Redacción Desinformémonos
Priorizar la generación de electricidad de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) «implica garantizar la quema de más carbón y combustóleo de manera indefinida y el desarrollo de nueva infraestructura fósil de gas», que podría derivar en el desarrollo de proyectos de fracking (fracturación hidráulica) y lo que en conjunto traería mayor contaminación, afectaciones a la salud y el incremento de precios de la energía eléctrica, señalaron organizaciones ambientalistas ante la reforma energética propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Las organizaciones, entre las que se encuentra el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Greenpeace, indicaron que si la iniciativa es aprobada afectaría el derecho humano a la salud, a un medio ambiente sano y a la participación, además de que «alejaría al país de cumplir sus metas nacionales de transición energética y acuerdos climáticos internacionales en un contexto donde la política climática del país ya ha sido catalogada como altamente insuficiente».
La reforma eléctrica propuesta por el gobierno federal busca cambiar la Constitución y regresar el monopolio del sistema eléctrico nacional a la CFE, cuyas plantas «utilizan combustibles fósiles dañinos como el carbón y el combustóleo».
Con ello, «el incremento de precios de la energía eléctrica, afectaciones a la salud de las personas, contaminación de las fuentes de agua y el empeoramiento de la calidad de aire en diversas zonas del país son sólo algunos de los efectos directos de la iniciativa de reforma eléctrica», precisaron las organizaciones.
Indicaron que es necesario que la reforma eléctrica responda a los retos mundiales y nacionales actuales, especialmente en materia de la crisis climática, así como que se lleve a cabo a través de un diálogo amplio con todos los sectores de la sociedad, con especial atención en las comunidades vulnerables.
«La reforma eléctrica debería plantear una transición energética justa, incluyente, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, que enfrente a la crisis climática, que busque el bienestar, salud y vida de las personas y que asegure el cuidado del medio ambiente», recordaron.
Por su parte, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) rechazó que la reforma eléctrica de AMLO perpetúe el modelo extractivo en México, pues la iniciativa contempla «integrar al litio, y los demás minerales estratégicos, como área estratégica del estado», con lo que si bien se inhibe la entrega de de nuevas concesiones para explorar y explotar el litio a las mineras privadas, se respetarán las 31 concesiones vigentes en una superficie total de 94 mil hectáreas.
«El hecho de que una mina sea explotada por ‘empresas de capital nacional públicas, privadas y sociales’ no cambia nada en absoluto en términos de los procesos de despojo y los impactos que generan dichos proyectos en los territorios», aseguró la Red.
Criticó además que se utilice la «retórica» de que la reforma contribuirá a fortalecer la economía popular a través del extractivismo, pues es ese mismo modelo «uno de los principales factores que destruye e impide el mantenimiento de las actividades económicas populares, rompiendo por completo con los modos de vida tradicionales y los procesos de soberanía alimentaria de los pueblos». Frente a las «contradicciones» y las amenazas ambientales y sociales que representa la iniciativa, las organizaciones coincidieron en que es necesario apostar a soluciones colectivas y alternativas al modelo energético y extractivista «impuesto», y sobre todo que se construyan «desde y para los pueblos».
