Por Omar Nava Barrera
En el año 2019 el centro de análisis Fundar le hizo un llamado al gobierno de López Obrador para superar el modelo extractivista neoliberal (Proceso, 2019), modelo que, si bien ya se venía impulsando, adquirió mayor fuerza en el gobierno de Peña Nieto con la clara venta de Petróleos Mexicanos. En el comunicado de Fundar, se advierten los riesgos de la extracción de hidrocarburos (fracking) y el impacto negativo de las grandes mineras en el ambiente, por sólo mencionar algunos aspectos.
Sin embargo, apenas hace unos días, contestando a la iniciativa de algunos científicos y académicos en relación a suspender temporalmente los megaproyectos para priorizar en más vacunas contra la Covid, López Obrador declaró abiertamente que no está dentro de sus planes interrumpirlos. Lo más importante aquí no es la iniciativa de los académicos –de los que habría que analizar sus posturas respecto al extractivismo– sino justamente la posición que deja entrever el presidente respecto a hacer caso omiso a la suspensión de los proyectos depredadores como el Canal Interoceánico, el Tren Maya o el Proyecto Integral Morelos.
En medio de la obstinación por mantener estos monstruo-proyectos entreguistas de los bienes naturales al inconmensurable capital, López Obrador simplemente ha declarado que las mineras pagarán los impuestos correspondientes, como si eso evitara el saqueo de las grandes corporaciones. Al respecto, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Tlaxcala, Morelos y Puebla, el Comité Nacional Indígena y el Comité Indígena de Gobierno (CNI-CIG), no han detenido sus agendas (La Jornada, 2021) para frenar tal depredación pese a la ocupación de la Guardia Nacional y la coerción de consultas que, en la realidad, sólo invisibilizan y desdeñan las acciones que se oponen rotundamente a las políticas extractivistas.
Cabe enfatizar que la verdadera oposición crítica del gobierno obradorista no se encuentra en la partidocracia de la podrida política mexicana, sino en el movimiento social, en las luchas permanentes como la feminista y, en este caso, en las luchas en defensa del territorio de los pueblos (Anahuacas) originarios y por los bienes naturales que nos comparte la madre tierra. Tales luchas revelan, como uno de sus principales argumentos, que los megaproyectos no son actividades esenciales y tan sólo le dan continuidad a la militarización y a las políticas neoliberales de las que tanto ha renegado López Obrador, describiéndolas como el mal que ha destruido al país.
No cabe duda, se está poniendo en evidencia que el desmesurado poder de las grandes corporaciones extractivistas está más allá del Estado mexicano. Los poderes fácticos y el crimen organizado subordinan al Estado, lo someten y lo utilizan a pesar de que el, no tan nuevo, gobierno morenista lo niegue. Una transformación verdadera radica en el escuchar y trabajar junto con las agendas de las luchas y resistencias del país, y no con las mineras y constructoras multimillonarias. Tal parece que para el gobierno es mejor seguir bajo las políticas extractivistas, descalificando a los opositores como aquellos en contra el progreso, utilizando una narrativa de falsa transformación nacional.
