Por Mayela Sánchez
Fuentes: desinformemonos.org
La agenda ambiental en México enfrenta una paradoja: el poco presupuesto que se le destina al tema muestra que no es una prioridad en las políticas públicas, pese a que se trata de un asunto vital si se desea seguir siendo una nación megadiversa, con acceso a los servicios ecosistémicos y con herramientas que permitan mitigar los efectos de fenómenos climáticos cada vez más extremos.
Y esto último lo saben bien aquellas personas y comunidades que persisten en la defensa del ambiente y el territorio, incluso con los riesgos que esto implica en un país con una creciente militarización y en donde la presencia de los grupos del narcotráfico es apabullante.
El sector ambiental se ha debilitado en los últimos años. Desde 2016 y hasta 2021, el presupuesto destinado a este sector se redujo año tras año, de acuerdo con un reciente análisis de la coalición de organizaciones civiles Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (Nossa). Aunque a partir de 2022 el presupuesto ha tenido un repunte, no ha retomado los montos registrados entre 2012 y 2016. Además, la mayor parte del presupuesto de ese año y del 2023 se destinó a la construcción de grandes obras hidráulicas a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Para 2024 se prevé que el sector ambiental reciba 11.4 % menos recursos que este 2023 (70,245.5 millones de pesos, unos 4098 millones de dólares).
Especialistas en diversas áreas de la agenda ambiental coinciden en que la falta de presupuesto del sector ambiental explica su deterioro institucional, que se refleja en deficiencias para la protección y conservación del ambiente y los recursos naturales.
De cara al último año de la administración del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Mongabay Latam presenta un balance en cinco aspectos de la agenda ambiental durante 2023.
Lo grave: deforestación, problema crítico en la selva
La deforestación persiste y se ha acentuado en las selvas del sur y sureste del país. Tan sólo en 2021 —el año más reciente del que se tiene información oficial—, el territorio nacional perdió 118 490 hectáreas de selvas húmedas y secas; esa cifra representa el 70.6 % de la superficie total deforestada durante ese año.
La región que abarca casi la totalidad de Campeche, el norte de Chiapas, Yucatán y el sureste de Quintana Roo es una de las “zonas críticas” de deforestación que identifica la Comisión Nacional Forestal (Conafor). En ese territorio se encuentran importantes ecosistemas como la selva maya, una de las reservas de bosque tropical más importantes en América Latina.
En esa zona se construye el llamado Tren Maya, uno de los proyectos emblemáticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que ha sido señalado por científicos, ciudadanos, comunidades y organizaciones no gubernamentales por sus riesgos e impactos ambientales y sociales, pero también porque no ha respetado el marco legal.
Un análisis de la organización CartoCrítica, dado a conocer en agosto de 2023, calculó que al menos 6 659 hectáreas de selva han sido deforestadas como consecuencia de la construcción del Tren Maya. Además, encontró que el 87 % de esa superficie no contaba con autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales al momento del desmonte. También mostró que, en junio de 2023, poco más 67 hectáreas fueron deforestadas a pesar de estar dentro de un área con una suspensión judicial que impedía cualquier actividad de tala o desmonte, lo que implicaría una “presunta ilegalidad y desacato”, según CartoCrítica.
La cobertura forestal del sureste del país no se ha perdido sólo por la construcción del Tren Maya. La agroindustria —con monocultivos como la soya, caña de azúcar y palma de aceite—, la ganadería industrial, los proyectos turísticos e inmobiliarios también han impulsado la deforestación.
Perder cobertura forestal implica quedarse sin servicios ambientales invaluables, como la formación y retención de suelo, la recarga de los mantos freáticos y la infiltración del agua al subsuelo. Otro problema es la degradación de los bosques, que ocurre cuando se pierde la densidad forestal y disminuyen los servicios que brindan estos ecosistemas. La degradación de la cobertura forestal no se ha dimensionado, pero podría alcanzar el mismo volumen que el de la deforestación, resalta José Iván Zúñiga, gerente de Paisajes Forestales del World Resources Institute (WRI).
