Por Patrick Iber y Humberto Beck
Durante sus cinco años en el cargo, Andrés Manuel López Obrador, dejó rara vez el país. Pero en septiembre de 2023, AMLO, como es comúnmente conocido, viajó a Colombia y a Chile, países latinoamericanos hoy gobernados también por la izquierda. En Colombia, se reunió con el presidente Gustavo Petro y participó en la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, donde Petro exigió poner fin a la fallida estrategia de «considerar que las drogas son un problema militar y no un problema de salud de la sociedad». El presidente mexicano señaló que preservar la unidad familiar y combatir la pobreza son acciones claves en la lucha contra las drogas. En Chile, se sumó al presidente Gabriel Boric en la conmemoración del decimoquinto aniversario del golpe de Estado que depuso al presidente socialista Salvador Allende. AMLO, que tenía 19 años en aquel momento, recuerda vívidamente el golpe. (Boric, en cambio, nació en 1986.) En la conferencia de prensa conjunta, Boric alabó a México por haber ofrecido refugio a miles de chilenos obligados a exiliarse a causa de la dictadura de Augusto Pinochet. AMLO describió a Allende como «el dirigente extranjero que más admiro» y agregó: «fue un humanista, un hombre bueno, víctima de canallas».
Si el objetivo del viaje fue enviar un mensaje de unidad para los líderes de izquierda, hubo no pocas ironías. AMLO voló en un avión militar a fin de evitar el espacio aéreo peruano, donde ha sido declarado persona non grata por apoyar a un presidente que trató sin éxito de disolver el Congreso del país para permanecer en el poder. Petro condenó la militarización de la guerra contra las drogas y Boric lamentó la intervención militar en la política chilena, pero AMLO ha asignado a los militares de México un mayor rol no solo en las campañas antidrogas sino también en otras áreas del gobierno. Boric ha criticado abiertamente el autoritarismo en la izquierda y la derecha, mientras que AMLO ha guardado silencio respecto de los gobiernos de izquierda autocráticos de Cuba y Nicaragua, en nombre del respeto por la soberanía. Pero la mayor ironía, tal vez, sea que AMLO retiene el apoyo popular en su país, mientras que Petro y Boric han tenido dificultades en los suyos.
«El presidente Allende nos dejó muchas lecciones», dijo AMLO en Chile. «De él aprendimos que la mejor forma de lograr una verdadera transformación depende en mucho del esfuerzo que hagamos para despertar la conciencia cívica, del cambio de mentalidad en nuestros pueblos, no sólo de un grupo o una minoría, sino de amplios sectores de la población, de una mayoría lo suficientemente poderosa para establecer un nuevo orden social y político». Esta fue una lección dolorosa del fracaso de Allende: su apoyo electoral no fue nunca mayoritario. Pero el de AMLO sí. En el inicio de su último año en el cargo, los índices de aprobación están donde han estado desde hace varios años: entre 60% y 70%. A fines de 2023, Petro y Boric languidecían en niveles cercanos a 30%.
Sin embargo, el gobierno de AMLO ha debido enfrentar críticas considerables en su país y en el exterior, entre ellas por lo que se percibe como un retroceso de la democracia. Y muchos de los problemas que pesan sobre Petro y Boric también pueden estar presentes en el caso de AMLO. Petro ha debido lidiar con acusaciones de corrupción contra miembros de su familia, al igual que AMLO. Boric ha sido criticado por su manejo del delito violento y la inmigración, al igual que AMLO.
No obstante, AMLO es el único entre ellos que ha construido una base de apoyo amplio y la ha conservado. Su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), parece preparado para retener el control de la Presidencia una vez que él deje el cargo y para seguir siendo la fuerza política dominante del país. (Los presidentes de México cumplen un único mandato de seis años en el cargo, sin posibilidad de reelección). Sin embargo, es más difícil elucidar qué significa el legado de AMLO para la izquierda de América Latina. No construyó su sostenida popularidad sobre la base de posturas exclusivamente de izquierda, sino combinando políticas y posturas tradicionalmente identificadas con la izquierda y la derecha. En otras palabras, construyó una nueva hegemonía política en México desarrollando una izquierda curiosamente conservadora. Como tal, la política mexicana se reconfiguró en campos pro- y anti-AMLO, con partes de la izquierda en ambos, lo cual deja a la izquierda sin una salida institucional clara.
