en la que se mueve el gobierno en turno para justificar y deslindar su responsabilidad de masacres, desapariciones, torturas y crímenes contra la población civil.
Según manejó el Estado, las personas que habían muerto eran delincuentes acaecidos en un enfrentamiento con las fuerzas armadas que sólo hacían su trabajo. Sin embargo, esta versión fue desmentida por una de las mujeres que sobrevivió al ataque, quien sostuvo que el Ejército abrió fuego en una bodega donde había mujeres y personas menores que, posteriormente, fueron privadas de su libertad y finalmente asesinadas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos refirió que el Estado alteró la escena del crimen para hacer parecer que las personas habían ocurrido en un contexto de enfrentamiento; sus cuerpos fueron movidos, cambiados de posición y sustrajeron todo equipo de telecomunicación.
Al igual que en el caso de Ayotzinapa, el INAI exigió a la FGR que el Estado presentara una versión pública de los hechos con el objetivo de esclarecer su responsabilidad y el actuar articulado entre el poder ejecutivo y la Sedena.
Caso Odebrecht
Según refiere el INAI, su trabajo en este caso resultó medular, luego de ordenar a Petróleos Mexicanos (Pemex), la apertura de la información sobre el caso Odebrecht, uno de los acontecimientos más grandes en materia de corrupción a nivel América Latina, donde se expuso la manera en que funcionarios del gobierno de México recibieron sobornos millonarios.
Este caso involucró a 14 países de la región y tuvo presencia comercial en otros 100. En resumidas cuentas, el hecho se remontó a 2016, cuando la empresa constructora Odebrecht originaria de Brasil se enfrentó a un juicio por presunta corrupción; lo que empezó como una nota entre los medios brasileños, terminó por dar la sorpresa internacional.
En el juicio, la empresa Odebrecht reconoció haber sobornado a decenas de políticos en toda la región con la finalidad de obtener contratos multimillonarios a favor de la constructora. Nombrando, así, a países como México, Argentina, Colombia, Guatemala, Panamá, Ecuador (Jorge Glas), Perú y otras naciones africanas.
Socavón en el Paso Exprés
En 2017 sucedió un accidente automovilístico en el Libramiento Cuernavaca «paso exprés», donde un auto -con dos pasajeros- cayó en un socavón de ocho metros de diámetro. Se había prometido que la construcción tendría una durabilidad de décadas, sin embargo, sólo 3 meses después de que se inaugurara esta obra, sucedió este accidente que cobró la vida de un padre y su hijo.
En respuesta a lo acontecido, el INAI produjo un documento de transparencia de acceso público con toda la información recabada sobre el caso y las autoridades responsables de la verificación de la obra, lo que permitió poner la lupa sobre el papel que desempeña el Estado en la construcción de las obras.
Estafa maestra
El Inai resolvió 252 quejas que contribuyeron a que se desarrollara la investigación periodística en el caso de la «Estafa maestra», uno de los más importantes en materia de corrupción durante el sexenio de Peña Nieto.
En 2017, se publicó la investigación «La estafa maestra» que expuso todo un sistema de 128 empresas fantasmas y que fueron escudo para que el Gobierno Federal Mexicano desviara más de 400 millones de dólares. El caso involucró a universidades públicas, una plantilla de empresas y un aproximado de 50 servidoras y servidores públicos.
Créditos Fiscales
Un tema que en los últimos años ha adquirido especial relevancia y se ha convertido de interés para la sociedad, es lo relacionado con los créditos fiscales otorgados en nuestro país y, principalmente, las condonaciones y cancelaciones de los mismos.
El INAI resolvió 111 quejas relacionadas con el tema. Destaca la resolución en la que ordenó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) revelar los nombres de las empresas y montos condonados o cancelados por el pago de impuestos.
Padrón de Beneficiarios del Gobierno Federal
El INAI puso a disposición de la sociedad la información publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia sobre los padrones de 8 programas sociales que, en conjunto, suman más de 15 millones de personas beneficiarias durante la administración obradorista 2018-2024.
Así, se produjo un listado completo de cuál es la cantidad exacta de personas que se benefician de, por ejemplo, el Programa de Pensión para Adultos Mayores o de Jóvenes Construyendo el Futuro. Permitiendo cuadrar la cantidad de presupuesto destinado con relación al número de personas beneficiarias.
Segalmex
Seguridad Alimentaria Mexicana, organismo sectorizado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo rural, es el encargado de buscar la autosuficiencia alimentaria de los cuatro granos básicos: maíz, trigo, arroz y frijol. Así como de la leche en México, siendo su objetivo primordial, contribuir al desarrollo económico, combatir el hambre y la desprotección alimentaria de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Así, con una responsabilidad de hacer garantes a las y los mexicanos su derecho a la alimentación accesible y nutritiva, la Segalmex incurrió en posibles actos de corrupción.
Así, el INAI exigió mil 523 solicitudes de acceso a la información y demandó al órgano sus obligaciones de transparencia, por ejemplo, en contratos por honorarios, inventario de bienes, declaraciones patrimoniales, sueldos y demás.
Asimismo, ordenó a la FGR entregar todas las denuncias por presunto daño patrimonial que cometió la Segalmex, pues se proyecta que el órgano desvío hasta 10 mil millones de pesos a empresas fantasma.
En resumidas cuentas, simulaban la adquisición de granos, pesticidas, leche y otros productos agrícolas, dejando así, una huella importante en el erario público del sexenio de López Obrador y también, recrudeció el abandono y precarización del campo agrícola.
En su mañanera del 3 de agosto, AMLO reconoció el caso Segalmex como el que manchará su sexenio y refirió que será un peso que deberá cargar.
Hasta el momento, hay 17 personas en proceso penal por su presunta responsabilidad en el fraude multimillonario Segalmex.