Desde 2017, el presupuesto anual de la Conafor se ha reducido significativamente en comparación con los años previos. De 2010 a 2016, cada año recibió, en promedio, 6 mil 757 millones de pesos, mientras que en los siguientes seis años, ese presupuesto se redujó prácticamente a la mitad, 3 mil 296 millones de pesos anuales (191.5 millones de dólares al tipo de cambio vigente a fines de 2023), de acuerdo con datos de la misma dependencia. Para 2023, los ingresos de Conafor se redujeron nuevamente y recibió un presupuesto de 2 mil 933 millones de pesos (170.5 millones de dólares, al tipo de cambio actual), el monto más bajo de los últimos 12 años. Para 2024, se prevé que reciba 3 mil 72 millones de pesos (176 millones de dólares, al tipo de cambio vigente).
La falta de recursos, con las consecuentes carencias institucionales, ha mermado la atención y vigilancia en otros temas que también se relacionan con la pérdida de cobertura forestal como los incendios, las plagas y las enfermedades del arbolado, señala Zúñiga.
Datos de Conafor muestran que de enero al 23 de noviembre de 2023 ocurrieron 7,477 incendios forestales, más que en cualquier otro año del último lustro. Además, también ha sido el año con la mayor superficie afectada por estos incidentes desde 1998: 1 millón 13 mil 244 hectáreas.
La superficie forestal afectada por las plagas también ha aumentado respecto a los dos años previos, al alcanzar 24 453 hectáreas entre enero y junio de 2023. En el año 2021, fueron 18 767 y en 2022, 19 421 hectáreas, de acuerdo con datos de la propia Conafor.
“Son dos factores que no hay que dejar de lado, que son importantes porque además están creciendo y es totalmente previsible que van a seguir creciendo conforme el clima siga cambiando”, dice Zúñiga.
Lo preocupante: violencia en contra de personas defensoras
A pocos días de iniciar el 2023, la desaparición del líder comunitario y defensor ambiental Antonio Díaz Valencia y del abogado Ricardo Lagunes Gasca fue la confirmación de que la violencia contra las personas defensoras del ambiente y el territorio no se detiene en México. Todo lo contrario.
Desde el 15 de enero de 2023, día en que el vehículo en el que Díaz y Lagunes viajaban fue atacado con arma de fuego en los límites de Michoacán y Colima, se desconoce su paradero. Ellos son parte de las 93 personas defensoras del ambiente y el territorio que han sido víctimas de desaparición en México desde el 1 de diciembre de 2006 y hasta agosto de este año, de acuerdo con una investigación de Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos.
El informe más reciente de Global Witness, publicado en septiembre de 2023, ubica a México como el tercer país más letal para las personas defensoras del ambiente y el territorio. La desaparición y asesinato del defensor indígena de la Sierra de Manantlán, en Jalisco, Higinio Trinidad de la Cruz, el 25 de noviembre de 2023, confirma esta tendencia.
Gabriela Carreón, coordinadora de la organización Territorios Diversos para la Vida (Terravida), advierte de un recrudecimiento de la violencia contra personas defensoras del ambiente, así como nuevas situaciones que también son de alarma. Una de ellas es la creciente presencia militar en las regiones donde se llevan a cabo proyectos de infraestructura, especialmente en la Península de Yucatán, que ha tenido un efecto de inhibición de actividades como la protesta social.
“Hay un temor muy fuerte de generar actos de protesta social y la sola presencia [de los militares] ya ha generado impactos que merman la defensa misma de las personas defensoras”, dice Carreón.
Otra situación que se ha acentuado es la criminalización de las personas defensoras, en donde el poder judicial juega un papel clave, aunque no se le suele identificar entre los perpetradores de agresiones contra personas defensoras.
Otra tendencia que Carreón señala como de alarma es la estigmatización de las personas defensoras y organizaciones que les acompañan, que también tiene efectos inhibidores en la defensa.
México es parte del Acuerdo de Escazú, el primer tratado regional que busca, entre otras cosas, que los Estados protejan a las personas defensoras del ambiente y les garanticen un entorno seguro. Sin embargo, en el país su implementación sigue pendiente.
Carreón considera que una adecuada implementación del Acuerdo debería implicar no sólo modificaciones de las leyes, sino también acciones de política pública que involucren a las autoridades ambientales y no únicamente al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el organismo gubernamental creado para proteger a quienes sufren agresiones por razón de su labor.
También considera que “las autoridades tendrían que hacer un diagnóstico amplio de cuáles son las necesidades de las personas defensoras, para que haya una real escucha”.