La economía
Después de años de un desempeño económico mediocre, México está registrando un crecimiento significativo. Las remesas desde Estados Unidos aumentaron, mientras que el nearshoring (la práctica llevada adelante por empresas estadounidenses de instalar sus fábricas en México en lugar de Asia para reducir costos de transporte), así como las presiones internacionales orientadas a independizar las cadenas de suministro de China produjeron un fuerte flujo de inversiones extranjeras. El peso mexicano incrementó en forma significativa su valor en los dos últimos años. El desempleo se encuentra en mínimos históricos, la pobreza disminuyó, las reformas progresistas expandieron los derechos laborales y los aumentos del salario mínimo ayudaron a incrementar el poder adquisitivo.
AMLO también se atribuye el mérito de haber ampliado los programas sociales, pero la realidad no es tan clara. Por un lado, son más los mexicanos que cuentan con algún tipo de programa social que en los años anteriores al gobierno de Morena, y el monto total del gasto por beneficiario se ha incrementado. Sin embargo, como porcentaje del PIB, el gasto social es ligeramente más bajo que durante el gobierno anterior a AMLO, y es el más bajo entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El principal cambio estructural en el mandato actual consistió en desmantelar planes de transferencia de efectivo más pequeños y, a menudo, condicionales en favor de jubilaciones universales por vejez y algunos otros programas insignia. La expansión de las jubilaciones universales constituye un desarrollo positivo, y muchos mexicanos que han trabajado arduamente con salarios muy bajos durante décadas están comprensiblemente agradecidos. Pero a pesar del eslogan gubernamental «Por el bien de todos, primero los pobres», un porcentaje más reducido del gasto social general va a los muy pobres, y el sistema ha perdido, en realidad, cierta progresividad. Los datos de 2022 muestran que el decil de ingresos más bajos recibe un porcentaje menor de beneficios hoy que antes de AMLO. Más de la mitad de las familias extremadamente pobres no reciben beneficio alguno. Mientras tanto, son más que antes las personas situadas en la categoría de más altos ingresos que reciben ayuda social, en parte porque el programa más importante se basa en la edad y no en el ingreso. Si bien la pobreza se ha reducido en forma modesta, la pobreza extrema, en realidad, creció.
En nombre de la lucha contra la corrupción y la «austeridad republicana», el gobierno de AMLO le retiró recursos a una cantidad de instituciones estatales. Como resultado, se creó una grave situación en las instituciones públicas de salud: según las propias cifras del gobierno, la cantidad de mexicanos que carecen de acceso a la atención de la salud aumentó de 20,1 millones en 2018 a 50,4 millones en 2022. El plan federal de atención de la salud se encuentra subfinanciado, además de ser inadecuado. El presupuesto 2024, aprobado en noviembre pasado, incluye un aumento de fondos para programas sociales, de modo que el próximo año electoral puede traer mayor generosidad. No obstante, la mayor prioridad en el presupuesto se otorgó a las Fuerzas Armadas, para las cuales la financiación aumentó en más de 130% respecto del año anterior.
Delito y violencia
El incremento en los fondos destinados a los militares refleja la decisión de AMLO de elevar el estatus de las Fuerzas Armadas como institución. Fue el presidente conservador Felipe Calderón quien durante su mandato (2006-2012) dispuso por primera vez la participación a gran escala de los militares en la lucha contra el delito organizado. Desde entonces, la violencia y el delito persistieron como un grave problema grave, aunque desigual desde el punto de vista geográfico, para México; cuanto mayor fue la intervención de los militares, más crecieron la violencia y el delito. Durante la campaña, AMLO prometió reducir esta participación, pero una vez en el poder hizo lo opuesto. Le otorgó a las Fuerzas Armadas un rol decisivo en una serie de áreas, entre ellas la construcción y administración de grandes proyectos de infraestructura, la vigilancia policial de los migrantes, el control de los puertos, aeropuertos y aduanas, e incluso la operación de una nueva aerolínea comercial.