Sandra Patargo, coordinadora de Protección para las Américas de la organización Frontline Defenders, advierte que los megaproyectos han agudizado la violencia contra personas defensoras en ciertas zonas del país.
Un foco rojo es el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que consiste en un proyecto ferroviario que conecta el océano Pacífico con el Golfo de México y que, además, incluye infraestructura como carreteras, puertos, abasto de energía eléctrica y una decena de “polos de desarrollo”, cuya función es atraer inversiones.
En julio de este año, una Misión Civil de Observación —integrada por 23 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales— documentó las agresiones contra personas y comunidades defensoras del territorio que se oponen al Corredor Interoceánico. Los incidentes que registraron abarcan tres homicidios, ocurridos entre octubre de 2022 y julio de 2023, y 43 casos de denuncias penales contra autoridades locales y personas defensoras, además de casos de intimidación, hostigamiento, amenazas, violencia física y psicológica, desalojos forzosos y difamación.
Patargo destaca la criminalización de varios integrantes de dos organizaciones de Oaxaca con mucha fuerza e historia en la resistencia, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) y la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT). “Es un mensaje muy poderoso, un mensaje que busca inhibir que otras personas sigan resistiendo de una manera tan fuerte”, considera.
Dichas organizaciones también han sido estigmatizadas por autoridades de distintos niveles de gobierno, dice Patargo. “Esto obviamente tiene un impacto en cómo se va legitimando la violencia dentro de los mismos territorios y se va criminalizando, o es más fácil la criminalización posterior”, considera.
Otro indicador del nivel de violencia, dice la defensora, es que los actos de intimidación han alcanzado a organizaciones nacionales e internacionales, y que han ocurrido agresiones incluso en contextos de la presencia de observadores, como ocurrió durante la Misión.
Lo crítico: sin acciones reales de mitigación y adaptación al cambio climático
El 24 de octubre de este año, la veloz transformación de Otis de tormenta tropical a huracán categoría 5, la más alta en la escala de Saffir-Simpson, en menos de 12 horas, mostró la vulnerabilidad de México ante los fenómenos meteorológicos extremos. Organizaciones ambientales señalaron la relación de ese desastre con la crisis climática por la alteración de la temperatura del océano.
México es particularmente vulnerable a los impactos del cambio climático. Un reciente informe de la UNAM, que compila diversos estudios, advierte que la continuidad de las altas emisiones aumentará considerablemente la frecuencia y magnitud de eventos extremos y sus daños asociados.
Otros efectos de la crisis climática en el país ya son una realidad. Las precipitaciones han crecido y se ha modificado su distribución en las estaciones del año, los periodos de sequía se han prolongado y los eventos extremos de lluvia aumentaron, refiere el informe. También el nivel medio del mar ha subido, sobre todo en el sur y noroeste del Golfo de México.
El gobierno actual ha relegado el tema y no está destinando recursos para la adaptación al cambio climático, considera Margarita Campuzano, portavoz del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
En 2023, el presupuesto asignado para acciones de adaptación y mitigación del cambio climático fue de 187 mil 968 millones de pesos (10 mil 924 millones de dólares), 52 % de esos recursos se invirtieron en el Tren Maya, de acuerdo con un análisis de Fundar. Un problema que señala la organización es que las dependencias gubernamentales no están obligadas a justificar si su presupuesto realmente se vincula con el combate al cambio climático.
Además de la falta de presupuesto para acciones reales de mitigación y adaptación al cambio climático, los recursos para atender los impactos de los fenómenos meteorológicos extremos se redujeron este año. De acuerdo con Fundar, al programa Fondo de Desastres Naturales se le habían asignado 17 mil 156 millones de pesos (997 millones de dólares), pero posteriormente ese presupuesto se redujo a 13 mil 224 millones de pesos (768.5 millones de dólares).
Por otro lado, aunque México ocupa el lugar 13 de entre los mayores emisores de dióxido de carbono del mundo, de acuerdo con el Global Carbon Atlas, el gobierno federal sigue priorizando el uso de combustibles fósiles, como lo demuestra la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, y el impulso al gas fósil, dice Campuzano, del Cemda.
A comienzos de julio de este año, un derrame de petróleo en el Golfo de México evidenció los riesgos de seguir apostando por combustibles fósiles. El derrame, que comenzó el 4 de julio en la plataforma Ek Balam Tapo Alpha, propiedad de Petróleos Mexicanos, se extendió sin control por varios días.
Los cálculos que entonces hicieron los científicos y organizaciones que alertaron del derrame indicaban que la mancha del hidrocarburo alcanzaba hasta 400 kilómetros. “Son situaciones que se han anunciado, se han alertado que van a ocurrir si le seguimos apostando a la exploración y la extracción de combustibles en el mar”, dice Campuzano.
Lo malo: protección y conservación sólo en el papel
Este año se decretaron 13 nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANP), con lo que se alcanzaron 203 espacios de protección en una superficie total de 91 millones 608 mil 327 hectáreas, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
Los decretos no han estado acompañados de mayores asignaciones presupuestales, indispensable para asegurar la operatividad de la protección, señala Carlos Castillo Sánchez, codirector del programa Noroeste de México en Wildlands Network, miembro de la coalición Nossa. De hecho, el presupuesto de la Conanp se ha reducido significativamente desde el año 2017, de acuerdo con el análisis de Nossa.
Los dos últimos años, la Conanp ha recibido los menores presupuestos desde hace más de una década, según el análisis de Nossa. El próximo año no será distinto, a pesar de que tendrá un aumento marginal en su presupuesto de apenas 0.9 %.
Para dimensionar la importancia del presupuesto, Nossa calcula que con el monto presupuestado apenas se destinarían 10.7 pesos (0.62 dólares) por hectárea protegida. En 2016, el año con el mayor presupuesto de Conanp, se podían gastar 26.5 pesos (1.54 dólares, al tipo de cambio actual) por hectárea protegida. Esta falta de recursos hará que muchas de las nuevas ANP queden como decretos “de papel”, considera Castillo.
La investigadora María del Carmen García Rivas, directora del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, coincide en que más allá de los decretos, para hacer funcionales a las ANP es indispensable brindarles recursos presupuestales y humanos.
“¿Qué pasa cuando no tienes personal operativo en el área? No hay un cumplimiento de la ley, no hay información, no hay supervisión de las actividades”, ejemplifica. “Por otro lado, Profepa [Procuraduría Federal de Protección al Ambiente] está muy adelgazada y no hay seguimiento a los procesos legales. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente no se cumple la ley y en los ecosistemas se ve reflejado en un impacto importante”, dice García.
Castillo advierte que la falta de operatividad de las áreas bajo protección incluso podría representar responsabilidades para servidores públicos, ya que al decretarse una ANP se debe cumplir con un plan de trabajo en un plazo determinado, lo que requiere contar con un equipo de trabajo o encargado de área. Todo eso sólo es posible con los recursos suficientes.
El gobierno federal tiene previsto decretar al menos otras 22 ANP antes de que termine el sexenio y el presidente ha expresado su intención de romper el récord de decretos de ANP. Pero si la protección de esas áreas naturales no se ve reflejada en el presupuesto y en programas de manejo, “van a ser solamente un mero trámite, no van a estar cumpliendo con los objetivos de conservación”, opina Castillo.
En materia de protección de especies, el año termina con varios pendientes, entre ellos la actualización de la Norma Oficial Mexicana 059 para especies en riesgo y de la Carta Nacional Pesquera, que indica las estrategias y acciones para regular la pesca, señala Alejandro Olivera, representante de México del Centro para la Diversidad Biológica. También indica que no se aplica la ley ni se monitorea para evitar acciones ilegales que ponen en riesgo a especies que ya están en alguna categoría de riesgo, como las tortugas marinas y tres especies de pepino de mar: café (Isostichopus badionotus) y lápiz (Holothuria floridiana), en la Península de Yucatán, y el pepino café (Isostichopus fuscus) en el Golfo de California.
Si hay una especie que demuestra esa falta de acciones efectivas por la conservación es la vaquita marina (Phocoena sinus), de la que quedan apenas entre 10 y 13 ejemplares. Olivera recuerda que en esta administración se quitaron todos los apoyos y programas para su protección, además de que el establecimiento de nuevas reglas de pesca demoró dos años, y hasta la fecha no se han podido cumplir.
Una de las medidas implementadas por el gobierno federal fue la colocación, por parte de la Marina, de 193 bloques de concreto en la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, a fin de contener las redes de pesca ilegal en donde las vaquitas quedan atoradas. La medida ha funcionado, pero no es una solución duradera.