AMLO justifica estas acciones invocando la supuesta eficacia, lealtad e incorruptibilidad de los Fuerzas Armadas. Sin embargo, dada la índole jerárquica y reservada de las organizaciones militares, el recurso de AMLO a los militares entraña el riesgo de incrementar la opacidad y falta de rendición de cuentas del Estado mexicano. Según el politólogo Julio Ríos-Figueroa, las Fuerzas Armadas mexicanas jamás hicieron una transición completa a un régimen democrático y siguen insistiendo en la autonomía institucional. Ni la Secretaría de Defensa ni la Secretaría de Marina (equivalentes a ministerios) se encuentran bajo el comando de un civil, como es habitual en otras democracias latinoamericanas. Se encuentran, en cambio, bajo la dirección de oficiales militares de alto rango que a menudo se rehúsan a informar sus actividades ante instituciones como el Congreso. De acuerdo con la investigadora Sonja Wolf, AMLO «también expandió la presencia, las atribuciones y los presupuestos de las Fuerzas Armadas en detrimento de las instituciones civiles encargadas de hacer cumplir la ley y de la justicia penal». Además, escribe, «las tareas y recursos asignados a las fuerzas armadas tienden a estar exentos de obligaciones de transparencia». Por ejemplo, la Guardia Nacional, una fuerza nueva creada como sustituto de la Policía Federal, opera de acuerdo con estándares militares, en contraposición a las fuerzas policiales civiles, y la mayoría de sus miembros y mandos son militares. Soldados de las Fuerzas Armadas están implicados de manera habitual violaciones de los derechos humanos, como el reciente asesinato de cinco civiles desarmados en Nuevo Laredo.
El mayor recurso a los militares no se tradujo en mejoras sostenidas de la seguridad pública. Si bien se ha registrado una leve reducción del índice de homicidios (una reducción de menos de 10%), la extorsión se incrementó en casi 30% y surgieron nuevas organizaciones delictivas. El número oficial de personas desaparecidas en México es de más de 100.000, y algunas organizaciones de defensa de los derechos humanos estiman que ese número podría ser mucho mayor. Según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, para fines de 2022 había 37.600 nuevos desaparecidos durante el mandato de AMLO, más que en cualquiera de los dos gobiernos anteriores. Dadas las actuales tendencias, es probable que el mandato de AMLO sea el más violento en la historia moderna de México.
Pluralismo
La victoria que obtuvo AMLO en 2018 mucho le debió a la deteriorada imagen pública de los partidos anteriormente el poder: el conservador Partido Acción Nacional (PAN) de Felipe Calderón y el otrora hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI) que gobernó con Enrique Peña Nieto. La reputación del PAN se vio más gravemente dañada por el proceso penal contra Genaro García Luna, ex-secretario de Seguridad Pública de Calderón, que fue declarado culpable en 2023 de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa. Por su parte, el PRI, que debió enfrentar los efectos colaterales de sus propios escándalos de corrupción, perdió su último bastión, la gobernación del Estado de México, en 2023. La creación de Morena también dejó al Partido de la Revolución Democrática (PRD), que en el pasado fuera el abanderado de la izquierda, como una carcasa vaciada de identidad. El PRD, tras procurar mantener una opción «socialdemócrata» viable, se alió con sus antiguos opositores de derecha y está a punto de desaparecer por completo. Un partido nuevo que permanece fuera de la coalición de AMLO, Movimiento Ciudadano, controla algunas gobernaciones, pero sigue siendo ideológicamente vago a pesar de emplear una retórica socialdemócrata.
Durante la transición de México a la democracia, a fines de la década de 1990 -que culminó en la derrota del PRI en la elección de 2000-, los líderes partidarios de izquierda y derecha convergieron en temas como elecciones limpias y una estructura de gobierno liberal y democrática que incluyera la separación de poderes e instituciones independientes. A AMLO este modelo no lo atrae y se ha enfrentado con varias instituciones. AMLO siempre prefirió una «democracia popular» a una democracia liberal. «El gobierno es el pueblo organizado, y el mejor gobierno es cuando el pueblo se organiza», ha declarado describiendo un sistema mediado por un líder carismático que conoce y representa los intereses del pueblo.