El investigador critica que las acciones que se reportan como logros para la protección de este mamífero son cifras de tareas tan fútiles como la cantidad de recorridos de inspección, de los talleres impartidos o hasta de los panfletos que distribuyen. “Eso no representa ningún resultado”, considera.
Lo bueno: prohibición de la minería submarina
El 8 de mayo de este año se publicaron las reformas a la Ley Minera, que modificaron la legislación vigente desde 1992 y que diversas organizaciones, comunidades y colectivos consideraban “lesiva para las comunidades y el ambiente”.
“Es importante reconocer que México cierra este año con una nueva ley en vigor […] que es mucho mejor que la que teníamos vigente antes”, dice Cecilia Navarro, integrante de la Colectiva Cambiémosla Ya, que reúne a pueblos y comunidades afectadas por la minería, organizaciones civiles y academia que buscan reformas a la ley minera.
La reformada ley, llamada ahora Ley de Minería, incluye el retirar el carácter preferente de la minería sobre otras actividades en los territorios y establece la consulta previa, libre e informada de pueblos y comunidades indígenas para obtener su consentimiento antes de otorgar una concesión.
También prohíbe la minería submarina y que esta actividad se realice en áreas naturales protegidas, zonas sin agua y en áreas donde se ponga en riesgo a la población. Además, obliga a tener un programa de manejo de residuos y un programa de restauración, cierre y post-cierre de las minas.
Pero su operatividad aún enfrenta desafíos. El 7 de junio de este año, diputados de los tres principales partidos de oposición al partido gobernante presentaron una acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la ley, argumentando que no se había cumplido el proceso legislativo para su aprobación. Hasta noviembre de 2023 el asunto seguía en proceso de revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La industria minera también ha intentado evitar los efectos de la reforma. Para principios de octubre, las empresas mineras que operan en el país, tanto nacionales como extranjeras, habían interpuesto más de 500 amparos a la nueva ley, según informó el presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México.
Otro frente que preocupa a la Colectiva Cambiémosla Ya es el reglamento de la nueva ley, en el cual se establecen las directrices para su implementación. Su elaboración está en manos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Economía, pero no escapa al riesgo de intromisiones de la industria minera, dice Navarro.
Uno de los aspectos que quedaron fuera de la nueva Ley de Minería fue establecer causas de nulidad de las concesiones, agrega Navarro, por lo que las empresas mineras pueden seguir manteniendo sus concesiones aún si, por ejemplo, causan desastres ambientales. Tal y como sucedió en el Río Sonora, afluente que el 6 de agosto de 2014 fue afectado por un derrame de 40 000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, provenientes de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México. Se trata del mayor desastre minero registrado en el país. Y aunque la Semarnat estableció la responsabilidad de la empresa, la minera no perdió su concesión.
Otro tema en el que hay expectativa es el referente a la sustitución gradual del glifosato y la prohibición de la importación de maíz transgénico. El 13 de febrero de este año, el presidente López Obrador publicó un nuevo decreto que abrogó el publicado en diciembre de 2020, que planteaba la sustitución gradual del plaguicida para enero de 2024. En el nuevo decreto se estipuló como fecha límite el mes de marzo del próximo año. Respecto al maíz transgénico, el nuevo decreto establece que ya no se permitirá su importación para consumo humano, pero se mantiene para forraje y uso industrial.
Una situación que podría poner en riesgo el cumplimiento del decreto es que las instancias judiciales avalen los amparos que la agroindustria ha interpuesto para evitar su aplicación, señala Fernando Bejarano, director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM). Desde la publicación del decreto de 2020 se han interpuesto 37 amparos, de los cuales 20 continúan en disputa.
Otro riesgo es el panel de solución de controversias que Estados Unidos solicitó por las restricciones a la importación de maíz transgénico, agrega Bejarano, pues si México pierde podría alentar las expectativas de la industria de que es posible considerar una revisión también en el tema del glifosato.
Aunque Bejarano ve con optimismo que el próximo año se cumpla el plazo para la sustitución gradual del glifosato, subraya que no es suficiente porque no es el único plaguicida altamente peligroso que se usa en México. Hay por lo menos 183 ingredientes activos que entran dentro de esa categoría, señala.
Prohibir el glifosato es apenas “la punta del iceberg”.