AMLO demostró su capacidad para movilizar grandes multitudes. Más de una vez, sus seguidores llenaron la plaza central de Ciudad de México, el Zócalo, para celebrarlo a él y a su gobierno. Pero en febrero de este año, el Zócalo se llenó, en cambio, de críticos que marcharon en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) contra los cambios instituidos por Morena que restringirían la autonomía y las capacidades de la autoridad electoral y habilitarían mayor influencia de la rama ejecutiva del gobierno en las elecciones. Los manifestantes, mayormente miembros de las clases media y alta urbanas, esperaban alentar a la Suprema Corte para que anulara los cambios. AMLO, como suele hacerlo, calificó a quienes no acordaban con él como parte del «bloque conservador». «Solían fingir que había diferencia entre el PRI y el PAN», dijo en una de sus conferencias matutinas diarias. «Y ahora sabemos que no es así. Caminan juntos, de la mano».
A medida que se aproxima el fin de su mandato, AMLO fue intensificando sus esfuerzos por centralizar la autoridad y el poder en la figura del presidente, usando un lenguaje polarizante contra la oposición, la prensa, las elecciones electorales y de transparencia autónomas. A esos opositores ahora ha sumado el Poder Judicial, en especial la Suprema Corte, que en efecto rechazó la reforma electoral propuesta por su partido. AMLO anunció su intención de obtener en 2024 una mayoría legislativa que enmiende la Constitución de modo tal que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por el voto popular. Dada la capacidad de AMLO y de Morena para influir en la movilización social, una reforma de esa índole probablemente significaría el fin de la separación de poderes.
Movimientos sociales
Si bien AMLO concibe la democracia como un pueblo organizado que se gobierna a sí mismo, eso no significa que considere al pueblo organizado una parte de su gobierno. Su llegada al poder tuvo lugar tras intensas movilizaciones sociales que surgieron en respuesta a las deficiencias y limitaciones de los gobiernos previos elegidos democráticamente. Muchos esperaron que su gestión diera mayores respuestas a las demandas de los movimientos sociales y que, incluso, alentara la movilización como una forma de participación ciudadana. Lo que sucedió fue exactamente lo opuesto. AMLO ha mostrado hostilidad hacia las movilizaciones llevadas a cabo con el objetivo de expandir la inclusión social y, como resultado, se han producido una serie de conflictos y enfrentamientos. El presidente afirmó en ocasiones que los movimientos sociales son elitistas y engañosos. «En lugar de ayudarnos, nos ponen obstáculos», dijo. El presidente y muchos de sus seguidores parecen creer que, después de la victoria de 2018, la movilización social se volvió redundante, pues es el mandatario quien da voz a todas las demandas populares. O, peor aún, creen que esos movimientos actúan en forma deliberada o velada como aliados de sus opositores políticos, los conservadores, una etiqueta que el presidente aplica a sectores amplios y diversos de la política y la sociedad mexicanas que no acuerdan con sus políticas o se oponen a su estilo de gestión del Estado. La hostilidad de AMLO hacia los movimientos sociales revela su incomodidad con el pluralismo político y la autonomía social.
En las últimas décadas, surgieron en México importantes movimientos sociales -en defensa de los pueblos originarios, los inmigrantes, las mujeres, el medio ambiente y las víctimas del delito o la violencia- como respuestas a las crisis de las que los gobiernos democráticos previos no se ocuparon. Ninguno de esos movimientos encontró respuesta a sus demandas durante el mandato de AMLO. El presidente ha chocado con ellos y los ha menospreciado públicamente.
Los movimientos de los pueblos originarios se opusieron a algunos de los proyectos de infraestructura del gobierno por motivos ecológicos y culturales, y en respuesta AMLO ha tildado a sus miembros de «conservadores» y «radicales de izquierda». Un ejemplo fue «El Sur Resiste», una caravana internacional que recorrió el sur de México en protesta frente a los megaproyectos insignia de AMLO, el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que el movimiento consideró insostenibles desde el punto de vista ambiental y socialmente destructivos. (Esos proyectos buscan impulsar el turismo y el comercio internacional, respectivamente, en los estados del sur de México). Otro ejemplo es el del líder comunitario Samir Flores, quien se opuso al Proyecto Integral Morelos, un megaproyecto hidroextractivista promovido por el gobierno mexicano en asociación con empresas españolas, y que resultó asesinado en 2019. Diversas organizaciones de la sociedad civil sostienen que las difamaciones de los activistas medioambientales por parte de AMLO ayudaron a precipitar su asesinato. En Chiapas, los zapatistas han sido hostigados por organizaciones paramilitares financiadas por productores de café que quieren desplazar al grupo autonomista de izquierda y usar sus tierras para recibir fondos de Sembrando Vida, otro de los proyectos insignia de política pública de AMLO. (Sembrando Vida otorga subsidios a los terratenientes a cambio de iniciativas de reforestación, pero ha sido aprovechado por personas que talan tierras boscosas para luego postularse para esos fondos).
El movimiento mexicano de mujeres ha sido especialmente señalado por el presidente en sus conferencias de prensa diarias. México registra niveles alarmantes de violencia contra las mujeres, desde acoso callejero y en los lugares de trabajo hasta abuso sexual, trata y asesinato. Lejos de atender las demandas del movimiento de poner fin a la exclusión y la discriminación de las mujeres, tras cada gran movilización feminista AMLO cuestionó la autenticidad del movimiento y lo mostró como una herramienta de sus adversarios políticos. El presidente se ha negado en forma reiterada a reunirse con representantes de movimientos defensores de víctimas de la violencia, a pesar de que muchos de ellos, como los colectivos de madres buscadoras, son blancos vulnerables de las organizaciones delictivas.
El paradigma de la divergencia entre AMLO y los movimientos sociales lo constituye la actual actitud gubernamental frente a la desaparición de 43 estudiantes de una escuela normal en Ayotzinapa, en 2014. Como líder de la oposición y candidato presidencial, AMLO criticó con frecuencia el manejo del caso por parte de Peña Nieto. En aquel momento, AMLO se alineó con los movimientos sociales que acusaban al Estado, en todos sus niveles, de complicidad con grupos delictivos, y lo hacían responsable de las desapariciones. Sin embargo, tras cinco años del mandato de AMLO, el crimen no ha sido resuelto. Según Juanita Goebertus, la directora de Human Rights Watch para las Américas, AMLO «permitió que la investigación se estanque, supuestamente para proteger a sus aliados en las Fuerzas Armadas».
A poco de la finalización del periodo presidencial de AMLO, es más claro que su proyecto político fusionó una crítica izquierdista del neoliberalismo y una serie de políticas económicas progresistas con impulsos conservadores en relación con cuestiones morales, de tributación y de organización del poder. No han existido esfuerzos reales por renovar realmente las instituciones mexicanas -de maneras que no estuvieran orientadas a centralizar el poder en la Presidencia- o por movilizar a la gente con otro propósito que no fuera apoyar al presidente. Los intentos de ampliar el poder presidencial tuvieron éxito en algunas esferas y fueron bloqueados en otras. Un peligro significativo radica en el hecho de que, a través del recurso a las Fuerzas Armadas, AMLO puede estar situando importantes funciones gubernamentales fuera del control de las futuras gestiones.
Sheinbaum sería la primera mujer en la Presidencia de México (así como la primera de ascendencia judía), y en algunos aspectos, se considera que su pensamiento es más moderno que el de AMLO. Tiene un doctorado en ingeniería en energía y ha escrito extensamente sobre desarrollo sostenible, un concepto que AMLO tiende a desestimar. Pero Sheinbaum carece del vínculo singular que une a AMLO con los sectores populares mexicanos. Cuánto dependerá del actual presidente y cuánta influencia podría conservar AMLO en un gobierno futuro de Morena son preguntas abiertas de difícil respuesta.
Para las partes de la izquierda mexicana que mantienen su compromiso con AMLO, la elección es fácil. Pero para quienes tienen serias reservas respecto de su desempeño y su conducta en el cargo, no hay una alternativa obvia. Un político tan dominante y polarizador como AMLO produce coaliciones inusuales; es probable que Sheinbaum tenga dificultades para llevar adelante una «democracia popular» siendo una figura menos popular. Para la izquierda mexicana, el futuro exigirá cierto grado de construcción a partir del legado de AMLO, cierto grado de reconstrucción de lo que se perdió y cierto grado de creación de lo que ni AMLO ni sus antecesores pudieron ofrecer: un camino hacia un país más justo e inclusivo que no dependa de una sola persona.
Traducción: Elena Odriozola.
Publicado en rebelión.org
